"Hubo negligencias y el Principado no las investigó": las familias de las víctimas de Cerredo y los supervivientes, que también reclamarán a la Administración asturiana, apuntalan sus sospechas

Lecturas políticas aparte, las conclusiones de la investigación interna en el Principado a raíz del accidente en la mina de Cerredo tienen un segundo análisis que va mucho más allá de la confrontación partidista. El 31 de marzo de 2025 perdieron la vida en la explotación de Degaña cinco trabajadores, cuyas familias –al igual que los mineros que lograron sobrevivir– siguen buscando un año después justicia para quienes ya no están. Y consideran que el demoledor informe de la Inspección General del Principado sobre las deficiencias en el Servicio de Minas deja claro que hubo "negligencias".

El citado informe dibuja un "insuficiente" control de las minas asturianas a lo largo de los últimos años. Habla de inspecciones con "chivatazo" y de deficiencias en la plantilla del servicio autonómico dedicado a la minería, al que reprocha, entre otras muchas cosas, que no tiene criterios ni procesos establecidos para valorar la solvencia económica y técnica de las empresas en los procesos de transmisión de derechos mineros como el que se produjo en Cerredo entre empresas del mismo entramado.

Sus conclusiones han desatado una auténtica tormenta política, con exigencias de ceses que llevan nombres y apellidos. En concreto, los de los exconsejeros de Industria Nieves Roqueñí y Enrique Fernández. Y con un Adrián Barbón sobre el que cada vez se estrecha más el cerco de la presión. Para las familias de víctimas y supervivientes, por su parte, el informe da solvencia a los procesos que en los últimos meses han tenido que iniciar contra el Principado, y los que prevén que tengan todavía que poner en marcha, además de ser un respaldo a su percepción de que "el accidente se podría haber evitado con un mínimo de diligencia". "El informe es serio y no deja lugar a dudas de que hubo negligencias que no se investigaron por parte del Principado", defiende el abogado de los supervivientes.

Interpretación similar es la que hace la representante legal de las familias de cuatro de los cinco fallecidos. A su juicio, a lo largo de las 317 páginas del informe se desgrana que "la cadena de decisiones administrativas permitía la actividad que tenía lugar en Cerredo", a la vez que señala a una Administración que actuaba de forma "insegura" y "desactualizada".

Estas familias, representadas por la abogada leonesa Beatriz Llamas, iniciaron a finales de marzo el proceso de reclamación de responsabilidad patrimonial al Principado de Asturias. El escrito, al que tuvo acceso LA NUEVA ESPAÑA, señala que resulta determinante conocer "si existió un funcionamiento normal o anormal del servicio público de inspección" a la hora de ejercer el control sobre una explotación "ilegal" y en la que se incumplían las normas mínimas de seguridad, según se desprende del relato que los propios trabajadores supervivientes realizaron posteriormente a la Guardia Civil.

Aunque la intención inicial de la abogada era esperar a la llegada del informe para activar el procedimiento contra el Principado, finalmente la reclamación fue presentada el 30 de marzo, un día antes de que se cumpliese el primer aniversario del terrible suceso de Cerredo. Con el proceso abierto, ahora debería ser la Administración quien incorpore el análisis de la Inspección General al proceso. De no ser así, lo harán las propias familias.

A este requerimiento se sumará ahora el presentado por de los mineros supervivientes. Su representante legal lleva semanas estudiando esta posibilidad, al considerar que la falta de permisos expresos para la extracción de carbón podía derivar en una responsabilidad directa del Principado; cuestión que considera más que probada después de analizar el informe de Inspección.

Entre otras cuestiones, el informe reseña el uso de la figura de Proyecto de Investigación Complementaria (PIC) como subterfugio para dar amparo a la actividad extractiva ilegal, "evitando" la ley que marca el final de la minería de carbón. De ahí, que una de las once recomendaciones planteadas por los técnicos consista en establecer un mayor rigor en su concesión. Y razón por la cual, el Gobierno asturiano ha decidido no autorizará nuevos PIC que conlleven extracción de material mientras no exista dicha normativa.

En este sentido, el abogado de los supervivientes del accidente es contundente en cuanto al conocimiento que sus defendidos tenían respecto a los permisos que obraban en posesión de la empresa. "Eran meros trabajadores. No se preocupaban por si la empresa tenía o no los permisos, porque no les competía. Como le ocurriría a cualquier trabajador. Ellos estaban extrayendo carbón porque era lo que les mandaban hacer", indica.

Los propios supervivientes relataron a la Guardia Civil, según consta en el sumario judicial, que "hasta el año 2022" estuvieron trabajando extrayendo carbón en la sexta planta, pero que estas labores se suspendieron completamente tras el primero de los accidentes, en el que un minero perdió la vida y otro compañero sufrió heridas de gravedad, perdiendo una pierna. Tras el verano de 2023, los trabajos volvieron a retomarse, en esa ocasión en la planta tercera. Algo más de un año después, perderían la vida en ese túnel cinco trabajadores.

El escrito de reclamación que presentará el representante de los supervivientes irá "contra el Principado o el Servicio de Minas", órganos responsables del control y la gestión de las explotaciones mineras. No obstante, el letrado no descarta que posteriormente se pueda estudiar si existe una responsabilidad directa de quienes en su momento ejercieron un cargo en el Gobierno regional.

La reclamación patrimonial constituye el paso previo a una demanda contenciosa-administrativa para que el Principado asuma las indemnizaciones en caso de que quienes resulten culpables no puedan, dado que por el momento no se ha localizado una póliza de seguro que garantice el cobro que les correspondería presumiblemente por los daños.

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