"Nayo" reconoce que traficaba con droga y acepta una condena de seis años de prisión
El gijonés D. G. D., otro implicado en la "operación Pípol", y también en la "Tridente", acepta otros tres años de cárcel, y el mierense M. T. Ll. otros seis
La droga incautada a los acusados. / Guardia Civil
José Ignacio F. D., alias "Nayo", condenado en la "operación Pípol" de tráfico de hachís y explosivos junto al ex minero avilesino José Emilio Suárez Trashorras y su cuñado, y que en 2001 denunció que éstos tenían 150 kilos de explosivo que intentaban vender a ETA, aunque esa información no llegó a ningún lado, ha aceptado este martes en la sección tercera de la Audiencia una pena de seis años y tres meses de cárcel, así como una multa de 382.140 euros, el precio de los 11,5 kilos de cocaína y los 11 kilos de hachís que la Guardia Civil encontró a los acusados.
Otro de los implicados, el mierense Manuel T. Ll. aceptó otros seis años de prisión y la misma multa de "Nayo", y el tercer acusado, el gijonés D. G. D., también condenado en la "operación Pípol" y en la "operación Tridente" (donde también había acusados relacionados con los avilesinos), se conformó con la pena de tres años y 690 euros de multa que propuso finalmente la fiscal antidroga.
Los letrados José Manuel Fernández González (defensor de Manuel T. Ll.), José Juan García ("Nayo") y Guillermo Calvo (D. G. D.) se mostraron de acuerdo con las penas solicitadas por el ministerio público, eso sí, sólo después de que éste redujese las condenas iniciales que pedía, para lo que eliminó la referencia a la pertenencia de los acusados a grupo criminal.
No obstante, Fernández González reclamó que se reconociese a su defendido la condición de toxicómano, y que, tal como declaró el psiquiatra Julio Bobes, tenía las facultades volitivas afectadas. También pidió que se devolviese el BMW que se incautó a su defendido, ya que en realidad pertenece a su madre.
Guillermo Calvo, por su parte, reclamó la devoluciónde 5.000 euros en efectivo que la Guardia Civil encontró en la casa de su defendido, durante el registro practicado en 2024. Según declaró, se trata del dinero de la venta de una casa familiar. El ministerio público se negó a esas peticiones.
La sección tercera de la Audiencia dictará ahora la correspondiente sentencia.
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