Los socios de gobierno de Barbón, firmes ante la crisis minera: IU exigirá responsabilidades y avisa que deberán "abandonar la vida pública política"
Ovidio Zapico rechaza que las consecuencias deban alcanzar a Adrián Barbón, pero asume que se extenderán tanto a cargos de esta legislatura como de la pasada

Ovidio Zapico y Adrián Barbón con Gimena Llamedo y María José Miranda en la Junta. / Luisma Murias / LNE
Izquierda Unida, socio en el Gobierno del Principado, ve ya “ineludible” que se exijan nuevas responsabilidades políticas a raíz del informe de la Inspección General de Servicios, encargado a raíz del accidente de Cerredo, que destapa descontrol en la gestión autonómica respecto a las minas. “No hay margen para que no sea así”, sentencian. Aunque descartan que estas tengan que alcanzar a Adrián Barbón.
Ovidio Zapico, coordinador de la formación, considera que el documento revela “un sistema perverso que es condición de posibilidad para el accidente” y que, por tanto, hay quienes deben asumir las consecuencias que llevaron a tal tragedia.
Así se lo trasladará en los próximos días a la Comisión Colegiada, máxima órgano del partido, que será quien tome la decisión de sobre quién deben exigir esas posibilidades como parte del Ejecutivo de Barbón que son. Aunque advierten que estas abarcan tanto esta legislatura como la anterior, lo que pondría en el punto de mira a los exconsejeros Enrique Fernández y Nieves Roqueñí, ahora presidente de Hunosa y presidenta de El Musel, respectivamente.
Zapico planteará en el encuentro, que se convocará antes de diez días, una posición contundente: quien finalmente resulte señalado como responsable político, “deberá dejar la vida pública política si está en ella”. “No cabe seguir en la gestión pública después de esto”, afirma el también consejero de Ordenación del Territorio.
“El informe va a ser la piedra angular de todo. Ahí vamos a obtener respuestas. Por supuesto, desde un punto de vista administrativo y que van a ayudar a la investigación judicial, pero que también van derivar consecuencias políticas. Aunque, evidentemente, yo entiendo que esas consecuencias nunca deben de llegar a la figura del Presidente”, defiende.
La comisión parlamentaria, en segundo plano
En Izquierda Unida critican que “todo el mundo” se haya lanzado a pedir dimisiones sin el dictamen de la comisión de investigación parlamentaria, cuando en su momento desde la derecha se hizo una defensa a ultranza de este órgano y se "menospreció" el informe de la Inspección General de Servicios aludiendo a que “no iba a ser independiente”.
En el partido aplauden que las conclusiones finales de la investigación interna encargada por el propio Barbón hayan demostrado todo lo contrario, pues ponen de manifiesto que IU tenía razón cuando “dijo que el Gobierno iba a investigar y lo iba a hacer bien”. “Ahora ya nadie espera por los resultados de la comisión y eso tampoco es bueno porque parece que queda como algo complementario”, lamentan en la formación.
Para Zapico, todavía hay “muchísimo que hablar durante los próximos días sobre Cerredo”, pero “no hay que perder de vista que en este accidente quien ha puesto desgraciadamente la sangre y los muertos son la clase trabajadora”.
El consejero recuerda que “no es un drama solo” y señala que ya había habido un accidente antes con un fallecido y, posteriormente, se produjeron otros dos muertos más en un derrumbe en la mina de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea.
“En una actividad que es residual, tantísimos muertos en esas explotaciones del Suroccidente, tantísimo dolor. Hay que dar respuesta a esas familias. Es una reflexión que no podemos olvidar, que eso no puede volver a suceder”, pide.
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