El gobierno de Barbón se defiende de la crisis minera: acusa a la derecha de usar "torticeramente" el accidente de Cerredo y proteger al empresario investigado

“En nombre del Gobierno del Principado quiero transmitir una profunda tristeza por ver cómo las derechas están utilizando torticeramente una auténtica tragedia con cinco fallecidos para obtener exclusivamente réditos electoralistas”. El portavoz del Ejecutivo y consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, cargó este sábado duramente contra el Partido Popular después de que la vicealcaldesa de Gijón, la popular Ángela Pumariega, reclamase la dimisión de Adrián Barbón tras conocerse las conclusiones del informe de la Inspección General de Servicios sobre el funcionamiento de Minas. Un día antes, el portavoz del gobierno gijonés, Jesús Martínez Salvador (Foro), salió públicamente exigiendo la salida de Nieves Roqueñí de El Musel por su gestión en su etapa como consejera, ahora en la picota. Hasta por tres vías ha querido defenderse en las últimas horas el Principado de la crisis minera que le acecha: con dos consejeros atendiendo a los medios -Borja Sánchez además del propio Peláez- y un mensaje publicado por el Presidente.

Las dos manifestaciones vertidas desde el ayuntamiento gijonés fueron criticadas por Peláez, quien cargó contra el PP y Foro por “instrumentalizar” una institución como el Ayuntamiento de Gijón, lo que, a su juicio, les debería “producir sonrojo”. “Yo les pregunto qué pintan dos destacados miembros del Ayuntamiento de Gijón pidiendo la dimisión de la presidenta de la Autoridad Portuaria o la dimisión del Presidente”, cuestionó.

Peláez hizo un “llamamiento directamente” a la alcaldesa, Carmen Moriyón, para que medie en esta situación, aunque cuestionó si “ella manda en el Ayuntamiento” o si, por el contrario, la institución gijonesa “es una jaula de grillos, como ya han puesto de manifiesto en ocasiones anteriores”.

Para el consejero, estos movimientos -así como la petición de dimisión de Barbón realizada por Vox desde un primer momento- lo que están consiguiendo es “desviar el foco sobre los auténticos responsables de la tragedia”. El Gobierno intensifica así su estrategia de cargar ahora duramente contra Chus Mirantes, el empresario que gestiónó la mina, de donde se sacaba carbón ilegalmente pese la labor inspectora que le correspondía a su Administración. Una labor que, tal y como se desprende del informe realizado por la Inspección General, se practicó con cierta laxitud respecto a ese entramado empresarial incluso después de otro accidente mortal el 2022.

Barbón también ha ahondado en poner el foco sobre Blue Solving, la firma que gestionaba Cerredo en el momento de la tragedia. Y lo ha hecho acusando a la derecha de querer tapar la actividad clandestina que supuestamente realizaba Chus Mirantes. "La empresa Blue Solving -curiosamente algo que omiten desde la derecha- estaba haciendo algo ilegal, para lo que no tenía autorización alguna. ¿Por qué la derecha oculta que la empresa estaba actuando fuera de la Ley, sin autorización para extraer carbón?", se preguntó el presidente del Principado. Y agregó: "Es una falta de respeto a la memoria de las víctimas y sus familias. En las cuencas mineras no toleramos, jamás, que se utilice los muertos para hacer política". También recordó que el próximo miércoles responderá a preguntas en la Junta: "Como hago cada quince días, volveré a rendir cuentas en la Junta General, el Parlamento de Asturias".

Compromiso "caiga quien caiga"

“El compromiso del Gobierno sigue siendo firme con esclarecer los hechos caiga quien caiga, investigaremos hasta el final. Y una de las líneas es la administrativa a través de la Inspección General de los Servicios, pero no nos olvidemos que en Cerredo hay una investigación judicial en el juzgado de Cangas de Narcea donde se está depurando la responsabilidad penal y donde solo está imputada la empresa Blue Solving, que lo que estaba haciendo era llevando a cabo una actividad ilegal de extracción de carbón y ella es la única responsable de los cinco fallecidos”, recordó Peláez.

El compromiso del Gobierno, remarcó, es “firme” y pasa por “esclarecer todos los hechos” y depurar “todas las responsabilidades a todos los niveles cuando se pongan de manifiesto”. “Que no les queda ninguna duda porque ese es el compromiso del Presidente”, insistió. Y añadió: “Quiero reiterar que en el juzgado de Cangas no hay ninguna imputación ni ninguna responsabilidad subsidiaria imputada de momento la Administración del Principado de Asturias y si la hubiera, como digo, se depurarán las responsabilidades que tengan que depurarse”.

“No nos cerramos ninguna puerta”, dijo sobre estas responsabilidades, y el foco que hay sobre los exconsejeros Nieves Roqueñí y Enrique Fernández. “No nos olvidemos, el informe íntegro se ha remitido a la Fiscalía y de lo que vayamos descubriendo, de lo que vayamos sabiendo, pues se depurarán las responsabilidades que haya que depurar, no cabe ninguna duda”, apuntó.

Comparación con otras comunidades

El consejero volvió a dejar claro que desde el Ejecutivo regional se han asumido las once recomendaciones del informe de la Inspección General de Servicios e, incluso, van más allá con nuevas medidas y tres investigaciones de asuntos concretos. Una forma de proceder que comparó con lo que está ocurriendo en la Comunidad Valenciana con la DANA.

“Hoy conocíamos que el Gobierno de la Generalitat Valenciana reducía el personal funcionario en el juzgado encargado de juzgar la DANA de cinco a uno. Sin embargo, el Gobierno del Principado reforzó el juzgado de Cangas para que se aceleraran al máximo las investigaciones y se esclarecieran los hechos con arreglo a la tragedia de Cerredo”, afirmó.

Sobre el procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por las familias de los fallecidos en el accidente, Peláez se remitió a los informes técnicos y la valoración técnico-jurídica que salga del proceso, aunque dejó claro que por parte de la Administración invitan a las familias “a que, por supuesto, ejerzan sus derechos ante la administración del Principado; todo nuestro apoyo”.

El informe "no señala responsbilidades políticas"

El Gobierno regional no solo movilizó este sábado a su portavoz, el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, también se manifestó sobre las informaciones y las acusaciones que se están produciendo tras la publicación del informe. Reclamó "un mínimo de rigor" a la hora de establecer según qué conclusiones y, sobre todo, "evitar señalamientos tanto de procedimientos como de personas ahora mismo". En este sentido, señaló que el informe "en ningún momento señala responsabilidades políticas. Es un informe que a lo que a lo que va es al funcionamiento del Servicio de Minas".

"Lo que ahora mismo necesitamos es calma, trabajar en todas las medidas que hemos anunciado en torno al 'plan Regenera' con rigor, y creo que lo que no hace falta es ruido", afirmó. Insistió, además, en que "tenemos una hoja de ruta clara" y que en el plazo de un mes se van a emitir una serie de instrucciones para abordar cuestiones en las que incide la Inspección General de Servicios en torno a las transmisiones mineras y la solvencia técnica y económica de las empresas, así como la regulación de los Proyectos de Investigación Compementaria (PIC).

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