El Gobierno yerra el tiro en Indra: el análisis de una semana convulsa en una compañía clave para Asturias

El objetivo de convertir a Indra en el "campeón nacional" de la Defensa se debilita tras romperse la fusión con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E); Ángel Escribano se resiste a dejar el timón de la compañía pese a perder la confianza del principal accionista, y la fuerte tendencia alcista en Bolsa empieza a invertirse. El Gobierno puso toda su munición en Indra y el tiro le ha salido al aire.

El "campeón nacional".

España se ha visto obligada a acelerar su rearme y el Gobierno decidió que la tecnológica Indra, que tiene como mayor accionista a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) con un 28%, sería la industria militar nacional de referencia. Un equivalente a Rheinmetall en Alemania, a Leonardo en Italia o a Thales en Francia. El problema es que sus capacidades son muchísimo menores. El Gobierno ha adjudicado a Indra los mayores contratos de los programas especiales de modernización (PEM) de las Fuerzas Armadas y para sacarlos adelante Indra necesita un fuerte y rápido crecimiento orgánico e inorgánico, sobre todo vinculado a las capacidades para desarrollar vehículos militares terrestres. En un tiempo récord, Indra ha conseguido convertir el antiguo taller de calderería pesada de Duro Felguera en Gijón en una factoría de vehículos militares, pero necesita mucho más músculo, experiencia y patentes. Indra adquirió una participación mayoritaria en el consorcio Tess Defence –que fabrica en Trubia el blindado 8x8 "Dragón" y en el que comparte presencia con Santa Bárbara Sistemas, Escribano E&M y SAPA– y trató de adquirir Santa Bárbara Sistemas, la filial española de General Dynamics European Landsystems (GDELS), que hasta ahora había sido el principal suministrador de vehículos blindados del Ejército de Tierra desde Asturias. Sin embargo, la multinacional norteamericana rechazó la oferta. En el campo de la industria de los vehículos militares no hay muchos más actores en España. Los más cercanos eran los otros socios en Tess, Escribano y Sapa, y ambos son accionistas de Indra, el primero con un 14,30% y el segundo con un 7,94%.

Desconfianza en el timonel.

El Gobierno, a través de la SEPI, promovió al industrial Ángel Escribano a la presidencia de Indra en enero del pasado año. Conocía perfectamente su perfil. No es un financiero ni un político. Es un hombre forjado en la empresa familiar. También la SEPI apoyó la fusión de Indra con Escribano M&G, presidida por el hermano de Ángel Escribano, Javier, que también tiene asiento en el consejo de administración de Indra como representante de la propia Escribano M&G. El conflicto de intereses era patente desde el principio y por eso se creó una comisión de consejeros independientes para estudiar la integración. Durante meses la SEPI no mostró oposición, pero a finales del pasado año comenzaron a saltar alarmas. Santa Bárbara Sistemas recurrió los créditos públicos adjudicados directamente a la UTE formada por Indra y Escribano M&E para abordar los contratos de los obuses autopropulsados del Ejército de Tierra (a los que optaba la filial de GDELS con un modelo desarrollado desde España denominado Nemesis); el nuevo embajador de Estados Unidos, Benjamín León, comenzó a presionar al Gobierno en defensa de Santa Bárbara, y el vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, señaló que la fusión ente Indra y Escribano suponía "un conflicto de intereses de caballo". En ese clima se abordó la recta final para la integración. Con una fusión por absorción mediante una ampliación de capital –la fórmula que se planteó inicialmente– la familia Escribano, que tienen el 14,30% de Indra y el 100% de EM&E, habría alcanzado un peso en la sociedad resultante superior al de la SEPI. Desde el Gobierno se deslizó que no estaba dispuesto a perder el control de Indra, pero los Escribano tampoco estaban dispuestos a dar el visto bueno a otras fórmulas –como la integración de EM&E en una nueva filial de Defensa de Indra que permitiera mantener el reparto de capital en la matriz– porque supondría perder el control de la empresa familiar que ellos levantaron sin mejorar su posición en la multinacional. En ese punto estaba la discusión cuando la SEPI declaró, a través de un comunicado a la CNMV, que no se podía dar un paso más en la fusión sin "despejar" el conflicto de intereses, una clara invitación a Ángel Escribano a que dejara la presidencia de Indra. Sin embargo, Escribano respondió al día siguiente renunciando a la fusión y se mantiene en la presidencia de Indra pese a la presiones del Gobierno. Asegura que cuenta con el respaldo de la mayoría del Consejo y que su nombramiento fue ratificado por más de un 98 % de la Junta de Accionistas. Si no es Escribano M&E, a Indra le quedan pocas opciones de ganar músculo con empresas nacionales. La vasca Sapa podría ser un candidato, pero como también es accionista de Indra volvería a repetirse el conflicto de intereses.

Desconfianza en Bolsa.

La desconfianza del Gobierno en Ángel Escribano se ha convertido en desgaste en Bolsa. Indra era la compañía del Ibex 35 con mejor comportamiento en el último año y durante la últimas sesiones la tendencia se ha invertido.

Obligados a entenderse.

Indra mantiene el consejo de administración que se había convocado para este miércoles. Se verá si ha cambiado la relación de fuerzas. De todas formas, todos los implicados en esta batalla están condenados a entenderse de alguna u otra manera. El Estado es el principal accionista de Indra, pero también su principal cliente. Como lo es también para Escribano M&E, para Sapa y para Santa Bárbara Sistemas. Todos ellos son socios en el consorcio Tess Defence –que además del contrato de los 8x8 "Dragón" ahora ha ganado el del vehículo de apoyo VAC– y, aunque no haya fusión entre Indra y Escribano, estas dos empresas tienen adjudicados en UTE los contratos de los obuses autopropulsados con cadenas y ruedas, y el de los vehículos anfibios de combate. Todos estos contratos del Ejército suman más de 10.000 millones de euros.

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