El Principado se mantiene firme contra el peaje del Huerna y responde a la empresa Aucalsa: “No vamos a paralizar el procedimiento abierto”

El Principado mantiene vivo el expediente abierto por el peaje del Huerna y ha rechazado la petición de Aucalsa para suspender la tramitación. Consumo ha requerido además a la empresa concesionaria de la autopista que entregue la documentación relacionada con las diligencias preprocesales de Fiscalía —que la empresa esgrime como argumento para frenar el procedimiento— y le ha concedido un nuevo plazo de 15 días hábiles para hacerlo, que termina el día 22. Esas diligencias del Ministerio Fiscal son relativas a otro proceso, en este caso judicial, que afronta el polémico peaje, con varios frentes abiertos que tienen como objetivo bien lograr su nulidad o bien condenar su cobro cuando hay obras que ralentizan el tráfico, como es el caso del requerimiento que la dirección general de Consumo de Asturias mantiene ahora contra Aucalsa.

La viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto, fue tajante al confirmar que el Gobierno autonómico no piensa levantar el pie del acelerador. “No vamos a paralizar este procedimiento. Vamos a llegar hasta el final, con todas las garantías y con absoluto rigor jurídico”, aseguró, al tiempo que defendió que el Principado actúa con “todas las garantías jurídicas y administrativas” y sin interrumpir el curso del expediente.

El Ejecutivo autonómico explica que el objetivo del requerimiento de documentación es “clarificar el alcance real” de la información vinculada a Fiscalía sin detener la tramitación. En paralelo, el expediente administrativo se centra en la posible desproporción entre el precio del peaje y el servicio que se está prestando, condicionado, según el Principado, por obras prolongadas y limitaciones de velocidad que afectan a la circulación.

En este punto, González Prieto apeló a la “responsabilidad social” de las concesionarias con Asturias y fijó una exigencia concreta mientras se mantenga el pago. “Las empresas tienen una responsabilidad social con Asturias y mientras dure un peaje, esa responsabilidad incluye ajustar los precios cuando el servicio se deteriora y no se presta en las condiciones debidas, como ocurre en este caso. Aucalsa no está por encima del interés general”, advirtió.

El Principado remarca que el procedimiento se apoya también en criterios jurídicos ya asentados: Consumo recuerda que existe jurisprudencia del Tribunal Supremo que avala reducciones de tarifas cuando una autopista no garantiza “plena fluidez y seguridad”. Y enmarca este expediente en una estrategia más amplia de defensa de los usuarios frente a una concesión prorrogada hasta 2050, que el Gobierno autonómico cuestiona por su “falta de transparencia” en el origen y por su impacto sobre la movilidad en Asturias.