Bronca política por la empresa asturiana de vivienda pública: la oposición habla de “enchufe” y el Gobierno defiende el proceso
El nombramiento de Marta Pulgar como gerente de Vipasa desató un cruce de acusaciones entre el Gobierno regional y la oposición en la Junta General

Ovidio Zapico. / Efe
Rifirrafe en la Junta General del Principado a raíz del nombramiento de Marta Pulgar, dirigente de IU, como nueva gerente de la empresa pública de vivienda del Principado (Vipasa), que depende de la Consejería de Ordenación del Territorio, la única del Gobierno regional en manos de IU, socio minoritario del PSOE.
Ovidio Zapico, consejero de Ordenación del Territorio, compareció esta mañana en la Junta a petición del PP para dar cuenta sobre la nueva gerente, que ya ocupó ese mismo cargo entre 2008 y 2012. Pulgar sustituyó en el puesto a Susana González, cesada por la Consejería dos años después de su contratación.
Los principales grupos de la oposición al Gobierno regional, PP y Vox, cargaron duramente contra el Ejecutivo por el nombramiento de Pulgar y cuestionaron el proceso de selección que la llevó al cargo. El consejero, por su parte, defendió la “transparencia del proceso”.
Zapico destacó que “poner en cuestión de manera genérica o preventiva, sin atender a los hechos, contribuye a generar desconfianza y perjudica a las instituciones”. Según indicó, al puesto de gerente se presentaron 45 candidaturas. El consejero también aseguró que no formó parte del proceso de selección, en manos de un tribunal. Además, explicó que el cese de la anterior gerente fue de “común acuerdo”, para dar un “nuevo impulso”.
Sus explicaciones no convencieron a la oposición. “Todo este proceso es una pantomima y una burla desde el principio. En el tribunal hay gente que usted maneja. Se ha hecho de forma opaca y sin transparencia”, clamó José Agustín Cuervas-Mons (PP), quien acusó a los responsables políticos de la Consejería de ser “unos depredadores de puestos públicos; no tienen límite”. Cuervas-Mons también mostró dudas sobre las bases y recordó que otra exgerente de Vipasa fue excluida de la selección.
En su turno de réplica, Zapico animó al diputado del PP a acudir a los tribunales si tenía alguna duda legal sobre el proceso.
“Es un enchufe, es de coña. Ustedes tienen un ‘colocódromo’, han colonizado el Principado para buscar acomodo a personas en función de sus intereses. Han venido a servirse y a lucrarse”, acusó Javier Jové, diputado de Vox.
Los grupos de la izquierda respaldaron el nombramiento. “Cuando la selección la hacen gobiernos de derechas, tampoco entró ninguno de izquierdas”, aseguró Monchu García, diputado del PSOE.
Delia Campomanes, de IU, puso el foco en las “fantasías interesadas de la derecha, que se dedica a ensuciar a las personas”, mientras que Covadonga Tomé, del grupo mixto, señaló que “criticar a personas por la confianza política es inaudito”.
La deduda por impagos de alquileres de Vipasa
Por otra parte, Zapico habló también sobre la deuda total por impagos de alquileres de rentas en las viviendas del Principado y de VIPASA, que ha cifrado a 31 de diciembre de 2025 en 2,2 millones de euros.
Además, el Consejero avanzó que se está perfilando una propuesta para poner a disposición de los usuarios interesados las 695 plazas de garaje correspondientes a viviendas públicas que se encuentran sin arrendar en quince municipios de la región al no estar interesados los residentes en las mismas.
Dichos inmuebles se construyen por exigencia de los planes urbanísticos cuando se lleva a cabo una promoción de vivienda pública aunque no responda a una demanda real de sus ocupantes y están configuradas como una parte aneja a la vivienda, como si se tratara de un trastero, y no pueden por tanto alquilarse ni venderse a terceros.
El Gobierno trabaja ahora, apuntó el Consejero, en una fórmula que permita poner esas plazas de garaje a disposición de otros usuarios a un precio inferior al del mercado mediante autorizaciones de uso con una duración inicial de un año que tendrían siempre carácter temporal y serían revocables con un preaviso mínimo de un mes.
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