El Montepío de la minería pide 76 años de cárcel para su expresidente, José Antonio Postigo, por esquilmar a la Fundación con el geriátrico y la residencia de vacaciones

El Montepío de la Minería ha presentado ya su escrito de acusación en el "caso Hulla" ante la plaza número 3 de la sección de instrucción del tribunal de instancia de Oviedo, dirigido contra nueve de los 18 implicados. Las peticiones de cárcel son duras. José Antonio Postigo, quiene fuese presidente de la entidad, recibe la petición más alta, 76 años de cárcel por los delitos de apropiación indebida, estafa, administración desleal, organización criminal, corrupción entre particulares y falsedad continuada en documentos públicos, mercantiles y privados. Todo ello por desviar fondos de la residencia geriátrica de Felechosa (Aller) y la residencia de vacaciones Los Alcázares de Murcia.

La entidad pide también altas penas para el constructor Juan Antonio Fernández (59 años), su socio Juan Carlos Riera (30), el arquitecto Manuel Sastre (29), el aparejador del geriátrico del Montepío, Vicente Fernández García (29), y la pareja de Postigo, Dorina Bicher (20), y no acusa a la esposa y los hijos de José Ángel Fernández Villa, exonerado por razones de salud, ni a los exalcaldes de Aller.

Para Daniela Rodica Timis solicita 13 años de prisión, otros 17 para Rocío San José, esposa del constructor Juan Antonio Fernández, y 17 para el exasesor económico del Montepío, José Manuel Fernández .

El Montepío reclama la restitución de 2,5 millones de euros.

Para el Montepío, "el acusado José Antonio Postigo Postigo, en su condición de presidente del Montepío y administrador de sus sociedades participadas, concertó con los responsables y pleno conocimiento de los socios de la mercantil Alcedo de los Caballeros y con diversos técnicos intervinientes en la obra, entre ellos Manuel Sastre Fernández, arquitecto redactor del proyecto y director de obra y Vicente Fernández García, director de ejecución de obra (aparejador) la realización de una operativa consistente en incrementar artificialmente el coste real de la obra mediante certificaciones, presupuestos y facturación ficticia o sobredimensionada".

Añade que "el proyecto de construcción del complejo residencial fue inicialmente presupuestado en torno a 10 millones de euros, si bien mediante sucesivos modificados y ampliaciones, todo ello sustentado por certificaciones y facturación simulada, el coste certificado de la obra alcanzó los 30.791.436,24 euros, según consta en el Resumen Final de Presupuesto de 6 de marzo de 2012 firmado por Alcedo y los acusados Jose antonio postigo Postigo y Juan Antonio Fernández Fernández, percibiendo la constructora pagos por dicha cantidad incrementada con el IVA correspondiente. Y todo ello, pese a que el coste máximo posible de mercado de la obra, a juicio de esta acusación particular, tiene un desfase acreditado, a mayores, de 1.341.283,45 euros (IVA no incluido)".

"El método para lucrarse consistía principalmente en aumentar artificialmente los costes de ejecución del Complejo de la Residencia, todo ello aprovechando el gran volumen que la misma iba a tener, y además, contando con la colaboración necesaria de la Dirección Facultativa de la Obra, y el control total que de la misma iban a tener. El control de todos estos actores (técnicos de la construcción en su mayor parte) principales del proceso de adjudicación y construcción, hacía que dicho incremento del precio, fuera casi imposible de detectar para mi mandante, consiguiendo así, un engaño casi perfecto", señala el escrito de acusación.

Por otro lado, la pareja de Postigo, Dorina Bicher, y la rumana Rodica Timis, estarían implicadas en el desvío de fondos de la limpieza de la Residencia Los Alcázares, en Murcia.

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