Asturias exige una rebaja de tarifas en el Huerna "por la degradación del servicio" y se prepara para acudir a los tribunales

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias acordó este lunes dar el paso previo a la vía contencioso-administrativa por la situación de la autopista del Huerna (AP-66), con el envío de requerimientos formales al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y a la concesionaria Aucalsa. El Ejecutivo justificó la decisión por la “degradación sustancial, sostenida y generalizada” del servicio, derivada de la ejecución simultánea de obras, las restricciones de capacidad y las limitaciones de velocidad que afectan de forma continuada a la infraestructura.

El consejero de Hacienda y portavoz, Guillermo Peláez, sostuvo que el Principado considera acreditado un deterioro “de carácter estructural y no meramente puntual”, incompatible con las condiciones exigibles a “un servicio público esencial” para Asturias. “La situación no resulta compatible con unos estándares exigibles a una autopista de peaje y plantea dudas fundadas sobre la adecuación del actual régimen tarifario al servicio que efectivamente se presta”, afirmó.

La reclamación se apoya en las actuaciones inspectoras de la Dirección General de Consumo, ratificadas y ampliadas por la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias. Según el Gobierno asturiano, los informes constatan incidencias prolongadas en distintos puntos del trazado, con reducciones de carril, desvíos provisionales y limitaciones de velocidad, especialmente en túneles y zonas de montaña, con impacto directo en la capacidad de la vía, los tiempos de recorrido y las condiciones de seguridad.

Revisión de tarifas y control de la concesión

En el requerimiento dirigido al ministerio, el Principado reclamará la adopción inmediata de medidas para corregir la situación, la revisión del régimen tarifario y la fijación de “un calendario detallado y verificable” para la finalización de las actuaciones. También pedirá que la Administración del Estado ejerza “de manera efectiva” sus funciones de supervisión y control sobre la empresa concesionaria.

Peláez insistió en que el Gobierno asturiano quiere que tanto el ministerio como Aucalsa “sean responsables con el servicio público que gestionan” y defendió que las condiciones actuales de la infraestructura “no justifican las tarifas actuales”. El portavoz añadió que, en algunos momentos, la AP-66 fue además la única alternativa disponible, al recordar los episodios en los que el cierre de Pajares por la meteorología dejó sin otra vía abierta de comunicación.

En paralelo, el requerimiento a Aucalsa exigirá una revisión inmediata de la planificación de las obras para evitar la acumulación de incidencias y la adopción de medidas concretas y verificables que permitan restablecer niveles adecuados de servicio. El Principado también solicitará información técnica sobre el calendario, la ejecución y los plazos de los trabajos, así como una evaluación cuantificada de su impacto sobre la capacidad de la autopista y los tiempos de recorrido.

Actuación paralela a la impugnación de la prórroga

El Ejecutivo autonómico subrayó que esta actuación es independiente de la ya iniciada para impugnar la prórroga de la concesión del peaje del Huerna. “Esto se tramita en paralelo a las actuaciones ya iniciadas para impugnar la propia prórroga del peaje del Huerna”, señaló Peláez, quien remarcó que ambas vías son “distintas y compatibles” en defensa de los intereses generales del Principado y de las personas usuarias.

El Gobierno asturiano advirtió de que en caso de no obtener una respuesta adecuada, acudirá a la jurisdicción contencioso-administrativa para interponer el recurso correspondiente por la situación actual de la infraestructura.

Suscríbete para seguir leyendo