Barbón dice ahora que recuperará "en dos meses" el servicio de Seguridad Minera que se suprimió "a propuesta" del actual presidente de Hunosa

Adrián Barbón garantizó este miércoles que su Gobierno irá "más allá" de las once recomendaciones que realiza el demoledor informe de la Inspección General de Servicios, cuyas líneas generales fueron adelantadas por LA NUEVA ESPAÑA y que desnuda el desbarajuste en el Servicio de Minas y su labor inspectora a raíz del accidente de la mina de Cerredo en el que fallecieron cinco trabajadores. "Ha habido un funcionamiento anómalo y defectuoso del servicio", reconoció.

Entre las primeras medidas anunciadas, Adrián Barbón informó, respecto a la recomendación de reforzar el Servicio de Minas tras la merma de efectivos en los últimos años, que se recuperará el servicio específico de Seguridad Minera, suprimido por su propio ejecutivo en 2019. "A propuesta del Consejero de Ciencia e Industria (Borja Sánchez), el Consejo de Gobierno en dos meses aprobará la creación del servicio de Seguridad Minera", afirmó.

Recordó que fue eliminado en 2019 y lo achacó a un contexto en el que "no se habían lanzado los proyectos de transición justa", que aumentaron la carga de trabajo del Servicio de Minas, tal y como desgrana el informe de la Inspección. E identificó la adopción de esta medida con Enrique Fernández, entonces consejero de Industria y actualmente presidente de Hunosa. "La decisión la planteó el consejero titular en aquellos tiempos, y pasó todos los filtros: los de esa consejería, los de la consejería de la que dependía Función Pública y los de la que dependían los Presupuestos, así como los de los secretarios generales técnicos. Lógicamente, se aprobó en el Consejo de Gobierno sin mayor debate porque venía con todos los filtros", afirmó Barbón, que rectificará ahora recuperando un servicio suprimido al inicio de su primer mandato.

Barbón describió cómo fue el proceso de eliminación de este departamento, en réplica a las críticas de la derecha que aseguran que él fue quien lo decidió. Insistió en que la creación y eliminación de servicios son propuestos por la consejería correspondiente y pasa por numerosos filtros técnicos de la Administración, por lo que el Consejo de Gobierno apenas los debate y se aprueban al llegar con todos los parabienes de Función Pública.

Instrucciones urgentes

Anunció el Presidente que "en un mes" redactarán "instrucciones urgentes" para asumir varias de las recomendaciones de los técnicos que redactaron el contundente informe. Una de ellas conllevará el "mayor control de la transmisión de los derechos mineros", puesta en duda sobre todo a raíz de lo sucedido en la mina del accidente de Cerredo, en la que Combayl traspasó la explotación a Blue Solving, ambas empresas del mismo entramado con antecedentes por extracción ilegal de carbón en el mismo yacimiento de Degaña.

Otra instrucción urgente será la relativa a establecer un "mayor rigor con los proyectos de investigación complementaria (PIC)" que, quiso matizar, "el informe no dice que sean ilegales, dice que hay que regularlos, desarrollar un marco normativo al respecto". Y agregó: "Vamos más allá y la Administración no autorizará nuevos PIC que conlleven extracción de material mientras no exista esta normativa".

El informe ha puesto negro sobre blanco que, tal y como adelantó este diario, se usó la figura de los PIC para dar cobertura a la explotación de carbón en minas sometidas a planes de cierre, como la de Cerredo. Sobre este respecto, Barbón indicó que este uso dudoso de los PIC se debió a "dos interpretaciones jurídicas diferentes". Por un lado, la del Servicio de Minas que "entendía que sí cabía autorizar PIC con extracción" y, por otro, la de la Inspección que "determina un cambio absoluto de interpretación jurídica".

Por tanto, añadió el presidente, "lo que vamos a hacer es cumplir con lo que dice la Inspección de regular los PIC de forma y manera que quede establecido cómo tienen que detallarse los procesos de restauración ambiental, los controles previos, etc.".

Sin depurar responsabilidades políticas por ahora

Barbón no quiso explicitar si se tienen que derivar responsabilidades políticas del informe de la Inspección que desnuda el caos en las labores de control público a las minas. "Esto es un proceso de meses", aclaró, antes de señalar que "vamos a ver cómo van evolucionando los acontecimientos".

Las posibles responsabilidades, defendió Barbón, se derivarán de varias investigaciones internas que van a lanzar. Una sobre el contrato entre Combayl y Blue Solving que estas empresas aportaron al Principado y en el que hacían mención expresa a su intención de sacar carbón de Cerredo, pese a que no había autorización para ello. La Administración autonómica recibió este documento, pero no lo valoró cuando, según Inspección, deberían haberlo "rechazado inmediatamente".

Una segunda investigación interna será relativa al expediente sancionador a Combayl a raíz del accidente en la mina de Cerredo en 2022, por el que murió un trabajador y otro perdió una pierna tras volcar un camión. La calificación de la sanción se modificó a posteriori para rebajarla y el Presidente asegura que quieren saber "por qué se hizo".

Y una tercera y última anunciada por Barbón es relativa a procedimientos de control y denuncias que quedaron inconclusos en su resolución. Reconoció el Presidente que hubo funcionarios que se limitaron a levantar actas de irregularidades, que luego no se tramitaron.

Orden de acudir a Fiscalía

"En cualquier caso, he dado la instrucción de que ante el más mínimo indicio de delito en alguna actuación, se ponga todo en conocimiento de la Fiscalía", señaló Barbón, que quiso no obstante distinguir entre delitos y posibles negligencias administrativas. E insistió: "Si detectáramos que por parte de cualquier autoridad administrativa o política hubieran tomado decisiones que fueran iniciarias de un delito, la orden estricta es acudir directamente Fiscalía".

En este ámbito, el Principado ya ha enviado al Ministerio Fiscal el contrato entre Combayl y Blue Solving ante la posibilidad de que pueda existir algún tipo de delito, que tendría detrás "una persona con nombres y apellidos que no actuó y tendrá que justicar el por qué". "¿Significa que hay un delito? No, hay una presunción y habrá que ver si hubo una omisión que pueda ser punible o no", apuntó el presidente.

Inspecciones sin previo aviso

Otras medidas que asumirá el principado serán la digitalización del catastro minero, la publicación de una memoria anual de inspección minera y, otro punto importante, un programa de inspecciones a minas "sin previo aviso", toda vez que otro de los reproches del informe es que se alertase a las explotaciones antes de ser sometidas a controles.

Igualmente reforzarán la "coordinación interna" entre departamentos para, entre otras cosas, establecer un "proceso de seguimiento de denuncias", otro punto caliente desvelado por el informe, que revela que, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, algunas de ellas quedaban en el limbo.

Respuesta a la derecha

Quiso Barbón responder también a los partidos de la derecha y achacarles que "ahora les vale" el informe de la Inspección General que "hace un año criticaban". Y sacó pecho de que se trata de "un encargo personal" que no realizan otras comunidades autónomas cuando se enfrentan a crisis como la desatada por el accidente minero de Cerredo con cinco fallecidos.

También incidió ante las críticas que él recibió el informe definitivo de la Inspección el lunes tras el Consejo de Gobierno, alegando que "el procedimiento de investigación de la inspección de servicios tiene que ser autónomo e independiente y no puede estar sometido a ningún tipo de presión política por parte de la Presidencia del Principado".

"La manera de garantizar en todo momento que no se contamine una inspección de servicios es precisamente dejar absoluta libertad y no acceder al informe hasta que este informe tenga carácter definitivo", afirmó.

Respecto a las acusaciones de Álvaro Queipo, líder del PP, sobre que en Minas había un "caos teledirigido", Barbón le exigió que acuda a Fiscalía si tiene pruebas de ello: "Si se dice simplemente por buscar un titular, me parece grave. Si se dice sin tener pruebas, me parece osado. Y si las tiene, yo lo que le invito es a acudir a Fiscalía. Está tardando".

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