El límite de la responsabilidad, la clave de la lectura que haga el Principado sobre los fallos en el departamento de Minas

¿Hasta dónde alcanza la responsabilidad por las deficiencias que señale el informe de la Inspección General de Servicios? Esa es la piedra angular de la lectura que haga el Gobierno del documento, que radiografía de manera "muy exhaustiva" el funcionamiento del departamento de Minas, según las fuentes consultadas, y detecta deficiencias cuyo alcance sólo se conocerá el lunes, cuando el Consejo de Gobierno informe sobre su contenido.

Una de las claves estará en si el documento establece alguna secuencia cronológica que permita contextualizar las deficiencias detectadas. De hecho, una de las decisiones más controvertidas en la gestión política de la desaparecida Consejería de Transición Ecológica fue la supresión del Servicio de Seguridad Minera, un departamento específico que en 2019 quedó integrado en un área única de Promoción, Desarrollo y Seguridad Minera. Algunos funcionarios atribuyeron a esa decisión una sobrecarga de trabajo. El responsable de la medida, el entonces consejero Enrique Fernández, hoy presidente de Hunosa, sostuvo, por el contrario, que respondía a una racionalización de recursos ante el descenso de actividad en el sector tras el cierre de las minas de carbón. Aquella supresión fue cuestionada internamente por los sindicatos.

La Dirección General de Minas estuvo desde 2017 en manos de Belarmina Díaz, que fue nombrada consejera de Transición Ecológica tras la salida de su antecesora, Nieves Roqueñí, para presidir el puerto de Gijón. El nombramiento de Díaz fue cuestionado por IU, aunque el presidente Adrián Barbón lo defendió como una decisión que correspondía a su exclusiva potestad. Díaz dimitió pocos días después del accidente de Cerredo, en el que fallecieron cinco trabajadores.

Así las cosas, ninguno de los tres responsables del área durante los gobiernos de Barbón forma ya parte del Ejecutivo, por lo que una eventual atribución de responsabilidad en la supervisión, dirección o funcionamiento del Servicio de Minas ya no tendría consecuencias políticas directas para ellos.

Sin embargo, la comisión de investigación parlamentaria tendrá previsiblemente pocos reparos en señalar responsabilidades políticas. La verdadera incógnita será qué posición adopte el PSOE ante el dictamen final de esa comisión.

Más allá de los cambios de funcionamiento que propondrá el informe, que se dan por descontados, una de las incógnitas es si el documento contiene una enmienda de fondo a decisiones adoptadas en los últimos años por el Servicio de Minas. Entre ellas figura el uso de la controvertida fórmula de los Proyectos de Investigación Complementarios (PIC), así como la transparencia con la que se trasladó la información oficial sobre la reapertura de minas de carbón. Este último extremo ha cobrado especial relevancia después de que el Ministerio para la Transición Ecológica afirmase que desconocía que el Principado había autorizado extracciones de mineral en instalaciones que podrían estar sujetas al plan de cierre de la Unión Europea. Se trataría de decisiones que irían más allá de un mero mal funcionamiento administrativo, sobre todo porque el telón de fondo es un accidente con cinco muertos en una explotación ilegal que el Principado no supo detectar pese a las alertas existentes.

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