El Principado minimiza el choque entre servicios por el "caos" en dependencia: "Todas las áreas trabajan coordinadas"

Frente a las versiones contradictorias de cargos de dos consejerías diferentes de la administración sobre los problemas que rodean al servicio de atención a la dependencia, el Principado, a través de su vicepresidenta, Gimena Llamedo, lanzó este viernes un mensaje de unidad, minimizando este enfrentamiento. Todas las áreas del Gobierno, aseguró, “trabajan de forma coordinada” en un objetivo común: reducir los plazos de resolución, que actualmente superan los 450 días, hasta alcanzar el plazo legal de seis meses.

Para el Ejecutivo, la prioridad es "clara", insistió Llamedo: “Desplegar el ‘Plan Agiliza’ y garantizar que los expedientes de dependencia se resuelvan dentro del plazo legal de 180 días antes de que finalice el año”.

Esta posición es la misma que han compartido en la consejería de Derechos Sociales, liderada por Marta del Arco, y de la que depende la jefa de servicio de Atención a la Dependencia, Cristina Díez, que hace un mes en comisión reconoció que la implantación de la historia social única provocó un “periodo crítico” de tres meses en el que, debido a la migración de datos, se produjeron errores y “200.000 registros afectados”. Y descargó responsabilidades sobre su implantación en el los servicios informáticos de Estrategia Digital.

Una versión que el jueves rechazó el director general de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial, Javier Fernández, dependiente precisamente de Gimena Llamedo. En su comparecencia aseguró que “no hubo nunca 200.000 duplicados”. Según sus cifras, las duplicidades rondaron, “en el peor de los casos”, entre el 15 y el 20% del total de registros, que son 156.000, lo que equivaldría a 23.000 duplicidades. E insistió en que en el proceso de implantación de la historia social única participaron responsables de Derechos Sociales.

Lo cierto es que la narración de la jefa del servicio de atención a la dependencia es la misma que la de los trabajadores del servicio. Los auxiliares administrativos aseguraron que durante prácticamente todo el verano estuvieron “sin poder hacer nada” porque abrían "un expediente y se bloqueaba todo el sistema”.

El plan regional contra el "caos"

La implantación de la historia social única es, tal como explicó Marta del Arco en varias ocasiones, un mandato legal para centralizar, como ya ocurre con la historia sanitaria, la información sobre las prestaciones que cada persona recibe de las administraciones públicas, ya sea la autonómica, la estatal o la municipal.

Su coste ascendió a 2,3 millones que se financiaron con fondos europeos. La misma cifra que ahora prevén invertir en el “Plan Agiliza”. La propuesta del Gobierno regional para intentar reducir los plazos pasa por más personal, refuerzo del sistema informático, mayor colaboración institucional, así como más medios.

Uno de los primeros pasos será la contratación de 41 funcionarios: un administrativo, once gestores y 29 trabajadores sociales.

Tras los problemas derivados de la historia social única, en Asturias hay más de 7.700 solicitudes pendientes de tramitación. Además, el año pasado solo lograron el reconocimiento de la dependencia 645 personas nuevas.

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