Barbón reclama a Pedro Sánchez que se elimine el techo de gasto a las administraciones para hacer frente al impacto de una guerra "ilegal"

Como ya pasó cuando la guerra de Ucrania y, anteriormente, en la pandemia, el Gobierno del Principado solicitará al Gobierno central, en el «marco de sus competencias y con la autorización de la Unión Europea» que exima a las administraciones regional y local de la regla de disciplina fiscal que les limita el gasto para facilitar la toma decisiones y habilitación de ayudas a los ciudadanos en caso de que sea necesario tras el estallido bélico en Oriente Medio, en sus palabras, una «guerra ilegal».

«Hay que estar preparados para tomar medidas más drásticas», dijo el presidente asturiano, Adrián Barbón, tras mantener lo que la fue la primera reunión de otras que vendrán – «por desgracia vivimos en una geopolítica en la que vemos que no hay ningún tipo de respeto al derecho internacional»–, tal y como señaló, para evaluar con los empresarios y agentes sociales el impacto de la guerra en el tejido económico y social del Principado. En la misma le acompañaron los consejeros Borja Sánchez y Guillermo Peláez, y el director de la Oficina Económica de la Presidencia, José Sicre.

«Vamos a hacer un seguimiento monitorizado de la situación casi permanente, con sindicatos y patronal», reseñó Barbón ,quien presumió de que el Principado sea una de las primeras comunidades autónomas en actuar ante lo que se viene encima por la guerra iraní: «Los ciudadanos de Asturias saben que aquí hay un gobierno con experiencia en gestión de crisis».

"Posibilidades prespuestarias"

La suspensión de la regla de gasto, que también defendió el secretario general de UGT, Javier Fernández Lanero, es, para el Presidente asturiano, «importantísimo porque permitirá de disponer de posibilidades presupuestarias para poder actuar en este terreno». El Presidente confía, en primera instancia, que se convaliden los dos decretos ley aprobados por el Consejo de Ministro en cuestiones energéticas y de vivienda. «Pido responsabilidad a los grupos parlamentarios», reseñó.

Barbón cuantifica en 47 millones de euros los que dejará de recaudar Asturias con el decreto ley de rebajas fiscales energéticas, un recorte que se notará, dijo, a dos años vista, es decir, en 2027. «Lo asumimos como responsabilidad propia que el Gobierno de España tome esta decisión. Son los únicos que pueden regular el IVA».

Entre los objetivos también figura «acelerar» el Fondo de Consolidación Empresarial, «otros diez millones de euros que refuerzan en contexto de crisis», y apoyar y hacer seguimiento al comercio exterior a través de Asturex. Esto último es una petición que reseñó la presidenta de FADE, María Calvo, quien ve fundamental «acompañar muy especialmente a las firmas asturianas que tienen intereses en el Golfo». Calvo reclamó, al mismo tiempo, «agilidad» tanto en la toma de decisiones como en la aprobación de las ayudas.

Animó el Presidente del Principado a utilizar el transporte público, a través de la tarjeta Conecta, que limita a 30 euros como máximo al mes todos los desplazamientos, una cantidad que el dirigente de CC OO, José Manuel Zapico, reclama rebajar a 20 euros. No lo ve muy posible Barbón, quien recordó que la administración regional ya hace un gran esfuerzo en la rebaja, «que permite a una persona que pagaba ciento ochenta euros por el transporte público pagar ahora solo treinta al mes. Y eso ya es un beneficio neto».

El Principado revisará ayudas sociales como el bono térmico y otras para ver si se pueden aumentar las partidas o convocar nuevas. También se seguirá de cerca el impacto en el sector agroganadero y se estudiarán ayudas fiscales, bonificaciones... No obstante, el dirigente asturiano pide paciencia: «Esto puede durar mucho, ahora estamos mirando, evaluando, lo que necesitamos contar es con recursos propios para poner a disposición. Queda mucho por hacer y ver cómo evolucionará la situación».

E insistió: «Estamos, desde luego, abiertos a tomar todas las medidas que sean dentro de nuestra competencia para salvar la economía asturiana y para que no haya retroceso en la creación de empleo».

El secretario general de CCOO, José Manuel Zapico, cree necesario, por su parte, limitar los beneficios empresariales y" no caer en los mismos errores que en la crisis provocada por la guerra de Ucrania, con bajadas de impuestos de las que se aprovecharon las grandes compañías". Javier Fernández Lanero, de UGT, también es partidario de crear una comisión de seguimiento que controle que las ayudas lleguen a quien las necesita y que no haya un uso abusivo de las mismas, que se haga un fondo de compensación para los autónomos y se den ayudas a los trabajadores para "evitar que un montón de ciudadanos se quede fuera del escudo social". Al igual que María Calvo, los sindicatos creen preciso agilizar el pago de las ayudas.

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