El informe que encargó el Principado tras el accidente de Cerredo carga con dureza contra la inspección de minas: el Gobierno de Barbón anunciará el lunes la intervención del servicio que vigila las explotaciones

El Gobierno del Principado adoptará medidas extraordinarias sobre el Servicio de Minas, dependiente de la Consejería de Ciencia e Industria, a raíz del contenido del informe elaborado por la Inspección General de Servicios sobre el funcionamiento de ese área.

El documento final ya ha sido remitido al Gobierno desde la jefatura de servicio del órgano inspector interno de la administración, según ha podido saber este periódico. El informe fue encargado por el presidente del Principado, Adrián Barbón, tras el accidente mortal de la mina de Cerredo, en el que fallecieron cinco trabajadores cuando la empresa para la que trabajaban, Blue Solving, extraía carbón de manera ilegal sin autorización de la administración autonómica. El propio Presidente destacó en su día la independencia del servicio de inspección que comparó con una suerte de "fiscalía interna" o "asuntos internos" de la Administración.

El texto final del informe está en manos del consejero de Ciencia e Industria, Borja Sánchez, quien a lo largo del fin de semana lo evaluará con la encomienda de hacer una propuesta de medidas que adoptar. Aunque no han trascendido las conclusiones del trabajo realizado por el servicio de inspección sobre el funcionamiento del Servicio de Minas, fuentes próximas a la administración aseguran que se trata de una dura y exhaustiva revisión del funcionamiento de la dirección general.

Precisamente una de las dudas tras el accidente estaba en si los servicios de inspección actuaron diligentemente y por qué razón no detectaron indicios de la actividad irregular que se realizaba y que el mismo entramado empresarial había llevado a cabo ya en 2022, cuando se produjo otro accidente mortal en la misma explotación.

El informe analiza, según las fuentes consultadas, la operatividad del servicio de inspección, y también repasa el debate jurídico sobre la legalidad de los Proyectos de Investigación Complementaria (PIC), una figura que la dirección general de Minas empleó para autoizar actividades que a la postre resultaban extractivas.

Las conclusiones del informe de la Inspección General de Servicios serán evaluadas en la reunión del Consejo de Gobierno del próximo lunes, según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA. Será el consejero Borja Sánchez el encargado de hacer una exposición de su contenido al resto de consejeros y al presidente, Adrián Barbón, y plantear una serie de actuaciones para atajar y corregir las deficiencias detectadas en el documento.

Dada la relevancia del asunto, que se llevará al margen de las materias que se integran en el orden del día ordinario, el Ejecutivo sopesa celebrar la reunión más tarde del horario habitual, también por motivos de agenda de los consejeros y del Presidente.

Fuentes próximas al Ejecutivo recalcaron el mensaje diáfano del Presidente una vez que se produjo el accidente, y que el propio Barbón reiteró estos días, al cumplirse el aniversario del luctuoso suceso: "Caiga quien caiga, llegaremos hasta el final", afirmó Adrián Barbón tras el siniestro, resaltando su empatía con las víctimas del accidente: "Sé lo que significa el dolor de la familia minera; soy de sangre minera por los cuatro costados, y no pararemos hasta llegar al final", señaló ya hace un año. Con motivo de la conmemoración del aniversario del accidente, Barbón recalcó su compromiso por "hacer todo lo que esté en nuestras manos para saber la verdad y que se haga justicia".

Precisamente esa voluntad del Presidente es la que guía al Ejecutivo, sostienen fuentes próximas al Gobierno, dado que será el consejero de Ciencia e Industria, quien asumió las competencias de Minería tras el accidente, quien abordará las medidas que deban adoptarse. Se trata de un consejero que ha estado al margen de las responsabilidades de Industria hasta que el propio Barbón decidió "disolver" la Consejería de Transición Ecológica.

En todo caso, en el Ejecutivo asturiano se preparan para las consecuencias de un documento que la Inspección General de Servicios lleva meses realizando y el que ya ha superado el trámite de alegaciones. Las mismas fuentes del Ejecutivo señalan que el texto será remitido a la comisión de investigación en la Junta y que, seguramente, influirá en sus conclusiones.

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