La bomba del Lunes de Pascua que provocó la gran crisis de gobierno: LA NUEVA ESPAÑA adelantó el informe que ha sacudido los cimientos de la política asturiana

Ya lo había anunciado LA NUEVA ESPAÑA. Lo que se avecinaba era contundente para el Gobierno del Principado. Y estalló el Lunes de Pascua, el día en el que los líderes políticos de la región –incluido el presidente autonómico– acuden a Avilés a disfrutar de la multitudinaria Comida en la Calle. Comenzó así la semana que ha dado una gran sacudida a la legislatura en el Principado.

A la vicepresidenta del Gobierno, Gimena Llamedo, y al consejero de Ciencia e Industria, Borja Sánchez, les tocó dar la cara para desvelar el informe de la Inspección General de Servicios sobre el departamento del Principado dedicado al control minero, que había encargado Adrián Barbón a raíz de la tragedia de Cerredo (Degaña) con cinco fallecidos. Las "vergüenzas" del servicio de inspecciones y los errores u omisiones cometidos respecto a permisos y controles a la explotación degañesa del accidente quedaron al descubierto. Y la crisis minera se desató ese lunes 6 de abril.

Pero LA NUEVA ESPAÑA ya se lo había adelantado a sus lectores cuatro días antes. El 2 de abril ya advertía este diario en su portada del golpe de efecto demoledor que se avecinaba: "El informe que encargó el Principado tras el accidente de Cerredo carga con dureza contra la Inspección de Minas", rezaba el titular de una información en la que se adelantaba, igualmente, que el Ejecutivo iba a anunciar el Lunes de Pascua la intervención del servicio investigado y que las conclusiones de la inspección interna iban a poner "bajo sospecha" la figura de los proyectos de investigación (PIC) utilizada para minas del Suroccidente, tal y como ocurrió a la postre.

Todo se confirmó el lunes 6 de abril, cuando el Principado anunció asimismo que acataría, tal y como también había adelantado LA NUEVA ESPAÑA, todas las recomendaciones –once en total– que detalla el informe de la Inspección General sobre el Servicio de Minas. A partir de ahí, todo se ha ido sucediendo en una semana que ha dado un gran golpe de efecto al devenir político de la región.

El Gobierno anunció un plan para regenerar su departamento de control minero y ha incoado investigaciones internas para depurar responsabilidades sobre los desbarajustes públicos más notorios respecto a la mina ilegal de Cerredo apuntados por el informe. Pero elude por ahora adoptar medidas contra políticos o administrativos en concreto. La oposición, mientras tanto, ha ido aumentando el tono. Vox pidió directamente la dimisión de Barbón y PP y Foro apuntaron a los exconsejeros Nieves Roqueñí y Enrique Fernández, actualmente al frente de El Musel y de Hunosa. El portavoz forista del gobierno local de Gijón endureció el discurso, y finalmente los populares han apuntado directamente a Adrián Barbón como responsable último, al haber nombrado en su día a esos dos consejeros y haberlos "premiado" luego con altos cargos. A ello hay que unir el cariz más exigente que han ido adoptando las reacciones a la izquierda. El sindicato minero, SOMA, ha pedido "celeridad" en la asunción de responsabilidades y, asunto no menor, desde IU, socios de gobierno de Barbón, han pasado de asumir la contundencia del informe a admitir que no habrá más remedio que algún político asuma las culpas, y eso exigirá que salga del cargo que ostente. El PSOE, mientras tanto, sigue tratando de contener que caiga por el momento algún responsable en sus filas, postergando esas decisiones a nuevas conclusiones de investigaciones internas. Se termina una de las semanas más complicadas para el Gobierno de Barbón.

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