Frente común asturiano (sin distinción de siglas) para que se elimine el "injusto" techo de gasto de los concejos: muchos piden que sea definitivo, más allá de la crisis por la guerra

Frente común de los ayuntamientos asturianos contra la regla de gasto. La petición del presidente del Principado, Adrián Barbón, para que el Gobierno central exima a las administraciones autonómica y local de las reglas fiscales que topan su gasto ha reactivado una reclamación antigua en el municipalismo: poder usar sus ahorros para inversiones y servicios. La coincidencia es casi total, al margen de las siglas, y muchos concejos reclaman que la medida no sea temporal, únicamente por las circunstancias económicas derivadas de la guerra en Oriente Medio, sino estructural y definitiva.

En Oviedo, el gobierno local de Alfredo Canteli sostiene que "la norma castiga a los municipios saneados al impedirles destinar sus propios recursos a mejorar la vida de los vecinos". El Ayuntamiento recuerda que cerró 2025 con 28 millones de superávit, remanente cercano al 40%, fondos líquidos próximos al 50% del presupuesto anual y una deuda del 12%, situándose, según resaltan, entre los más saneados. Leticia González (PP, Oviedo), concejala de Economía, denuncia que el Gobierno de España "no prioriza las necesidades reales de los ayuntamientos” al evitar con la regla de gasto que, en casos como el ovetense, se destinen partidas a inversiones reales.

En Gijón, el ejecutivo local de Foro-PP interpreta la petición de Barbón, coyuntural por la guerra, como "un respaldo a una reivindicación histórica de nuestro ayuntamiento". Jesús Martínez Salvador (Foro, Gijón), portavoz del gobierno municipal y edil de Urbanismo, recuerda que el Ayuntamiento lleva tiempo reclamando la suspensión de las reglas fiscales y defiende que "la ciudad tiene remanentes suficientes para afrontar proyectos importantes sin poner en riesgo los servicios públicos".

El rechazo también es frontal en las Cuencas. Manuel Ángel Álvarez (IU, Mieres) considera que la retirada de la regla de gasto “llega tarde” y lamenta que impida movilizar ahorros para inversiones desde la administración más cercana al ciudadano. En Langreo, Marina Casero (IU, Langreo), concejala de Hacienda, define la norma como “una herramienta de recorte encubierto” que ha antepuesto la austeridad a las necesidades sociales y sostiene que su eliminación debe servir para "devolver a los municipios capacidad de inversión en servicios, derechos y dignidad".

En la zona centro, el mensaje se repite. Ángel García “Cepi” (PSOE, Siero) subraya que esta reivindicación "viene de lejos" y ve "injusto" que los ayuntamientos, incluso los que tienen "deuda cero", como el sierense, "no puedan disponer libremente de sus remanentes" para invertir en mejorar la vida de sus ciudadanos.

Alejandro Vega (PSOE, Villaviciosa) considera “pertinente y necesaria” la suspensión de las reglas fiscales, como ya ocurrió con la pandemia y la guerra de Ucrania, aunque advierte de que el problema de fondo está en la legislación estatal derivada de la “Ley Montoro", cuya revisión exigiría un acuerdo entre PSOE y PP. Además, reclama una ley asturiana de régimen local que "ordene las competencias" y critica que ayuntamientos como el suyo asuman servicios que corresponden al Principado. También Eva María Pérez (PSOE, Llanera) respalda la medida y recuerda que "en otras crisis" ya se permitió activar respuestas extraordinarias.

Desde IU, Ángel García (Carreño) reclama más agilidad y más recursos para los ayuntamientos, al entender que las reglas actuales "penalizan a quienes no tienen deuda y gestionan bien". Añade que ese margen permitiría "responder mejor a la subida de precios o impulsar vivienda pública".

En la misma línea, José Luis Trabanco (IU, Grado) insiste en que el Ayuntamiento es la administración "más próxima y la que más exigencias soporta, pese a asumir cada vez más servicios sin financiación suficiente". Por eso apoya eliminar el techo de gasto y dar mayor libertad para usar el remanente.

En Corvera, Iván Fernández (PSOE, Corvera) tacha de “lógica” la petición de Barbón y recuerda que la Federación Española de Municipios y Provincias ya había planteado esa flexibilidad en situaciones excepcionales. A su juicio, "no se trata de gastar por encima de las posibilidades, sino de eliminar un corsé presupuestario ya desfasado".

Desde Castrillón, el gobierno local del PP comparte esa posición. Defiende que la suspensión "debería haberse aprobado hace tiempo y con carácter estructural, no al calor de una guerra", y recuerda que el concejo cuenta con 26 millones de remanente que reclama poder utilizar.

En el occidente, Pedro Fernández (PP, Tapia de Casariego) cree que el techo de gasto "ha perdido sentido porque hoy muchas administraciones están saneadas". Recuerda que Tapia no tiene deuda y dispone de "un millón de euros de remanente que no puede dedicar a necesidades del municipio, como el arreglo de caminos".

También José Luis Fontaniella (PP, Cangas del Narcea) defiende que las administraciones tengan herramientas ágiles para ayudar a los vecinos en momentos de urgencia, aunque "sin renunciar a controles que eviten abusos". Su resumen es claro: "servicio público y control a la vez".

Por su parte, Montse Fernández (PP, Tineo) ve razonable eliminar el techo de gasto ante la subida de precios y las dificultades que eso provocará a los ayuntamientos. Reclama, además, "flexibilidad" en competencias y reglas fiscales y reprocha al Principado que "no asuma con la misma agilidad sus propias responsabilidades".

En el Oriente, el respaldo también existe, aunque con matices. Enrique Riestra (Vecinos x Llanes, Llanes) recuerda que su concejo "lleva años cumpliendo el techo de gasto" y lamenta que esta reivindicación "llegue tarde". A su juicio, "la cercanía electoral ha empujado al PSOE a mover ficha".

En Cangas de Onís, José Manuel González Castro (PP, Cangas de Onís) defiende que "suprimir la regla de gasto es necesario para que los ayuntamientos puedan emplear su superávit en mejorar servicios públicos y responder con eficacia a las necesidades vecinales".

José Manuel Abeledo (PSOE, Onís) destaca que eliminar el techo de gasto permitiría "convertir el superávit en inversiones concretas, reforzar servicios municipales y aliviar la carga burocrática que impone la norma".

Más escéptico, José Antonio Roque (Foro, Peñamellera Alta) se muestra de acuerdo con el planteamiento de Barbón, aunque duda de "la respuesta que pueda dar el Gobierno de Pedro Sánchez".

En Parres, Emilio García Longo (PSOE, Parres) respalda con rotundidad la eliminación de la regla de gasto y de cualquier "otra traba que impida a los ayuntamientos dedicar sus recursos a las prioridades vecinales". Denuncia, además, que estas limitaciones "vulneran la autonomía local".

Por último, José Sánchez Díaz (PSOE, Cabrales) denuncia la "asfixia financiera de los municipios, obligados a asumir competencias propias e impropias". Considera que la regla de gasto impulsada en su día por el ministro Montoro (PP) ha sido "especialmente dañina para los ayuntamientos pequeños, porque impide invertir en los vecinos e incluso ampliar plantillas". Por eso apoya la petición del Principado: el dinero, sostiene, "tiene que repercutir en los ciudadanos y no en los bancos".

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