La Inspección interna de la administración ya detectó en 2020 fallos de control y organización en el Servicio de Minas

Un informe de la Inspección General de Servicios de 2020 sobre el Servicio de Minas del Principado ya detectó problemas de organización interna, planificación y control en el área encargada de la seguridad minera. Seis años después, el Consejo de Gobierno analizará mañana el nuevo informe elaborado por este mismo órgano a raíz del accidente mortal de Cerredo, un documento que, según distintas fuentes, ha examinado a fondo el funcionamiento del servicio. El Ejecutivo sostiene que aplicará las recomendaciones que recoja el análisis, pero no todas las advertencias formuladas en 2020 se tuvieron entonces en cuenta.

La revisión de hace seis años se realizó dentro del plan anual de inspecciones y fue aprobada por el Ejecutivo saliente que presidía Javier Fernández. El encargo se formuló en mayo de 2019 sobre el entonces Servicio de Seguridad Minera. Tras las elecciones celebradas ese mismo mes, el nuevo Gobierno presidido por Adrián Barbón decidió suprimir ese servicio específico. La medida se justificó por la reducción de actividad derivada del cierre de las minas de carbón. El entonces consejero Enrique Fernández, hoy presidente de Hunosa, defendió que más que una supresión se trató de una fusión con el Servicio de Promoción y Desarrollo Mineros y que solo se eliminó una jefatura.

Pese a ello, la Inspección mantuvo su chequeo sobre el área. El informe detectó ausencia de metodología y de medios para el «seguimiento y control de la actividad individual», advirtió de la falta de planificación o programación y señaló que no existían «criterios de distribución de las competencias formalizados». Aunque consideraba suficiente la plantilla y «adecuada» la carga de trabajo, recomendó revisar competencias, reordenar recursos, planificar la actividad inspectora y «aplicar controles de actividad, cualitativa y cuantitativa» sobre las tareas de los inspectores, además de evaluarlas periódicamente. También alertó de problemas en la organización de los expedientes, con archivos dispersos y deficiencias en su actualización.

Se consideró «favorable».

Enrique Fernández, que compareció en la comisión de investigación parlamentaria sobre el accidente, sostuvo que interpretó aquel informe como «favorable» y defendió mantener la «flexibilidad» en la distribución de tareas. La exconsejera Belarmina Díaz, en la misma comisión, aseguró que se había tratado de mejorar la coordinación, aunque también presentó como una ventaja operativa esa «dilución» de funciones.

Seis años después, tras dos accidentes mortales en una mina en la que en ambas ocasiones se comprobó que el mismo entramado empresarial extraía carbón ilegalmente, la gran incógnita política y administrativa sigue siendo por qué las inspecciones del Servicio de Minas no detectaron esa actividad y por qué se concedió a la empresa un permiso extractivo en una explotación sujeta a cierre. La lectura del nuevo informe a la luz del de 2020 puede ayudar ahora a delimitar un marco temporal de gestión y de eventuales responsabilidades, sostienen varios diputados de la comisión parlamentaria.

«Conocer toda la realidad».

La vicepresidenta del Gobierno, Gimena Llamedo, confirmó este viernes lo ya adelantado por LA NUEVA ESPAÑA: que el nuevo informe de la Inspección General de Servicios, encargado por el presidente Barbón tras el accidente en el que hace un año fallecieron cinco trabajadores, será analizado este lunes por el Consejo de Gobierno. «Será el consejero Borja Sánchez el que nos traslade las conclusiones y las recomendaciones que se incluyen», indicó Llamedo, que recordó que el análisis del Servicio de Minas se encargó «para conocer toda la realidad».

Los partidos urgen conocerlo.

Mientras tanto, los grupos de la comisión parlamentaria apremian al Ejecutivo. Rafael Alonso, del PP, aseguró que al informe anterior «no se le hizo demasiado caso» y advirtió de que «lo ilógico sería que el Gobierno no aplicara todo lo que recomiende el informe; tendría muy difícil explicar por qué no». Además, se mostró convencido de que el nuevo documento «ratificará» lo ya apuntado por varios comparecientes en la comisión.

Desde Vox, Gonzalo Centeno afirmó que «el Gobierno de Barbón está con el agua al cuello» y expresó su convicción de que «intentarán poner un cortafuego entre la dirección de Minas y el Presidente». «Si Barbón no tenía conocimiento de esto, malo; si lo tenía, peor», resumió.

El diputado de Foro Adrián Pumares exigió por su parte a Barbón que aclare si ya conocía el contenido del informe cuando este miércoles le preguntó en el Pleno por la fecha de su publicación. «De no haber existido la comisión de investigación que el PSOE e IU intentaron bloquear, este informe probablemente no se hubiese pedido por el Gobierno», señaló.

Por su parte, el portavoz de Convocatoria-IU, Xabel Vegas, consideró «inexplicable» que los diputados de la comisión de investigación parlamentaria aún no tengan acceso al informe de la Inspección General sobre el Servicio de Minas que se conocerá este lunes. «No estaría mal un poco más de respeto a los legisladores», remató.

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