"Estaba en Dominicana", aduce uno de los detenidos por matar al panameño en Lugo de Llanera
José Enrique G. S., en cuyo piso de Gijón se hallaron 34 kilos de hachís, dice que no pudo facilitar el crimen y pide salir de prisión, al no haber riesgo de fuga

José Enrique G. S., durante el registro de su piso en Gijón. | GUARDIA CIVIL

Tres de los detenidos por el asesinato del panameño Emiliano Burke en Lugo de Llanera han solicitado ya su puesta en libertad ante el instructor del caso. José Enrique G. S., supuestamente uno de los mandos de "La Santa", la organización que habría ordenado asesinar a Burke, y en cuyo piso de Gijón se encontraron 34 kilos de hachís, aduce que no estaba en España, sino en la República Dominicana, y que no pudo "llevar a cabo acción alguna facilitadora del suceso". Los otros dos implicados que han pedido salir de prisión son Rigoberto J. R. y Luis Aníbal J. G., los supuestos cooperadores necesarios del crimen, al asegurar que no hay riesgo de fuga.
En el recurso presentado por el letrado de José Enrique G. S., Javier Busto, aduce en primer lugar que no hay elementos indiciarios suficientes para decretar el ingreso en prisión. El defensor aduce que no hay "la más mínima prueba que acredite mi representado ha tenido algo que ver en los hechos". Y añade: "Se pretende justificar la imposición de la prisión provisional con la afirmación de que mi representado proporcionó la infraestructura y logística precisa para llevar a cabo el crimen. No obstante, no consta prueba alguna que acredite dicha circunstancia. Mi representado se encontraba en la República Dominicana en el periodo comprendido entre el 30 de diciembre de 2024 y el 29 de enero de 2025. Regresó a España con posterioridad al día de autos, por lo que difícilmente pudo llevar a cabo acción alguna facilitadora del suceso". Como prueba añade los billetes de avión, y se ha solicitado a la Policía libramiento de oficio para acreditar la estancia en el extranjero.
Añade el recurso que no hay prueba alguna de que José Enrique G. S. amenazase a la víctima, puesto que no se ha identificado a la persona a la que Burke grabó exigiéndole el pago de una deuda de 12 kilos de cocaína. Y en cualquier caso, "el hecho de amenazar a una persona en modo alguno permite inferir que esa persona, sea quien sea, vaya a participar en un asesinato de algún modo". Y señala que contra José Enrique G. S. solo hay "meras sospechas".
Por otro lado, el detenido tiene a toda su familia en Asturias, tiene arraigo en la región, por lo que no hay riesgo de que se fugue.
Ese es el principal motivo por el que el letrado Ricardo Arribas solicita la excarcelación de sus dos defendidos, sospechosos de haber colocado un localizador y facilitado información relevante a los autores materiales del crimen. En el caso de Luis Aníbal G. J., concurre el hecho de que carece de antecedentes penales. Para la defensa de los dos dominicanos –que fueron detenidos en la calle Gascona y en los Cuatro Caños de La Corredoria– no hay riesgo de fuga ni posibilidad de que destruyen prueba alguna.
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