El duro informe que desnuda la inspección y autorización de minas en Asturias: un subterfugio para "eludir" la ley y un servicio con problemas estructurales

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ya ha analizado el informe elaborado por la Inspección General de Servicios sobre el funcionamiento del Servicio de Minas a raíz del accidente en la “explotación ilegal” de Cerredo, en el que fallecieron cinco trabajadores. Un informe cuyas conclusiones más relevantes ya adelantó LA NUEVA ESPAÑA y que, entre otros aspectos, señala que desde dicho servicio se utilizó la figura del Proyecto de Investigación Complementaria (PIC) como subterfugio para autorizar la extracción de carbón y “eludir” el plan de cierre de la minería del carbón.

El informe establece varias recomendaciones para mejorar el servicio. “Las hacemos nuestras”, afirmó Borja Sánchez, consejero de Industria, de quien dependen desde hace un año las competencias sobre minas. “Asumí la consejería con un mandato expreso del presidente para llegar hasta el final con todas las consecuencias. Tanto el informe como las medidas que pondremos en marcha responden a ese propósito. Vamos a continuar tomando decisiones y actuando con toda transparencia para mejorar la seguridad jurídica, administrativa y también la de los propios trabajadores”, señaló.

En la misma línea se expresó Gimena Llamedo, vicepresidenta del Principado, quien aseguró que “el Gobierno de Asturias no va a parar; este informe no es un punto final, toca hacer realidad todas y cada una de las recomendaciones”, y garantizó que lo harán con “total transparencia”.

La figura dudosa del PIC

Sánchez indicó que, tal y como adelantó este diario, el informe aprecia un uso de la figura de los PIC con dudoso encaje legal al aplicarla para autorizar extracciones de mineral. "Apunta a que la autoridad minera utilizó estos proyectos de investigación complementaria como vía para autorizar la extracción de carbón y eludir así la aplicación del plan de cierre de la minería no competitiva en España. Y también el artículo 29 de la ley 7/2021 de cambio climático y transición energética", reconoció.

Ambas normas, recordó, exigen "la devolución de las ayudas estatales percibidas como requisito ineludible para otorgar cualquier autorización de explotación en minas sometidas a procesos de cierre". No obstante, matizó que “el PIC es una figura válida, utilizada desde hace varias décadas en Asturias; lo que ocurre es que ahora surge la necesidad de clarificar el régimen de estos proyectos”.

Otro de los aspectos destacados por el Consejero es que el informe detecta problemas estructurales en el Servicio de Minas, como la “reducción de efectivos a la par que se producía un incremento de competencias” vinculadas a proyectos de transición. Por ello, se comprometió a “revisar la dimensión del servicio” y a “estudiar si son necesarios refuerzos”.

Asimismo, el informe señala, tal y como avanzó este diario, problemas en la autorización de transmisiones de derechos y permisos en unidades de explotación minera que se encuentran en proceso de cierre. También subraya otra cuestión polémica desvelada por LA NUEVA ESPAÑA: “la ausencia de consultas al Instituto de Transición Justa (ITJ)” sobre las autorizaciones a explotaciones mineras de carbón. “Este problema ya está solventado y el ITJ tiene toda la documentación que nos ha ido requiriendo”, enfatizó Sánchez. En otras palabras, el Estado no estaba al tanto -o. al menos, debidamente informado- de que en Asturias se estaba extrayendo carbón.

Borja Sánchez mostró además su compromiso para introducir “mejoras en los procedimientos sancionadores y en el aviso de las inspecciones” a las explotaciones, así como para llevar a cabo una “planificación más estructurada de la inspección minera” y “regular de forma más precisa la realización de las inspecciones”. En este sentido, anunció que se incorporarán aplicaciones informáticas para modernizar el servicio.

El plan de mejora del servicio

Con todo, el Principado ha mostrado su compromiso para mejorar el servicio de minas y evitar que vuelva a ocurrir una tragedia como la de Cerredo. "Es un compromiso de sangre adoptado por el Presidente", recalcó Llamedo, recordando las palabras de Adrián Barbón.

Borja Sánchez explicó algunas de las líneas generales de la hoja de ruta que plantea para el servicio de Minas:

• Mejor planificación de las inspecciones. En materia de inspección minera, se avanzará hacia una planificación más estructurada, mediante la elaboración de un Programa de Inspección Minera del Principado de Asturias (PIMPA) y el desarrollo de instrucciones que regulen de forma más precisa la realización de las inspecciones.
• Refuerzo con herramientas digitales. Estas medidas estarán acompañadas de la incorporación de herramientas digitales, en coordinación con la Dirección General de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial, que permitan mejorar la eficacia, la trazabilidad y las garantías de los procedimientos. El objetivo es contar con aplicaciones informáticas que incorporen, por ejemplo, una hoja de verificación (chek-list) para las inspecciones mineras, o que faciliten la gestión de los planes de labores, accidentes laborales y el catastro minero.
• Cambios normativos. Dentro de la actualización normativa y procedimental, también se trabajará en la elaboración de una disposición reglamentaria para ordenar el procedimiento de autorización de transmisiones de derechos mineros. Asimismo, se analizará la regulación de figuras como los proyectos de investigación complementaria (PIC) para dotarlos de mayor claridad o, en su caso, valorar su reformulación.
• Organización del servicio. Por lo que respecta a la organización del Servicio General de Minas, las posibles modificaciones en la estructura de recursos humanos se analizarán de forma integral y se estudiará si son necesarios refuerzos en puestos de gestión o en personal de inspección. Asimismo, desde la Consejería de Ciencia se colaborará con la fiscalía en todos los procedimientos abiertos.

Colaboración con la Fiscalía

Si bien, Borja Sánchez eludió hablar de responsabilidades directas o personales en lo referente al accidente en la "explotación ilegal" de Cerredo. Sí aseguraron, tanto él como Gimena Llamedo, que el Principado está colaborando con la Fiscalía en la investigación del siniestro que se llevó por delante la vida de cinco mineros.

A este respecto anunciaron que este informe de evaluación del Servicio de Minas será remitido a la propia Fiscalía y ya ha sido enviado a la comisión de investigación parlamentaria del "caso Cerredo". Igualmente, Borja Sánchez explicó que han remitido a la Fiscalía un contrato entre las empresas vinculadas a la mina de Cerredo -Combayl y Blue Solving- firmado después de la transmisión de los derechos mineros.

Detrás de ambas entidades empresariales -la que gestionaba Cerredo antes del accidente y la titular en el momento del siniestro- se sitúa al mismo hombre, Chus Mirantes, uno de los principales investigados por la tragedia.

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