Control sobre nuevas titulaciones, exigencias en investigación o un canon por las prácticas: las claves de la futura ley de universidades que busca frenar a las privadas

PSOE e IU sellaron su discrepancia sobre la autorización de centros educativos vinculados a universidades privadas con un esquema para la redacción una futura ley de universidades del Principado. Con esa norma, salida anticipada por LA NUEVA ESPAÑA antes de que se celebrase la reunión de los dos partidos el pasado 9 de marzo, ambas formaciones quieren reforzar el peso de la Universidad de Oviedo, ordenar el mapa de titulaciones en Asturias y elevar las exigencias para la implantación de nuevos centros universitarios privados. El documento pactado entre la FSA e Izquierda Unida-Convocatoria por Asturies, al que ha tenido acceso este periódico, presenta la educación superior como un servicio público estratégico y sitúa a la universidad pública como eje del sistema asturiano.

Las claves son las que ya expusieron tras el acuerdo ambas formaciones. La propuesta no se limita a una declaración de intenciones. El texto concreta un modelo de intervención autonómica en la planificación universitaria, en la financiación, en la investigación y en el control de calidad, además de abrir la puerta a frenar nuevas autorizaciones de universidades privadas mientras no se apruebe la futura ley.

Planificación y control del mapa universitario

Una de las principales claves del acuerdo es el blindaje de la planificación universitaria autonómica. PSOE e IU quieren que la futura ley convierta el Plan de Ordenación Universitaria en el instrumento central para decidir qué titulaciones son estratégicas para Asturias y cuáles se consideran ya saturadas. La intención es que ese plan tenga carácter plurianual y vinculante.

El documento añade además un filtro previo para la autorización de nuevos títulos o centros privados. Esa autorización requeriría un informe de necesidad social que acredite que la nueva oferta no duplica de forma ineficiente los recursos de la Universidad de Oviedo y que responde a una demanda laboral real. También se exigiría compromiso de inversión en investigación y transferencia de conocimiento dentro del territorio asturiano.

Universidad de Oviedo, eje del sistema académico

El acuerdo político sitúa a la Universidad de Oviedo en una posición de “prioridad y preeminencia absoluta” dentro del sistema universitario asturiano. El texto la define como patrimonio colectivo y como institución central del modelo que PSOE e IU quieren consolidar con la nueva ley.

Esa apuesta se traduce también en el terreno económico. La futura norma incluiría un mandato de financiación suficiente para la institución pública a través de contratos-programa que le den estabilidad y capacidad de planificación académica e investigadora. A la vez, el documento fija otra línea roja: prohibir expresamente financiación pública destinada al sostenimiento de universidades privadas.

Más exigencias para la privada

Otro de los ejes del texto es el endurecimiento de los controles de calidad para universidades y centros universitarios en Asturias. La propuesta plantea reforzar los requisitos estatales con mayores exigencias sobre profesorado doctor, sexenios de investigación e inversión mínima en I+D. También prevé dotar a la Consejería competente de herramientas de inspección y sanción.

En esa misma línea, PSOE e IU proponen crear o reforzar una Agencia Asturiana de Calidad Universitaria, encargada de auditar cada año el cumplimiento de los requisitos de profesorado, investigación y transparencia. Sus informes, según el documento, tendrían carácter vinculante.

Prácticas, vivienda y talento

La futura ley no se limitaría a la ordenación institucional. El acuerdo incluye también un sistema de prácticas universitarias en el SESPA que dé prioridad a la formación vinculada al sistema público. Los centros privados solo podrían acceder a plazas si existiera excedente acreditado y mediante el pago de un canon compensatorio que revierta en la sanidad pública asturiana.

El esquema incorpora además una regulación específica sobre investigación y carrera investigadora, con mención a las etapas predoctoral, posdoctoral y de estabilización, así como medidas sobre vivienda universitaria, manutención, movilidad y atracción y retención de talento docente e investigador en áreas estratégicas para Asturias.

Moratoria de facto a nuevos proyectos

El cierre del documento deja una de las derivadas políticas más relevantes. Mientras no se apruebe la ley, FSA e IU acuerdan no autorizar en Asturias ninguna nueva universidad privada o centro adscrito, salvo el que ya se encuentra en tramitación en su fase final (en Gijón) y dentro de los márgenes del ordenamiento jurídico actual. El documento firmado plantea incluso distintas fórmulas legales para suspender nuevas solicitudes hasta que la norma autonómica vea la luz.

La primera sería un acuerdo del Gobierno que declare la suspensión de la tramitación de cualquier nueva solicitud de autorización de centros universitarios hasta que se apruebe la futura ley. La segunda pasaría por una iniciativa legislativa de bases, es decir, una norma previa que fije el objeto, alcance, principios y criterios generales de la futura ley de universidades y que incluya además una disposición suspendiendo la admisión de nuevas solicitudes de reconocimiento mientras esa ley no entre en vigor. La tercera opción sería una iniciativa legislativa más limitada, centrada solo en establecer esa suspensión cautelar de nuevas solicitudes y en ordenar al Gobierno la elaboración de la ley de universidades de Asturias.

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