Recurren el decreto que regula las viviendas turísticas en Asturias por su "impacto económico de gran envergadura y comprometer decenas de millones de euros en ingresos" al sector

La Asociación de Alojamientos de Corta Estancia de Asturias (Casocia) ha recurrido el  nuevo decreto, aprobado en febrero, que regula las viviendas de uso turístico en la región y que supone una modificación del texto de 2016 al incorporar nuevos requisitos y endurecer el control sobre ese tipo de alojamientos con, entre otras fórmulas, un refuerzo del papel de los ayuntamientos. La organización empresaria pide además, en su recurso contencioso administrativo, que se apliquen medidas cautelares para "evitar el grave perjuicio que esta norma puede causar a miles de propietarios, a la oferta turística y a la economía regional".

Según explican, este paso se da "después de meses de advertencias ignoradas, de la falta de una escucha real al sector y de la imposición de una regulación que castiga a quienes ya venían ejerciendo su actividad de forma legal y en cumplimiento de la normativa vigente". Casocia ve "inaceptable que se pretenda reescribir las reglas del juego para quienes ya habían cumplido, invertido y organizado su actividad conforme al marco legal anterior".

La vicepresidenta del Gobierno y consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo, resaltó cuando se aprobó el decreto que éste busca "reforzar la convivencia y combatir la ilegalidad", en defensa del modelo turístico del Principado. “Asturias quiere un turismo que sume, un turismo de calidad, en el que el control sea fundamental y la convivencia no pague el precio del éxito”, subrayó el pasado febrero. La norma desarrolla la reforma de la Ley de Turismo de 2024 y “establece reglas más claras para quienes lo hacen bien y más control para quienes operan fuera de la norma”, resaltan en el Principado.

"Retroactividad encubierta"

Pero no lo ven así en Casocia, que aseguran que la norma incluye la "retroactividad encubierta, posibles invasiones competenciales y un elevado grado de incertidumbre" para los casi de 6.000 propietarios de viviendas de uso turístico en Asturias. "No se está tratando de ordenar el sector, sino de expulsar del mercado a una parte muy relevante de una oferta turística reglada y plenamente legal", insisten. Según los informes técnicos y económicos aportados junto al recurso, la aplicación de la norma en sus términos actuales podría dejar fuera de juego a 3.942 viviendas (el 67 %) y suponer la pérdida 19.748 plazas (el 73 %), lo que supondría "una reducción sin precedentes del sector en Asturias y un golpe directo a la actividad turística distribuida por todo el territorio", advierten los empresarios.

Entre los puntos más conflictivos figura que las viviendas ya existentes tengan que asumir toda la nueva regulación. Los propietarios advierten de que es un "cambio normativo desproporcionado, carente de justificación técnica suficiente y con consecuencias devastadoras para familias, pequeños propietarios y negocios vinculados al turismo de corta estancia". Otras quejas se refieren a que los dueños de VUT deberán prestar servicios "propios de la industria hotelera, con las cargas tributarias y administrativas que ello supondrá para miles de familias asturianas que quizás no puedan asumirlas". La adaptación de las VUT a los nuevos requisitos también es rechazada por hacer que sea "inviable" para muchas.

Sin "motivación técnica"

Acusan en Casocia al Gobierno de incurrir en incoherencias y no tener "una motivación técnica seria, transparente y proporcionad". Y añaden: "Más allá de apelaciones genéricas a la sostenibilidad, la calidad o el mercado residencial, el Principado no ha acreditado de forma suficiente por qué era necesario imponer una reforma de este calibre sobre una actividad que representa una parte tan limitada del parque de viviendas asturiano, solo un 1,28 %".

Los informes periciales encargados por Casocia alertan, asegura la organización. de un impacto económico potencial de gran envergadura, con decenas de millones de euros en ingresos directos comprometidos, pérdida de pernoctaciones, destrucción de empleo y daño a la economía de proximidad, especialmente en municipios rurales y del interior, donde estas viviendas cumplen una función esencial de dinamización. En total, las pérdidas estimadas hasta la fecha ascienden al importe de 115 millones de euros anuales. Si bien, podrían incrementarse si, como la Asociación intuye, el Principado no ha previsto medidas para paliar este daño.

La organización asegura que quiere dialogar, pero que no asumirá "una regulación arbitraria, lesiva y profundamente injusta para el sector. La Asociación defenderá hasta el final un marco normativo equilibrado, proporcionado y respetuoso con la seguridad jurídica, la iniciativa privada y el papel que el alojamiento de corta estancia desempeña en el modelo turístico asturiano".