La respuesta del Principado al empresario de la mina de Cerredo: "Justificar la extracción clandestina de carbón es inmoral"

"En ningún caso era autorizable la extracción de carbón". La Consejería de Industria se ha mostrado contundente tras las declaraciones en exclusiva a LA NUEVA ESPAÑA del empresario Jesús Manuel Rodríguez Morán, conocido como Chus Mirantes y gestor de la mina de Cerredo cuando se produjo el accidente en el que cinco personas perdieron la vida el 31 de marzo de 2025. Rodríguez Morán manifestó a este diario que en la explotación "claro que se sacaba carbón", pero por cuestiones lógisticas y "de limpieza", y no para comercializar. A lo que el Gobierno regional responde que "intentar justificar una actividad clandestina" es "inmoral".

El día de la explosión, la mina pertenecía a la empresa Blue Solving. El Principado explica que tanto esta compañía como la anterior propietaria de los servicios mineros, Combayl (ambas del mismo entramado familiar), "solo tenían permisos para la retirada de equipos y materiales de las zonas del exterior, así como a la retirada de equipos y chatarras metálicas que se encontraban entre el primer y el sexto piso de la mina", y que así figura en la autorización del cambio de dominio de los derechos mineros de una a otra firma. Rodríguez Morán, por su parte, alega que "para poder acceder a la maquinaria hay que retirar carbón".

"El Gobierno de Asturias se reafirma en su voluntad de llegar hasta el final para aclarar las causas del accidente de Cerredo, al que hemos denominado 'caso Blue Solving'", aseguran desde el Principado. "La tragedia no se habría producido si no se estuviera realizando una labor ilegal y clandestina de extracción de carbón", enfatizan, al tiempo que recalcan que "cualquier intento de justificar esa actividad es inasumible desde cualquier punto de vista, tanto administrativo, jurídico como moral".

Hay que recordar que el Principado sancionó a Combayl por sacar mineral sin permiso de Cerredo tras un primer accidente con un muerto en 2022. El proceso sancionador ha sido ahora criticado por el informe que auditó el funcionamiento del Servicio de Minas, que desvela que la Administración optó por atenuar la falta, dejándola en "grave" en vez de "muy grave", eliminando precisamente el término "clandestinidad" y, además, autorizó posteriormente el traspaso de Combayl a Blue Solving, pese a ese precedente y a que ambas firmas tienen detrás al mismo empresario, algo también censurado en el informe. Ahora, sin embargo, el Principado habla directamente de "actividad clandestina".

Según Chus Mirantes, en Cerredo "no se hacía nada para lo que no tuviesen permiso". Algo que la Administración niega, ya que, tal y como subrayan, recordando precisamente la autorización que dieron al traspaso de derechos mineros de Combayl a Blue Solving, "la extracción de carbón está prohibida en cualquiera de las explotaciones que son objeto del proyecto de restauración ambiental en el Grupo Cerredo" porque "así lo establecen la Ley de cambio climático y transición energética, y el Real Decreto que regula las ayudas para la restauración ambiental", ambos aprobados en mayo de 2021.

El Ejecutivo asturiano confía en que "la justicia acabe determinando las causas exactas del siniestro e imponiendo el justo castigo que merecen las personas responsables".

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