Terremoto político por el "demoledor" informe que desnuda al servicio de Minas del Principado: el PP pide que Barbón "dé la cara" en la Junta y reabrir la comisión de investigación

"Queremos que Adrián Barbón venga a la Junta General a dar explicaciones y a dar la cara frente a todos los asturianos porque es su obligación y lleva demasiados meses escondido ante un tema que entiendo que le resulte incómodo, porque efectivamente lo es, y también indecente". Tajante y crítico, el presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, anunció este martes que solicitarán la convocatoria de un Pleno extraordinario a raíz del informe la Inspección General de Servicios sobre el funcionamiento del Servicio de Minas y el accidente de Cerredo donde fallecieron cinco mineros.

Además, pedirán la reapertura de la comisión de investigación parlamentaria para que puedan producirse nuevas comparecencias, entre ellas las de los autores del informe. Queipo analizó las conclusiones de la Inspección General de Servicios, empezando por lo referente a los proyectos de investigación complementaria (PIC). "Creo que es más que evidente que estos proyectos de investigación complementaria se utilizaron para saltarse el corsé legal, y el informe es lo que apunta. Es conveniente que alguien nos aclare si es cierto o no que se utilizaron como herramienta para saltarse el corsé legal. Y, por tanto, si se utilizaron como un instrumento para alimentar el caos que existía dentro del Servicio de Minas", afirmó.

También reconoció sus dudas sobre cómo se pudo remitir "al presunto infractor una denuncia que había recibido el Servicio de Minas en contra de una explotación". Porque esa acción da a entender, en su opinión, que "alguien filtraba la información de las denuncias para que otros tapasen las vergüenzas de sus explotaciones".

Por tanto, la valoración que hacen desde el PP es que "el Principado de Asturias, el Servicio de Minas y la Consejería estaban inmersos en un absoluto caos administrativo".

"Es demasiado caótico todo, incluso para este Gobierno que es especialista en el caos administrativo. ¿Y qué quiero decir con eso? Que parece que este caos estaba teledirigido. Todo apunta a que aquí había un caos administrativo, deliberado, que tenía como objetivo esa acción basada en la omisión y eso era el medio en el que se movían intereses que probablemente estaban basados en actividades ilegales", analizó Queipo.

Sobre cuándo tuvo conocimiento Adrián Barbón del informe de la Inspección, el líder de los populares también mostró sus dudas. "Si el informe está firmado a 5 de marzo, si estaba a disposición del Gobierno para que hiciese las consideraciones oportunas, no puedo entender que el presidente del Gobierno del Principado de Asturias no lo conociera. Pero entiendo aún menos, si es que esto es así, que no quisiera conocerlo", dijo.

Y continuó: "Adrián Barbón es responsable de lo que aquí estamos viendo que sucedió y tiene que dar la cara. Me preocupa que nos intenten convencer de que no conocía el informe hasta ayer. Espero que no sea verdad porque sería la mejor manera de demostrar que tenemos un presidente, y me van a perdonar la expresión, que le importa un carajo lo que pasa en Asturias".

Discrepancias sobre los tiempos del informe

Por su parte, desde el Principado volvieron a recalcar que Barbón recibió el informe el lunes tras el Consejo de Gobierno, y que no tuvo acceso a la propuesta provisional. Pero Queipo no solo apuntó a Barbón, también puso sobre la mesa los nombres de los exconsejeros de Industria Enrique Fernández, Nieves Roqueñí y Belarmina Díaz.

"No solamente el caos en el servicio, no es solamente que alguno pudiera beneficiarse o incluso permitir que entre todo este caos, y probablemente a través de estos proyectos de investigación complementaria, algunos se beneficiaran haciendo actividades ilegales. Es que esto se ha cobrado cinco vidas", sentenció Queipo.

Vox reclama comparecencias, documentación y cese

En Vox también se han puesto en acción tras conocer las conclusiones del informe. Reclaman comparecencias, documentación y ceses, a la vez que critican que el Gobierno “reconoce fallos sin asumir consecuencias”. Para el diputado Gonzalo Centeno,  el informe “pone de manifiesto fallos estructurales que no pueden resolverse con medidas cosméticas”. “Aquí no basta con anunciar cambios formales. Hay que asumir responsabilidades, corregir el funcionamiento de la dirección general de Minas y garantizar que una tragedia como la de Cerredo no vuelva a repetirse”, reclamó.

El partido solicita la comparecencia del jefe del Servicio de Minas, Santiago Berjano; del Consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez; y del director general de Energía y Minas, Javier Cueli, para que informen del diagnóstico realizado por la Inspección de Servicios. Asimismo, pide la comparecencia del responsable de la Inspección de Servicios que elaboró el informe tras el accidente mortal de Cerredo, con el objetivo de que exponga sus conclusiones y recomendaciones

En lo que respecta a la documentación requerida, resalta la copia del acta de la reunión de la Comisión Regional de Seguridad Minera de este martes y del pasado 16 de marzo.

Por otra parte, Centeno criticó que, más allá de la dimisión ya anunciada (la de Belarmina Díaz), no se hayan asumido responsabilidades técnicas dentro de la dirección general de Minas. La formación considera que la salida de una responsable política “no puede servir como cabeza de turco”, y reclama que se depuren las responsabilidades técnicas derivadas del funcionamiento del servicio.

El diputado cuestionó además el "cambio" de discurso del Gobierno autonómico en relación con la transparencia. “Resulta sorprendente que ahora se presenten como los mayores defensores de la transparencia cuando hace apenas un año se negaban a la creación de una comisión de investigación en la Junta General”, señaló.

El "desmantelamiento" del Servicio de Seguridad Minera

En palabras del diputado Adrián Pumares, de Foro, el informe es “demoledor” y “deja en muy mal al Gobierno de Adrián Barbón”. El parlamentario endureció este martes su discurso y apunta directamente al presidente regional. “Desde su llegada al Gobierno se debilitó el Servicio de Seguridad Minera reduciendo el personal, reduciendo la especialización y se hizo únicamente por motivos económicos. Decreto tras decreto, Adrián Barbón debilitó un servicio fundamental para evitar accidentes en las minas asturianas. Y eso es algo absolutamente innegable. Y ahí el único responsable es, repito, Adrián Barbón”, sentenció.

Pero Pumares pone sobre la mesa también otros dos nombres, los de los exconsejeros de Industria Enrique Fernández y Nieves Roqueñí. En su opinión, el primero debería haber sido cesado ya como presidente de Hunosa, así como su sucesora al frente de la Autoridad Portuaria de Gijón.

"No nos engañemos, Barbón no va a cesar a nadie porque le sirven para esconderse, sabe que él fue quien, decreto tras decreto, redujo estructura, personal y especialización hasta desmantelar el Servicio, lo sabe", dijo Pumares, que ha recordado que Barbón no ha asumido todavía ninguna responsabilidad.

Para Pumares, el informe viene a constatar todo lo que Foro viene denunciando desde hace un año. En primer lugar, que “no son fallos puntuales, sino un sistema que no funciona”. “En Cerredo había dos empresas piratas que actuaron con impunidad mientras el Gobierno miraba hacia otro lado”, afirmó. Y, en segundo lugar, que “los Proyectos de Investigación Complementaria (PIC) son un fraude de ley” que se utilizaron como “herramienta para poder extraer carbón de manera ilegal de espaldas a la normativa”.

También habló el diputado de Foro sobre los tiempos del informe. “El informe definitivo ni corrige ni matiza el provisional, que tienen desde hace un mes” y que Barbón “ya leyó” entonces. “Esto es un toque de atención, ahora toca saber qué se va a hacer y quién va a tomar responsabilidades”, remarcó.

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