"Mercosur en la Cornisa Cantábrica o cómo distinguir las voces de los ecos": el análisis del secretario general de Unións Agrarias-UPA

El debate sobre el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur está cargado de incertidumbre y también de mucho ruido. Y en la Cornisa Cantábrica esa inquietud es comprensible: hablamos de un territorio con pérdida sostenida de explotaciones, dificultades crecientes de relevo generacional y una base territorial limitada y fragmentada que condiciona la competitividad. Pero conviene poner el foco en los datos y medir el impacto con realismo o, como escribió Antonio Machado, "pararse a distinguir las voces de los ecos".

Y si queremos hacerlo con rigor, hay que empezar por donde se concentra el grueso de la actividad agraria en la Cornisa: la ganadería, y en particular el vacuno, que estructura la economía rural, el paisaje, el empleo, y buena parte de la cadena agroalimentaria del territorio.

En carne de vacuno conviene recordar algo esencial: desde hace décadas están entrando en la UE en torno a 200.000 toneladas anuales procedentes de Mercosur. Eso no ha impedido que, en los últimos años, el sector cárnico en la Cornisa haya vivido episodios de precios elevados. El nuevo contingente pactado añade 99.000 toneladas con arancel reducido, aproximadamente un 1,5% del consumo europeo, y casi la mitad corresponde a carne congelada. Todo lo que supere ese volumen pagará el arancel máximo de entrada.

Ese 1,5% adicional no explicaría por sí solo una temida crisis general de precios, pero sí puede generar tensiones puntuales en segmentos sensibles si fallan los controles o si se utiliza como palanca en la negociación de precios y contratos a lo largo de la cadena. Por eso el reto es que se exijan y cumplan de forma efectiva las cláusulas espejo (seguridad alimentaria, bienestar animal y límites de residuos), con auditorías en origen y controles en frontera, y con una trazabilidad exigible que permita verificar el cumplimiento y actuar con rapidez. Y, por supuesto, que funcionen las salvaguardas.

Y aquí hay un elemento relevante: en enero de este año el Parlamento Europeo aprobó el procedimiento de aplicación de esas salvaguardas, que permite suspender cautelarmente el acuerdo si se registran caídas de precio superiores al 5% o aumentos de entradas superiores al 5% respecto a la media de los últimos tres años, con un plazo máximo de cuatro meses para resolver. No fue una concesión espontánea: fue una reivindicación de las organizaciones agrarias en la movilización del 18 de diciembre en Bruselas. El reto sería ahora aplicarlo sin dilaciones, con indicadores públicos y capacidad preventiva.

Si pasamos de la carne a los productos lácteos, España no es autosuficiente: produce menos de lo que consume (≈70–75%) y por eso actúa como receptor neto de producto lácteo del resto de la UE. Cuando la industria europea tiene dificultades para colocar excedentes en destinos extracomunitarios relevantes (por ejemplo China), esos volúmenes se reorientan hacia mercados cercanos como el ibérico, presionando a la baja el precio de la leche en origen para nuestros ganaderos. En ese contexto, contar con un mercado preferencial y estable en Mercosur para canalizar parte de esos excedentes no es necesariamente negativo para los productores de la Cornisa, siempre que se compita por valor y existan salvaguardas ágiles si el mercado se distorsiona.

Hay otro factor que rara vez se incorpora al debate y que, en la Cornisa, es estructural: la dependencia de insumos importados para la alimentación animal. Con una SAU limitada y muy parcelada, las cargas ganaderas obligan a recurrir a concentrados y proteína vegetal importada. Prescindir de esas importaciones implicaría recortes severos de cabaña: en torno a un 25% en vacuno (leche y carne) y cerca de un 90% en aves y porcino. Hablamos de aproximadamente 4,2 millones de toneladas y en torno a 900 millones de euros al año en importaciones de alimento para la ganadería de la Cornisa (incluyendo aves y porcino), y no contamos con las 662.000 hectáreas de superficie agraria adicional que serían necesarias para producirlo aquí en condiciones comparables.

En una ganadería donde la alimentación del ganado representa en torno al 60% del coste total de producción, cualquier marco que aporte previsibilidad y diversificación del suministro, con reciprocidad, controles y salvaguardas eficaces, no es necesariamente negativo; lo decisivo es que esas condiciones se cumplan y que, si el mercado se distorsiona, se suspendan preferencias y se activen las medidas de protección si hay riesgo para los productores europeos de cereal y proteína. No soluciona la dependencia, pero reduce vulnerabilidades.

La posición razonable no es negar la posibilidad de importaciones, sino fijar condiciones y, si se detectan impactos anómalos, actuar sin demora para proteger a nuestros productores: aplicar aranceles fuera de contingente cuando proceda, suspender preferencias y activar tanto las salvaguardas como los mecanismos de gestión de crisis de la PAC. La clave está en definir bien los umbrales y asegurar una respuesta rápida y efectiva.

No es la primera vez que el sector atraviesa incertidumbre: ocurrió con la entrada de España en la UE y con las cuotas lácteas. Aquellas transiciones se gestionaron con adaptación, inversión y políticas públicas, no con eslóganes. Y hoy la UE es una potencia agroalimentaria global: en 2023 exportó 228.600 millones de euros y registró un superávit récord de 70.100 millones.

Nuestra responsabilidad, en la Cornisa Cantábrica, es defender el campo con rigor: garantías, controles y rapidez en la aplicación de medidas si el mercado se tuerce. El medio rural necesita certezas y herramientas que funcionen a tiempo. No discursos que sustituyan el análisis por el miedo, o escondan dónde están exactamente los riesgos y qué medidas concretas hay que activar para corregirlos. Porque eso desplaza el foco de lo necesario y acaba debilitando la capacidad de Europa para regular los flujos comerciales y proteger a sus productores.

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