Indignación de ganaderos sancionados con 600 euros por las protestas de Mercosur en Asturias y la Delegación recalca que fue por cortes de autovías no autorizados

Las organizaciones agrarias asturianas han mostrado su indignación ante las sanciones que ha impuesto la Delegación del Gobierno por las protestas contra el acuerdo entre la UE y Mercosur que tuvieron lugar el pasado enero, tanto en Oviedo, el día 16, como en distintos puntos (Campomanes, Bustio y Barres, en los concejos de Lena, Ribadedeva y Castropol, respectivamente). Desde hace unos días han comenzado a llegar a título particular a los participantes en las movilizaciones cartas informándoles de la sanción, de 600 euros.

La Delegación del Gobierno en Asturias ha precisado que respeta plenamente el derecho de reunión y manifestación, pero subraya que las actuaciones administrativas en curso no responden a la expresión de una protesta, sino a conductas concretas vinculadas a cortes de tráfico en vías de alta capacidad que, según sostiene, generaron un riesgo objetivo para la seguridad de las personas.

El secretario general de Coag en Asturias, David Pérez Naya, considera que tal práctica busca la «intimidación» de los profesionales para que «no salgan a la calle». Acompañado de los dirigentes de Usaga y Asaja, José Álvarez y Ramón Artime, David Pérez anunció que se hará un «frente común» para frenar la oleada de sanciones particulares.

«Cuando la primera protesta en Oviedo ya multaron a nivel de asociación, pero ahora han comenzado a llegar a nivel particular. Es un acto de cobardía y ya vemos que el Gobierno de España mantiene la ‘ley mordaza’», criticó Pérez.

Cartas repetidas

El malestar es mayor porque las cartas que envía Delegación de Gobierno son, aseguran las organizaciones agrarias, un «corta y pega» que en ningún caso se corresponde con la casuística personal del sancionado. «Hay gente a la que reclamaron el DNI al subirse al coche para irse en Ribadedeva y la hora de la sanción pone una hora antes», explican.

La Delegación del Gobierno sostiene, por su parte, que durante las movilizaciones del pasado enero se produjeron cortes en distintos puntos de las autovías asturianas y que esas actuaciones, al afectar a infraestructuras esenciales, provocaron importantes retenciones y situaciones de riesgo para la seguridad vial. Añade además que tanto organizadores como participantes habían sido previamente advertidos por las autoridades competentes de que esos cortes de tráfico en vías de alta capacidad contravenían la normativa vigente.

Todas las organizaciones agrarias salvo Uca convocaron el pasado enero las movilizaciones –también las hubo a nivel nacional y europeo– para dejar clara su oposición al tratado entre la UE y Mercosur, un acuerdo de libre comercio que, advierten, supone competir en inferioridad de condiciones con productos (en Asturias los más expuestos son la carne, la faba y la miel) sometidos a controles menos estrictos que los europeos.

En su nota de aclaración, la Delegación recuerda que el derecho de manifestación, reconocido en el artículo 21 de la Constitución, "debe ejercerse dentro del marco legal y de forma compatible con otros derechos igualmente protegidos", como la seguridad de las personas y la libre circulación. En ese sentido, señala que la legislación en materia de seguridad ciudadana tipifica como infracción grave la obstaculización de la vía pública cuando se produce una alteración relevante de la seguridad ciudadana, especialmente en infraestructuras como las autovías.

En Oviedo, se produjo la primera movilización por el centro, con una protesta a pie y con tractores que acabaron aparcados en la plaza de España, precisamente ante la Delegación de Gobierno, con la idea de que la delegada, Adriana Lastra, recibiera a una representación del sector para transmitirle sus quejas y preocupaciones. Lastra no les recibió y tras varias horas de negociaciones los ganaderos optaron por disolver la protesta por la tarde. A finales de mes hubo concentraciones simultáneas junto a la carretera nacional de Pajares, en Campomanes, y la autovía del Cantábrico y Barres y Bustio. En algunos lugares se llegó a cortar el tráfico durante minutos.

La Delegación del Gobierno concluye que actúa «con arreglo a la legalidad vigente», aplicando la normativa «de forma objetiva y garantista» y con pleno respeto tanto a los derechos fundamentales como a la seguridad colectiva.

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