El Principado no cierra la puerta a más decisiones para depurar responsabilidades por el accidente de Cerredo: "Esto es solo el principio", afirma Peláez

El Gobierno del Principado no da por finalizado el análisis de las posibles responsabilidades políticas sobre el accidente mortal de Cerredo, pero aguardará a que se vayan produciendo posteriores acontecimientos que acoten esas responsabilidades. El portavoz del Ejecutivo, Guillermo Peláez, ha dicho este lunes que las decisiones adoptadas tras el severo informe de la Inspección General de Servicios sobre el funcionamiento de la administración de Minas “son solo el principio” dentro del proceso abierto para esclarecer lo ocurrido y depurar responsabilidades. Peláez afirmó que la actuación del Gobierno no se detendrá en las medidas ya anunciadas y recalcó que se seguirán tomando decisiones “según vayamos conociendo los hechos y se vayan esclareciendo”. "

Peláez insistió en que el único análisis disponible en este momento y sobre la mesa es el informe de la Inspección General de los Servicios, “encargado por el propio Ejecutivo autonómico tras la tragedia”. A partir de ese documento, recalcó, el Consejo de Gobierno “ha asumido once recomendaciones, ha ordenado tres investigaciones sumarias sobre aspectos concretos detectados en el funcionamiento administrativo y ha remitido el informe a la Fiscalía”.

¿Significa eso que el Ejecutivo da por resuelta la responsabilidad? “El compromiso del presidente y de este Gobierno es depurar todas las responsabilidades que haya que depurar. No nos cerramos ninguna puerta, es más, consideramos que esto es solo el principio dentro de ese compromiso de esclarecer todos los hechos”, declaró el portavoz.

A la espera de más investigaciones

Peláez insistió en que continúan abiertas varias vías de investigación sobre el accidente, concretamente la judicial y la parlamentaria. En ese contexto, Peláez subrayó que el Gobierno actuará “a medida que aparezcan nuevos datos” y rechazó fijar de antemano el alcance de futuras decisiones políticas.

Insistió en que el informe de la Inspección General de los Servicios señala deficiencias administrativas administrativas, que “ya han comenzado a ser abordadas con la aceptación de recomendaciones” y con cambios organizativos. No obstante, el portavoz dejó claro que el Principado no da por descartada ninguna consecuencia posterior.

“Hay muchas investigaciones abiertas actualmente y, a medida en que conozcamos nuevos hechos, evidentemente se adoptarán todas las responsabilidades que haya que adoptar”, señaló. En la misma línea, añadió que el Ejecutivo mantiene intacto el compromiso de llegar “hasta el final” con el esclarecimiento de lo sucedido.

Cambios y medidas ya adoptadas

Peláez defendió que el Gobierno “ha actuado desde los primeros días tras el accidente”. Recordó que se renovó totalmente la cúpula de la Consejería de Industria, que se encargó el informe de la Inspección General de los Servicios y que, una vez conocido su contenido, se asumieron sus once recomendaciones e incluso se fue “más allá” con nuevas decisiones para reformar el funcionamiento del servicio de minas.

Entre esas medidas citó la recuperación del servicio de seguridad minera y la decisión de no conceder nuevos permisos de investigación complementaria (PIC) que impliquen extracción hasta que se regule de forma específica ese procedimiento.

Además, Peláez recalcó que el informe de la Inspección General de Servicios "fue muy criticado por la derecha cuando se encargó al considerar que era como investigarnos a nosotros mismos, pero que ahora utiliza para criticar al Ejecutivo".

Eso sí, Peláez remarcó además que, en la causa judicial, los investigados son la empresa Blue Solving y sus responsables, e insistió en que la Administración autonómica “en ningún caso autorizó la extracción de carbón en Cerredo”.

Choque político por las responsabilidades

Frente a ese relato de pasos adoptados por el Ejecutivo y la insistencia de que el proceso no está terminado, Peláez acusó a la oposición de la derecha por intentar “generar ruido” con este asunto. Recalcó que el Principado ha actuado con “absoluta tranquilidad y absoluta determinación” para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades. Frente a las críticas de PP y Foro, el portavoz reivindicó que el Gobierno ha mantenido una línea de “máxima transparencia”.

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