El contrato de la mina de Cerredo que tuvo que encender las alarmas en el Principado (y ni siquiera valoraron): "Debieron rechazarlo de forma inmediata"

Más allá de someter a un análisis general el trabajo y las carencias del Servicio de Minas, el informe elaborado por la Inspección General de Servicios del Principado estudia, paso a paso, las tramitaciones e inspecciones que se llevaron a cabo en el caso concreto de la explotación de Cerredo donde fallecieron cinco mineros en el accidente del 31 de marzo de 2025. Y es en este examen donde salen a relucir algunos de los reproches más contundentes al trabajo administrativo de control y tramitación de actividades extractivas.

El informe, de más de trescientas páginas y cuyas líneas generales ya fueron avanzadas por LA NUEVA ESPAÑA, apunta a una actuación especialmente delicada respecto al contrato firmado en su día por Combayl y Blue Solving tras transmitir los derechos mineros de Cerredo la primera empresa a la segunda, aunque detrás de ambas se sitúa a la misma persona, Chus Mirantes, principal investigado en la causa judicial por el siniestro. En el citado documento, en el que Blue Solving contrata a Combayl para labores en el yacimiento, hacían mención expresa a una intención de extraer carbón de las instalaciones de Degaña, algo para lo que carecían de cobertura legal. Finalmente, esa actividad extractiva se produjo de forma irregular, produciéndose a resultas la tragedia de 2025.

El problema, tal y como señala el duro informe, es que el Principado ni siquiera valoró ese contrato aportado por las empresas, ni para darle validez ni para ponerle reproches, cuando, en realidad, "debió rechazarlo de forma inmediata por una razón de fondo, que era la de que en dicha explotación no se podía explotar ni extraer carbón".

El contrato que debió encender las alarmas

Esto es lo que figuraba en el contrato entre Combayl y Blue Solving, por el que la primera iba a proveer de trabajos a la segunda: “Ejecución de toda clase de labores propias de la extracción/explotación en las distintas concesiones mineras de la propiedad y denominada genéricamente IE GRUPO CERREDO-DEGAÑA, tanto en labores de interior como de exterior, incluyendo las labores pertinentes de preparación de galerías nuevas, planos inclinados, labores de reconquista de otras labores antiguas y recuperación de materiales, así como la ejecución de cualesquiera otros trabajos auxiliares, tanto en interior como en exterior, que sean precisos para la ejecución de las labores de infraestructura minera y de explotación mencionados”.

La Inspección General consultó al Servicio de Minas el pasado febrero, para la elaboración del informe ahora hecho público, sobre la tramitación de este documento, al no encontrar rastro de la misma. Y fue entonces cuando desde Minas admitieron que "el asiento y el documento presentado han sido vistos, sin más trámite que su recepción, sin que se conste que se haya expresado de forma expícita conformidad o reparos sobre su contenido”. Es decir, ni siquiera valoraron el contrato en el que Blue Solving expresaba su intención extractiva en una mina en fase de cierre, donde el Principado no autorizaba esa actividad.

Si bien el Servicio de Minas argumentó que no les correspondía dar respuesta alguna a este contrato, el informe de la Inspección General -solicitado por el presidente Barbón para detectar deficiencias a raíz del accidente de Cerredo- lo rechaza frontalmente. "No resulta admisible", sentencia, antes de recalcar que debieron rechazar el contrato e intensificar la actividad inspectora sobre lo que se hacía en Cerredo.

Cuestiones pasadas por alto por la Administración

Recuerda el demoledor informe que "en la fecha en que se autoriza la transmisión de los derechos mineros de Combayl a Blue Solving, el 27/11/2023, la explotación minera de 'Cerredo' se encontraba en situación de abandono y cierre siendo las únicas actividades que la empresa titular de los derechos podía realizar las de desimpactación o recuperación de material de interior, actividades que, si bien no habían sido calificadas expresamente por la Administración Minera, en ningún caso permitían las de explotación o extracción de carbón".

Y va más allá en los argumentos por los que debió actuar Minas ante ese contrato. El Principado, recuerda el informe, "había asumido subsidiariamente las actividades de restauración y rehabilitación del espacio afectado por la explotación" y "la propia autorización administrativa de la transmisón de los derechos mineros de Combayl a Blue Solving fija como condición general el 'cese de la producción de carbón' dado que 'en ningún caso es autorizable la extracción de carbón de ninguna de las explotaciones, cielo abierto o subterránea (…)'".

No se olvidan en su análisis de que "la empresa contratada por Blue Solving para realizar trabajos de explotación y extracción en Cerredo, no es otra que la anterior titular de los derechos Combayl, pendiente en estas fechas de la tramitación de dos procedimientos sancionadores a propuesta del Servicio de Minas, uno de ellos por realizar en Cerredo actividades de extracción sin autorización, o lo que es más grave, explotación clandestina".

Un control "insuficiente"

Todas estas cuestiones, sostienen el informe, debieron llevar a Minas a rechazar el contrato entre Combayl y Blue Solving y a intensificar la vigilancia sobre la explotación de Cerredo. Sin embargo, la línea de actuación fue casi la opuesta, a tenor de los reproches que hace la Inspección General de Servicios del Principado.

Hubo, asegura el informe, una "insuficiente e inadecuada actuación instructora del Servicio competente en materia de minería" respecto a la autorización de la transmisión de derechos mineros de Combayl a Blue Solving, "en tanto que no se realizó actividad alguna dirigida a acreditar la capacidad y solvencia de la empresa adquirente, pese a desenvolverse la transmisión en una situación en la que concurren circunstancias que obligan a extremar las garantías de acreditación, cuales son, estar la explotación en una situación de abandono y cierre, con una restauración ambiental asumida subsidiariamente por la Administración y a favor de una empresa de reciente creación, perteneciente al mismo grupo empresarial de la transmitente (Combayl) respecto a la que en estas fechas el Servicio competente en materia de minería había propuesto la apertura de dos procedimientos sancionadores, uno de ellos por actividad clandestina en la misma explotación".

Las inspecciones a la mina de Cerredo

Si bien el informe no dice que el Servicio de Minas estuviera ausente por completo en la labor inspectora, sí establece reproches por el preaviso de algunas de ellas. De hecho, reconoce que hubo inspecciones frecuentes y que la actuación inmediata tras el accidente de 25 de agosto de 2022 fue, en líneas generales, adecuada desde el punto de vista del Servicio de Minas, aunque luego hubo retrasos muy relevantes en la tramitación sancionadora.

El gran problema aparece, a ojos del informe, en la gestión de denuncias por la actividad minera ilegal en Cerredo: la práctica habitual era remitir el contenido íntegro de la denuncia a la empresa denunciada antes de realizar una visita de inspección. Los auditores consideran que eso podía facilitar la alteración de los hechos y, además, comprometía la confidencialidad del denunciante.

El propio informe señala que, tras el accidente mortal del 31 de marzo de 2025, ese criterio cambió y empezaron a hacerse visitas sin previo aviso. Es decir: el sistema se corrigió después de la tragedia, que, tal y como ya desveló LA NUEVA ESPAÑA, ha puesto en tela de juicio las formas de realizar controles a las explotaciones.

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