Paso histórico: Asturias quiere asumir las cercanías ferroviarias para acabar con su "deterioro"

Movimiento político de calado. El Gobierno asturiano (PSOE e IU), liderado por el socialista Adrián Barbón, estudia ya que la gestión de los trenes de cercanías, actualmente dependiente del Estado, pueda pasar a formar parte de las competencias autonómicas con la intención de mejorar el servicio.

Asturias cuenta con una de las redes ferroviarias más extensas de España por habitante, pero su uso no se corresponde con la capacidad de la infraestructura: una red muy amplia, con tramos deteriorados, renovación pendiente de trenes, apeaderos con escasa actividad y horarios poco competitivos.

Ante esta situación, el Gobierno autonómico abre ahora la puerta a un cambio de modelo en la gestión del ferrocarril.

El Ejecutivo está articulando un plan para asumir parte de la gestión ferroviaria, lo que conllevaría abrir una negociación con el Gobierno central. El Principado no se fija plazos, pero la Consejería de Movilidad, en manos de Alejandro Calvo, ha encargado un informe para estudiar el encaje de esta operación y los pasos a seguir.

En cualquier caso, en el seno del Gobierno existe el convencimiento de que la mejora del servicio pasa por aumentar la capacidad de decisión desde Asturias, sin depender para todas las medidas del Estado.

En la actualidad, como sucede en la mayoría de comunidades autónomas –salvo Cataluña y País Vasco–, las cercanías dependen de Renfe, que gestiona los trenes, y de Adif, responsable de la infraestructura. Ambas empresas públicas están adscritas al Ministerio de Transportes, dirigido por el socialista Óscar Puente.

"El Gobierno de Asturias defiende avanzar hacia una mayor capacidad de decisión sobre el sistema ferroviario, precisamente para poder reforzar su carácter de servicio público. Participar en la planificación de servicios y en la definición de la malla horaria es clave para adaptar el sistema a las necesidades reales del territorio y no a criterios alejados de la realidad asturiana", aseguran fuentes de la Consejería de Movilidad, consultadas por LA NUEVA ESPAÑA, sobre la opción de que la región asuma las competencias ferroviarias.

"En esa línea, y a medida que se vayan completando las inversiones y se garantice una financiación adecuada, el objetivo es avanzar de forma progresiva y segura hacia un modelo en el que las cercanías ferroviarias se integren plenamente en la planificación, coordinación y gestión del sistema público de transporte de Asturias, consolidando una red unificada, coherente y orientada al interés general", destacan las mismas fuentes.

El autobús, el modelo a seguir

El Ejecutivo considera, además, que mientras se ejecutan las obras pendientes por el Estado resulta "imprescindible tomar decisiones de gestión inmediata que mejoren el servicio público aquí y ahora".

Entre ellas, el Principado apunta a la "reorganización de la malla horaria, adaptar frecuencias a la demanda o implantar servicios más eficientes". Todas ellas serían medidas que podrían "reforzar directamente la calidad del servicio, sin necesidad de esperar a la finalización de todas las infraestructuras".

El Ejecutivo asturiano plantea este paso con la idea de que una mayor implicación autonómica permitiría adaptar el servicio a la realidad territorial. El modelo de referencia es el del transporte por carretera, donde el Principado ya ejerce competencias y ha desarrollado herramientas como la tarjeta Conecta, que permite viajar en autobús por un máximo de treinta euros al mes.

"Ese (el del autobús) es el modelo que el Principado cree que se debe trasladar al ámbito ferroviario. Allí donde hemos tenido capacidad de decisión se ha demostrado que reforzar lo público funciona: más inversión, más accesibilidad y más usuarios.

Integrar plenamente en una malla única de transporte público, coordinar servicios y asegurar que responda a las necesidades reales de la ciudadanía es el objetivo", añaden las mismas fuentes.

El Ejecutivo, que admite el "deterioro" de la red, cree que el mismo "no es casual, ni reciente; si no consecuencia directa de años de abandono político y desinversión deliberada, especialmente durante los gobiernos del Partido Popular" en el país.

El espejo del País Vasco

La gestión ferroviaria de las cercanías, que en España ofrece Renfe, tiene dos excepciones: Cataluña y País Vasco. En el caso de esta segunda comunidad autónoma, el modelo no parte de cero. Al amparo del Estatuto de Autonomía del País Vasco, Euskadi cuenta desde hace décadas con una red ferroviaria propia gestionada a través de Euskotren, que explota servicios de cercanías, metro y tranvía en el territorio autonómico. Sobre esa base, el sistema ha dado un salto cualitativo reciente con el traspaso de las Cercanías.

El acuerdo se cerró en febrero de 2024, en el marco de los pactos entre el PSOE y el PNV ligados a la investidura de Pedro Sánchez, y se hizo efectivo el 1 de enero de 2025 tras su formalización en la Comisión Mixta de Transferencias.

En este caso había intereses comunes: PNV es uno de los aliados de Sánchez y el PSOE vasco gobierna en coalición en el territorio con los socialistas. Desde 2025, el Gobierno vasco asume la organización completa del servicio –horarios, tarifas y frecuencias– con una financiación asociada de 92,7 millones de euros anuales, ajustada a través del cupo (el mecanismo mediante el cual el País Vasco financia al Estado por las competencias que este sigue ejerciendo). A esa cifra se suma el compromiso del Estado de invertir en torno a 400 millones de euros en la mejora de las infraestructuras ferroviarias en la comunidad.

El traspaso, sin embargo, no altera la estructura del sistema: las vías y estaciones siguen siendo titularidad de Adif y la operación material continúa vinculada a Renfe, de modo que Euskadi dirige el servicio pero lo hace sobre una red que sigue siendo estatal. La situación en Cataluña, donde gobierna el socialista Salvador Illa, es más compleja y menos avanzada en términos de control efectivo. La Generalitat de Catalunya cuenta desde 2010 con competencias sobre la planificación de Rodalies (Cercanías) –tarifas, horarios y definición del servicio–, pero el sistema ha seguido funcionando bajo un esquema estatal.

El cambio planteado en los últimos años arranca de los acuerdos de noviembre de 2023 entre el PSOE y ERC para la investidura de Sánchez, que contemplan un traspaso más profundo del servicio. El elemento central de ese nuevo modelo es la creación de una empresa mixta, participada mayoritariamente por Renfe (50,1%) y en menor medida por la Generalitat (49,9%), con un capital inicial de 2 millones de euros, destinada a asumir la gestión efectiva de Rodalies.

No obstante, la implantación de este sistema se está produciendo de forma gradual y no ha culminado: aunque el calendario inicial apuntaba a 2026, la nueva sociedad no está plenamente operativa y su puesta en marcha efectiva se prevé más adelante. 

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