La patronal turística abre un nuevo frente con el Principado por el decreto de los chiringuitos: "Es una temeridad, una amenaza al empleo"

La patronal asturiana de hostelería y turismo, Otea, ha abierto un frente con el Gobierno regional (PSOE e IU) por el nuevo decreto que el Ejecutivo pretende aprobar para regular los servicios del litoral, incluidos los chiringuitos.

El texto, que amplía la temporada de verano —desde el sábado previo al Domingo de Ramos hasta el 15 de octubre—, no entrará en vigor este verano. Aun así, ha provocado el rechazo del sector, que denuncia que la norma les obligará a desmontar las instalaciones al final de cada temporada.

Hostelería de España, la patronal nacional, también se ha posicionado en contra al considerar que la regulación podría chocar con la futura reforma estatal del Reglamento General de Costas.

Otea, que ya ha presentado alegaciones, advierte de una “deriva restrictiva” y sostiene que el decreto supone “una amenaza directa a los establecimientos, a la actividad económica y al empleo”. La organización señala que el texto “incurre en graves deficiencias” y tacha de “temeridad” tramitar una norma autonómica mientras sigue en marcha la reforma estatal.

“Aprobar la norma asturiana sin conocer el marco estatal definitivo generará, inevitablemente, contradicciones normativas y obligará a una revisión inmediata”, señalan desde la patronal, que pide suspender o posponer la tramitación hasta que se apruebe la regulación estatal. Con todo, subrayan que “comparten la necesidad de proteger el paraíso natural, algo compatible con una actividad económica sensata”.

La organización identifica tres principales riesgos. El primero es la inviabilidad económica, por la obligación de desmontar instalaciones y el aumento de cargas administrativas. “Muchos pequeños negocios, esenciales para la experiencia del turista, dejarán de ser rentables y se verán abocados al cierre”, alertan.

Otea también advierte de la inseguridad jurídica en los criterios de adjudicación y de la destrucción de empleo local, con impacto directo en familias de zonas costeras cuya principal fuente de ingresos depende de estos meses de actividad. “Menos servicios autorizados y más trabas significan, inevitablemente, menos puestos de trabajo”, señalan. Además, la patronal advierte del del riesgo de pérdida de competitividad frente a otras regiones si Asturias proyecta una imagen poco favorable a la iniciativa empresarial y con servicios insuficientes para los bañistas.

Por todo ello, Otea reclama “diálogo real” y una regulación que simplifique la gestión administrativa. Por su parte, el Gobierno regional abrirá una “ronda de contactos” tras Semana Santa y se muestra dispuesto a introducir cambios para “mejorar el texto”.

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