Lluvia de críticas a la Delegada Adriana Lastra por las multas a los ganaderos por Mercosur: "Son desproporcionadas"

Los ganaderos han pedido al consejero de IU en el Gobierno del Principado, Ovidio Zapico, un pronunciamiento en medio de la polémica generada a raíz de las sanciones a una treintena aproximada de profesionales (600 euros por persona) identificados durante la protesta en varios puntos de Asturias contra el acuerdo de la UE con Mercosur el pasado 29 de enero. Y Zapico lo tiene claro. «Las sanciones son desproporcionadas, más para unas manifestaciones que estaban plenamente justificadas en rechazo al acuerdo», señala. Este periódico ha tratado, sin éxito, de conocer la opinión del consejero de Medio Rural, el socialista Marcelino Marcos.

El sector agrario –todas las organizaciones y profesionales a título particular– tiene en el punto de mira a la delegada del Gobierno, la socialista Adriana Lastra, a la que acusan de «represora» y de aplicar para imponer tales multas la polémica «ley mordaza» –de protección de la seguridad ciudadana–, aprobada en 2015 por el Gobierno del PP con críticas de la izquierda por «limitar derechos fundamentales».

Una norma que no gusta nada al también coordinador general de IU en Asturias, que dice haberse puesto en contacto con el sector para ver la situación originada tras las manifestaciones. El Consejero de Ordenación del Territorio reclama que «de una vez por todas el gobierno derogue la ‘ley mordaza’, que es la que facilita este tipo de sanciones que suponen claramente un mecanismo que dificulta la libertad de la ciudadanía, en este caso de los ganaderos y agricultores asturianos, para luchar por su propio sector y en defensa de unos intereses, que insistimos son legítimos».

Ataque al tejido productivo del campo asturiano

Zapico insistió en sus críticas a la alianza comercial con los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), que entrará en vigor en mayo: «Es un tratado que desde Izquierda Unida llevamos mucho tiempo denunciando, porque es un ataque al tejido productivo del campo asturiano, un sector basado en un modelo tradicional, sostenible, de cercanía, y además, muy importante a nuestro juicio, con productos de calidad en todos los sentidos».

En la misma línea se pronunció la diputada del grupo IU en la Junta Delia Campomanes, quien ve «excesivas» unas denuncias que la Delegada Adriana Lastra defiende acogiéndose a la ley de seguridad ciudadana porque entre otras cuestiones, según asegura, el proceder de algunos ganaderos al cortar el tráfico en vías de alta capacidad pusieron en riesgo a los conductores. Campomanes no lo ve así: «Son unas multas posibles gracias a la ‘ley mordaza’, que es un auténtico lastre y que no entendemos que a estas alturas siga en vigor».

Aparte de al consejero Zapico, socio de gobierno de los socialistas en el Principado, los ganaderos que protestaron el lunes ante Delegación de Gobierno –convocados por Asturias Ganadera– también instaron a salir en su defensa a la diputada de izquierdas Covadonga Tomé (Somos Asturies). Ésta no duda en mostrar su rechazo a la polémica ley, que describe de «coacción de la expresión libre de opinión». Como IU, Tomé entiende una «desproporción sancionar a las y los ganaderos que se manifestaron contra el acuerdo de Mercosur, que por cierto no apoyamos».

Chantaje

Ahora bien, a la diputada no le ha gustado que los integrantes de Asturias Ganadera le digan lo que tiene que decir: «Estamos igualmente en contra de cualquier tipo de chantaje tratando de decirnos qué tenemos que expresar y qué no; o acusándonos de complicidad para dar munición a la derecha, empeñada en usar el campo para su propio interés».

Para el diputado de Foro Adrián Pumares es «una vergüenza la persecución» a los ganaderos. «Primero las intentan prohibir y luego ponen multas para que no salgan a la calle», critica.

Vox y PP ya criticaron en los últimos días el proceder de Adriana Lastra, a quien le llueven también las críticas desde las filas sindicales. CC OO condenó las multas y recordó que la Constitución Española, en su artículo 21, protege el derecho de reunión y manifestación pacífica, y que el Tribunal Constitucional ha establecido que cualquier limitación a este derecho debe superar un estricto juicio de proporcionalidad. «Cualquier sanción administrativa derivada del ejercicio legítimo de este derecho es susceptible de revisión y, en su caso, de impugnación ante la jurisdicción competente», avisan.

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