El empresario Chus Mirantes se niega a declarar por el accidente mortal en la mina de Cerredo de 2022: “Lo haré cuando sepa de qué se me acusa”

El empresario Jesús Manuel Rodríguez Morán, conocido como “Chus Mirantes”, se ha acogido este miércoles en el juzgado de Cangas del Narcea a su derecho a no declarar en el procedimiento por el accidente minero ocurrido el 25 de agosto de 2022 en la mina de Cerredo (Degaña), que se saldó con un trabajador fallecido y otro con graves lesiones que perdió una pierna tras volcar un camión. Todo en el contexto de que las investigaciones apuntan a que en el yacimiento se sacaba ilegalmente carbón al no tener permiso para ello por estar sometido al plan de cierre de la minería de carbón.

Lo hizo, según aclaró, al “desconocer” por qué se le investiga en el proceso de un accidente que ocurrió cuando la mina de Cerredo pertenecía a la empresa Combayl, cuya titular era la esposa del propio empresario. Rodríguez Morán asegura que “quiere declarar” pero lo hará “cuando sepa de qué se le acusa”. Mirantes fue citado como investigado por este siniestro a raíz del posterior accidente de 2025 en el que fallecieron cinco mineros en la misma explotación y tras acumularse los indicios de que él se encontraba detrás tanto de Combayl como de Blue Solving, la empresa que asumió la mina de Cerredo después y que la gestionaba en el momento de la tragedia de 2025.

El empreario considera que la comisión de investigación llevada a cabo en la Junta General del Principado por el accidente minero de 2025 ha “condicionado” la instrucción del siniestro ocurrido tres años antes en la misma explotación, y con el que Chus Mirantes asegura “no tener ninguna vinculación” al no figurar al frente de Combayl.

Fue el pasado febrero cuando un auto del Tribunal de Instancia de Cangas del Narcea acordó prorrogar la instrucción, citándolo a declarar en calidad de investigado, al apreciar “numerosos indicios” de que, aunque no figure oficialmente como titular de la empresa Combayl, sería el “responsable real” de la firma vinculada a la explotación.

El deseo de que avance el juicio por parte de la familia de la víctima

La de hoy era la última diligencia. “Esperemos que a partir de aquí se abra el juicio oral y podamos avanzar en el procedimiento”, pidió a la salida de los juzgados de Cangas del Narcea Marcelino Suárez, abogado de la viuda y las hijas de Richard Daniel Sander, el trabajador fallecido en 2022, al tiempo que recordaba que el proceso “ya se alarga por casi cuatro años”.

Por otro lado, hizo hincapié en que más allá de los informes periciales, ya hay documentos que acreditan una responsabilidad previa al proceso judicial: “Tanto en el Juzgado de lo Social como en la Inspección de Trabajo, establece un incremento de un 45% en las prestaciones de mis representadas por la falta de medidas de seguridad”.

En los mismos términos, Francisco Pérez Platas, letrado del trabajador herido en el accidente, señaló que, tras el trámite de este miércoles, será el juez quien determine “si queda alguna diligencia pendiente o si lo transforma en procedimiento abreviado, es decir, mandarlo al Juzgado”.

“Existen informes periciales, los informes ya de la inspección, los informes de la Guardia Civil, que creo que son exhaustivos, contundentes, claros y que explican muy bien cuál era la situación en la que se encontraban”, sentenció Pérez Platas.

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