Antonio Abril, abogado y exdirectivo de confianza de Amancio Ortega: "No hay que tenerle miedo a la competencia de las universidades privadas, que es la fuente de la innovación y de la excelencia"

Los gallegos tienen que perdonar y ser benevolentes con los asturianos por "apropiarse" de Antonio Abril Abadín (1957), quien nació en Lugo, pero bien pasa por ovetense, ya que se crió en la ciudad, estudió Derecho en su universidad y en ella conoció a su mujer y se casó. No es de extrañar, así las cosas, que haya sido una asturiana, la langreana y alta directiva de Du Pont Ángela Santianes, quien le sustituya al frente de la Conferencia de Consejos Sociales de universidades de España. Abadín se va, pero no del todo. Está desde 2008 al frente del Consejo Social de la Universidad de La Coruña: "Agradezco la confianza que han depositado en mí los sucesivos gobiernos gallegos; espero haber correspondido y en este momento lo único que me planteo es ayudar a resolver la difícil situación patrimonial por la que atraviesa la Universidad". Y aunque tiene infinidad de aficiones, ese mayor tiempo libre del que disfrutará en su retiro lo dedicará a escribir un libro – "sin prisa, no pongo plazos, quiero disfrutarlo"– en el que recoger todo el aprendizaje en su abultada y trayectoria profesional. En ella figura marcado en rojo haber trabajado en el Grupo Inditex y muy de cerca con su presidente, Amancio Ortega.

-No puedo dejar de preguntarle por Ortega. Su famosa discreción, unido al exitoso grupo que fundó y dirige, con Zara como buque insignia, le convierte en una figura que fascina y atrae. ¿Qué aprendió de él? No sé si mantiene el contacto.

-¡Contestar esa pregunta haría demasiado larga esta entrevista! Mantengo contacto con él, procurando no molestarle, y con muchos compañeros que siguen en la empresa. Para un funcionario "genético" como yo, haber sido durante 32 años humilde protagonista y espectador privilegiado de la mayor experiencia empresarial de la historia de España, con tantos momentos irrepetibles, ha sido maravilloso. Inditex es una combinación increíble de emprendimiento carismático y gestión del talento y la principal enseñanza, que he tratado de trasladar al sistema educativo, porque vale para cualquier iniciativa humana, empresarial o de otro tipo, es que si aportas mérito, es decir trabajo, esfuerzo y sacrificio y sabes sacar partido del talento de las personas que te rodean, precisamente porque el mundo actual es global y competitivo y por ello justo, vas a triunfar.

-Ha sido abogado del Estado, conoce bien la empresa privada, ha trabajado con el que, como dice, es el principal empresario de España… ¿No le seduce o le ha tentado en alguna ocasión la política?

-Mientras ejercía como abogado del Estado tuve dos propuestas que me hubieran acercado a la política. Lo curioso es que detrás de cada una de ellas había personas que luego fueron presidentes del gobierno de España. Afortunadamente me quedé donde estaba porque no habría podido vivir la experiencia de Inditex.

-No es quizás ahora el mejor momento para meterse en política, con un debate público tan crispado, polarizado, por momentos de escaso nivel... Pero los político son un reflejo de la sociedad y producto del sistema educativo en España, ¿esto significa que en parte se ha fracasado?

-De la misma manera que digo que la responsabilidad de tener una universidad excelente es de todos y de cada uno de nosotros, y no solo de los que estudian y trabajan en ella, también asumo la responsabilidad que me corresponde sobre las personas que elegimos como nuestros representantes, entre otras cosas porque son los que hacen las normas que luego se nos aplican. Y claro que detrás de cada voto hay una educación. Somos lo que hacen de nosotros familia y educación y votamos en consecuencia.

-Insiste mucho, usted y su sucesora, en la importancia de conectar Universidad y sector empresarial. ¿No hay conexión o es poca?

-Hay conexión evidentemente y excelentes ejemplos de colaboración universidad-empresa en cada universidad, pero no toda la que debería de haber. Voy a utilizar palabras del preámbulo de la Ley 17/2022 de modificación de la Ley de la Ciencia, Tecnología e Innovación de 2011, "El análisis de los indicadores de transferencia de conocimiento (solicitudes de patentes, cesión de derechos de propiedad industrial e intelectual mediante licencias, generación de "spin-offs", acuerdos de colaboración, etc.) refleja una situación claramente mejorable. Un reto no resuelto, es el traslado de los resultados de la investigación científica a los mercados de forma rápida y con capacidad de generar crecimiento empresarial". No es habitual, y sí muy de agradecer, este ejercicio de autocrítica del legislador. Estudios diversos (INE, IVIE) ponen de relieve que las universidades no son socios preferentes de las empresas en sus procesos de investigación e innovación. El problema viene de lejos.

-¿Por qué?

-En 1983 hicimos la primera Ley Orgánica universitaria de la democracia (LRU) y ahí confundimos autonomía universitaria con autogobierno de la universidad. Se instauró una autogestión corporativa de quienes trabajan y estudian en ella, y la participación de la sociedad en el gobierno de la universidad a través de los Consejos Sociales ha sido, en todos estos años, muy poco relevante. Consecuencia de esta situación es que las universidades han caído en la introspección y la sociedad se ha desentendido de ellas. Hasta tal punto que esta falta de compromiso mutuo, derivada de un sistema de gobernanza universitaria absurdo y único en el mundo, es, en mi modesta opinión, el principal problema de la universidad pública española, porque de ahí se derivan otros como la falta de financiación o la escasa internacionalización. Ahora hemos mejorado mucho la sensibilización sobre la importancia de la colaboración universidad-empresa, pero, como nos acaba de recordar la OCDE, venimos de muy atrás y nuestros agentes de intermediación, OTCs, Centros Tecnológicos, Fundaciones Universidad-Empresa, etc, "necesitan más madurez, capacidad y autonomía funcional, para realizar la adecuada transferencia de los resultados desde la ciencia pública a la sociedad".

-¿Cómo ha de materializarse esa conexión y colaboración?

-En primer lugar, y vuelvo a utilizar las propias palabras de la OCDE, "reequilibrando y alineando los incentivos individuales de transferencia y colaboración, es decir, pasar de incentivar la publicación científica exclusivamente a incentivar también los méritos de transferencia de resultados de la investigación al sector productivo, garantizando que los investigadores tengan una retribución adecuada". Hay que recordar que la primera generalización de los méritos de transferencia a todas las áreas de conocimiento no se hace en España hasta noviembre de 2018 con el ministro Pedro Duque. En segundo lugar, y también lo dice la OCDE, hay que promover "el desarrollo de capacidades de innovación y colaboración en el sector empresarial, para aumentar su capacidad de absorber y generar conocimiento". A veces se nos olvida que la cooperación universidad-empresa es cosa de dos y el destinatario de la mucha y buena investigación que hacen las universidades en España es un sector productivo muy atomizado y de escaso tamaño competitivo, inmensamente constituido por microempresas. Además, es un sector productivo centrado en actividades de tipo tradicional, con muy poca vocación hacia la sociedad del conocimiento y el uso de nuevas tecnologías. Todo ello no favorece la transferencia. Finalmente, las universidades deben de aprender a hablar el lenguaje de las empresas y aquí nos enfrentamos a problemas de cultura y ausencia de capacidades reales provocada por la falta de autonomía operativa. Por eso la Ley 17/22 promueve "estructuras eficientes dedicadas a facilitar y fomentar la actividad de transferencia, incluidas sociedades mercantiles públicas". Desalienta constatar que, a día de hoy, todavía no hemos sido capaces de implantar los sexenios de transferencia ni de constituir sociedades mercantiles públicas en nuestras universidades.

-El Consejo Social universitario es una figura que, si me permite, se ve como accesoria o apenas se le presta mucha atención.

-No hay duda de que los consejos sociales deberíamos de tener más relevancia y protagonismo en el gobierno de las universidades públicas, pero la realidad es muy otra. Por ejemplo, la ley nos atribuye competencias de control y supervisión de la actividad económica y presupuestaria de la universidad, pero, salvo en aquellas universidades en que la Intervención depende por ley del Consejo Social, como es el caso de Canarias y Asturias, carecemos de capacidades reales para ello Además no participamos en la elaboración de la documentación correspondiente, que se nos rinde al final mediante la aprobación de un proyecto cerrado. Es una situación que vienen denunciando, reiteradamente, el Tribunal de Cuentas y los Organismos de Control de Cuentas de las Comunidades Autónomas. En cuanto a nuestra participación en la transferencia de resultados y la colaboración universidad-empresa, la mayoría carecen de los mínimos recursos necesarios. A lo largo de los más de treinta y cinco años que llevo vinculado a la universidad pública española no he visto que ni universidades ni sociedad apuesten por los consejos sociales. No es extraño, por tanto, que seamos los grandes desconocidos de la universidad española.

-En Asturias hay cierto debate en torno hasta qué punto hay que permitir la implantación de universidades privadas. Hay tres en cartera. ¿Cómo lo ve? La pública la mira con cierto recelo.

-La Constitución Española reconoce las libertades de empresa y de creación de centros docentes. Por lo tanto, el servicio público de educación terciaria universitaria puede prestarse tanto de un lado como de otro. Dicho esto, es evidente que no toda institución que imparte enseñanzas puede denominarse universidad. Tiene que haber unos requisitos mínimos que garanticen su calidad y capacidad para formar el talento de nuestros futuros profesionales y para investigar. No hay que tenerle miedo a la competencia, que es la fuente de la innovación y de la excelencia. Creo que en España estamos cometiendo el error de intentar proteger a las universidades públicas restringiendo la existencia de las privadas. Sería mucho más efectivo y defenderíamos mucho mejor la relevancia de la pública afrontando la reforma de su gobernanza y la mejora de su financiación. Si lo hubiéramos hecho así, con el inmenso talento que tienen sus personas, no se habría producido la eclosión privada actual.

-Cómo ve a su antigua universidad. ¿Alguna receta para encarar ese futuro que se vislumbra con competencia privada por primera vez?

-Quiero mucho a mi universidad de Oviedo, así que me cuesta ser objetivo porque además no vivo su día a día. Mi recomendación es que cuide y fortalezca a su Consejo Social, que por cierto su actual rector (Ignacio Villaverde) conoce muy bien al haberlo vivido desde dentro como secretario. Así se logra una universidad más transparente, con mejor rendición de cuentas y una mejor conexión con el sector productivo. En definitiva, una universidad más excelente.

-Ha dicho en alguna ocasión que no le gusta nada la dependencia económica de la universidad pública de las administraciones regionales. ¿Por qué?

-No es bueno que la financiación de una universidad pública dependa exclusivamente de las transferencias corrientes y de capital del sector público, porque eso limita su autonomía operativa real. Las universidades públicas españolas generan muy pocos recursos por la transferencia de sus resultados, como consecuencia de una cultura, provocada por la introspección de la que antes hablaba, que considera contraria a su naturaleza de institución pública y a la autonomía universitaria la generación de recursos por la transferencia de resultados de su investigación a las empresas. Muy al contrario, la cooperación universidad empresa y la consiguiente y legítima percepción de ingresos por la transferencia, no solo es conveniente como motor del desarrollo económico y social y por la riqueza que aporta su puesta en valor por las empresas, sino porque además permite mejorar la financiación estructural -y no solo la de los grupos de investigación con financiación afectada- y, en consecuencia, la autonomía operativa y la gestión del talento en la universidad.

-Sonados han sido los recientes y sonados problemas de las universidades madrileñas con la Comunidad hasta lograr un acuerdo de financiación plurianual. ¿Hasta que punto esos tiras y aflojas, esa necesidad de pedir o andar suplicando dinero, aliñado también de polémica política, merma la imagen de prestigio y seriedad que deben dar las universidades y sus rectores?

-Lo que ha ocurrido en las universidades de Madrid y otros ejemplos den España, con déficits importantes de financiación estructural y consiguientes desequilibrios patrimoniales, no favorece desde luego la buena imagen. Es importante que nos demos cuenta de esto. Tampoco la buena imagen de España como país. Es importante que las universidades cuenten con programas de plurianuales que garanticen una financiación estructural suficiente y complementaria en función de criterios de calidad y cumplimiento de objetivos, académicos y de investigación.

-Se ha mostrado muy crítico con la joven ley del Sistema Universitario (LOSU).

-En la Conferencia de Consejos Sociales (CCS) de las universidades españolas hemos calificado la ley orgánica 2/2023 (LOSU) como una oportunidad perdida. Y aquí no hay más remedio que hablar de política porque en el año 2020 se produce una reorganización ministerial, y para cubrir compromisos de apoyo parlamentario al gobierno, Universidades se desgaja de Ciencia e Innovación y se constituye en ministerio independiente, cuya responsabilidad se asigna a una línea política determinada y en absoluto mayoritaria, como demuestra el poco reconocimiento social que están reflejando todos los últimos procesos electorales. Se hace así una ley muy ideológica, que no aborda el necesario cambio de la gobernanza universitaria, desoyendo todos los informes previos de expertos nacionales e internacionales, de la ciencia española y de la OCDE y que se atreve a cuestionar la cooperación universidad-empresa al decir literalmente su preámbulo: "Necesitamos una ciencia abierta que asuma ese conocimiento (el derivado de la investigación universitaria) como un bien común accesible y no mercantilizado". Y desde luego es una ley que no apuesta por el fortalecimiento y la mejora de las competencias y capacidades de los Consejos Sociales, todo lo contrario, salvo, y de manera velada, en materia de compliance.

-Lamenta que formemos a los mejores universitarios de Europa, pero luego en España somos incapaces de darles trabajo acorde a su titulación.

-Somos un país muy generoso en la producción de egresados universitarios y, por el contrario, creamos pocos puestos de trabajo de alta cualificación. El resultado es que tenemos el mayor porcentaje en Europa (un 36% frente a un 22% de media europea) de egresados universitarios infraempleados o, como indebidamente se les suele denominar, sobrecualificados, es decir, que trabajan en un puesto de trabajo que no requiere titulación universitaria, pero la tienen.

-No es rara, así, la famosa "fuga de cerebros" que en Asturias conocemos bien.

-Emigran los que no se conforman con su situación, que suelen ser los mejores. No es malo completar la formación profesional con estancias de trabajo en el extranjero, pero lo cierto es que el saldo migratorio del talento en España es negativo y, en términos económicos, genera una situación nada rentable: emigra mucho talento universitario e importamos trabajadores con baja cualificación profesional.

-¿Qué le ha quedado en el tintero por hacer como presidente de la conferencia? O dicho de otra forma, ¿qué "patata caliente" le deja a Ángel Santianes?

-Creo que en estos ocho últimos años hemos mejorado el reconocimiento institucional de los consejos sociales y nuestro protagonismo en el sistema universitario. Pero no hemos conseguido todavía que se cumpla el que fue el primero de nuestros objetivos en el año 2016: convencer a la sociedad española de que España será, en el futuro, el resultado de lo que hoy sea capaz de invertir en educación en general y en sus universidades en particular. En otras palabras, priorizar la inversión en la universidad pública, lo que supondría no solo mejorar su financiación sino también su gobernanza, para que pueda sacar partido del talento de sus personas y hacer frente a este mundo global, sostenible y tecnológico, pero sobre todo competitivo y extraordinariamente cambiante al que nos tenemos que enfrentar todos.

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