¿Cómo funciona el modelo vasco de la gestión de cercanías? El sistema en el que se fija Asturias para asumir las competencias ferroviarias

“No me disgusta el modelo vasco”. Alejandro Calvo, consejero de Movilidad del Gobierno regional (PSOE e IU), dejó esta pista en una comisión parlamentaria sobre las intenciones del Ejecutivo asturiano relativas a la transferencia de competencias ferroviarias en materia de Cercanías, que actualmente ejerce el Estado.

Asturias, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, quiere asumir esas competencias para mejorar un servicio “deteriorado”, diagnóstico en el que coinciden Gobierno, oposición, empresarios y sindicatos.

Esta intención conllevaría una negociación con el Gobierno central y, aunque todavía falta tiempo para ese escenario, la región ya empieza a posicionarse. El primer objetivo sería gestionar los horarios de los trenes, es decir, tener autonomía para definir la malla horaria y ordenar las frecuencias, algo que actualmente depende de Renfe, mientras que Adif se encarga del mantenimiento de las vías.

Ambas empresas públicas dependen del Ministerio de Transportes. De ahí la referencia de Calvo al País Vasco, ya que esta comunidad, junto con Cataluña, es de las pocas que han recibido transferencias estatales en materia de Cercanías.

El País Vasco asumió esa gestión en enero de 2025, tras un acuerdo alcanzado en febrero de 2024 con el Gobierno de Pedro Sánchez, en el marco de los pactos entre el PSOE y el PNV para la investidura. Ambas formaciones, además, comparten el Gobierno autonómico vasco.

Desde entonces, la comunidad gestiona la organización del servicio ferroviario —horarios, tarifas y frecuencias—, aunque no tiene competencias sobre la infraestructura, que sigue en manos de Adif. El acuerdo incluyó, además, un compromiso de inversión estatal de unos 400 millones de euros en la red.

¿Cuánto cuesta?

El traspaso de Cercanías en el País Vasco se financia a través del cupo, el sistema por el que la autonomía vasca recauda sus propios impuestos y paga al Estado por las competencias que este mantiene. Al asumir el servicio, el Estado deja de prestarlo y descuenta su coste —en torno a 93 millones de euros anuales— de esa “factura”. En la práctica, el Gobierno vasco financia las Cercanías con ese margen, mientras que las inversiones en la infraestructura siguen dependiendo del Estado.

Asturias apunta a ese modelo, entre otros motivos, porque sigue pendiente la culminación del plan de Cercanías en la región, dotado con más de 1.500 millones de euros. El Principado defiende que ese plan debe completarse y el ejemplo vasco muestra que ambas vías pueden avanzar en paralelo: inversión estatal en la red y gestión autonómica del servicio. En el País Vasco, el traspaso incluye los núcleos de Cercanías de ancho ibérico de Bilbao y San Sebastián, así como parte de la red de ancho métrico.

No obstante, el caso vasco presenta un matiz relevante. La comunidad cuenta desde hace décadas con Euskotren, un operador público propio que gestiona una red ferroviaria autonómica, principalmente de ancho métrico. Sin embargo, esa red no coincide con la totalidad de las antiguas líneas de FEVE, que en parte siguen integradas en la red estatal.

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