Las versiones de los dos exconsejeros señalados ahora por la crisis del carbón del Principado: uno dijo que solo sabía "pinceladas" de la mina de Cerredo y la otra asumió que era la "responsable política" de las decisiones

Enrique Fernández, presidente de Hunosa, y Nieves Roqueñí, presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, han sido señalados por el descontrol en la gestión autonómica de las minas, descubierto a raíz del accidente minero de Cerredo y desvelado por el duro informe interno encargado por el Principado. La oposición considera que los dos exconsejeros de gobiernos de Adrián Barbón, deben asumir culpas por las “deficiencias” que se produjeron bajo sus órdenes -primero de Fernández y luego de Roqueñí- como consejeros de Industria. La otra exconsejera señalada, que sucedió a Roqueñí en el cargo, ha sido Belarmina Díaz, la única en sufrir por ahora consecuencias políticas: dimitió solo quince días después del accidente. Había ascendido a consejera en febrero de 2025, mes y medio antes del accidente, aunque ya venía ejerciendo las competencias de minería desde 2017 como directora general.

Tanto Fernández como Roqueñí ejercieron como consejeros de Industria en los años señalados. No han hablado a raíz del informe de la Inspección General, pero sí lo hicieron, largo y tendido, ante la comisión de investigación parlamentaria de Cerredo para dar cuentas de su gestión en la Consejería. Y su narrativa resulta notablemente contraria, lo cual cobra especial valor ahora, con la "crisis minera" cercando al Ejecutivo de Barbón y la creciente presión para que se depuren responsabilidades políticas. Roqueñí no dudó en reconocer que como consejera sobre ella recaía la máxima responsabilidad, mientras Fernández recalcó que quienes estaban por debajo de él trabajaban con “total autonomía” y que a él solo le llegaban “pinceladas”.

Delegación de competencias

Enrique Fernández afirmó en comisión que “las competencias en materia de minería y energía estaban ampliamente delegadas a efectos operativos”. Explicó que los directores generales, entre los que ya estaba Belarmina Díaz con las competencias en minería, tenían “autonomía para tomar decisiones en el día a día, decisiones operativas. Incluso cuando veían que eran decisiones de calado, tenían la capacidad de tomar la iniciativa y luego consultarlo, obviamente, conmigo”. Tal era el grado de esta delegación de competencias, que Fernández llegó a reconocer que sobre los procesos que se iniciaron tras el accidente de 2022 en la mina de Cerredo, preludio de la tragedia de 2025 en el que falleció un trabajador y otro resultó gravemente herido, a él le llegaban “pinceladas” en reuniones quincenales.

Esta forma de proceder se mantuvo posteriormente con Nieves Roqueñí, si bien la actual presidenta de El Musel diferenció entre autonomía y competencias delegadas. “¿Autonomía quiere decir que no despachaban nunca conmigo? Pues no, no tenían autonomía. Despachaban conmigo, con el viceconsejero, teníamos comités de dirección y, desde luego, los asuntos se trataban colegiadamente”, contestó a cómo era la relación laboral con Belarmina Díaz. Por tanto, asumió, con rotundidad, que "como consejera yo tengo la responsabilidad política".

Accidente

Preguntado por ese primer accidente de 2022, cuando él todavía era consejero, Fernández contó que al principio las informaciones eran confusas. “Recuerdo recibir información verbal (por parte de Belarmina Díaz) de que era un accidente que se había producido una explotación y que había un carbón del cual había que investigar su procedencia. Que se iba a poner toda la información a disposición del juzgado oportuno y que se estaban abriendo expedientes de investigación, de sanción…”, contó.

Fernández detalló que durante las semanas posteriores recibía información de los pasos que se iban dando, pero que no se preocupó por indagar más allá de lo que le contaban: “Yo me hubiera preocupado si se me hubieran dicho que no se estaba investigando o si se me dijese que aquello había sido fortuito y luego me enterase de que iba una carga de carbón. Pero como lo que se hacía era lo que entendía lógico, dados los hechos, pues la preocupación era de estar informado”.

“El novato lógicamente era yo. Entonces, decirle a los técnicos, a los ingenieros de minas, lo que tenían que hacer era complejo”, reconoció.

Expedientes sancionadores

Tras el accidente de 2022, la dirección general de Minas inicia una investigación sobre la empresa Combayl y lo ocurrido en Cerredo. Sin embargo, la apertura del expediente sancionador no se realiza hasta que Roqueñí es consejera, una demora que su predecesor achaca a “retrasos sobrevenidos por circunstancias personales y humanas”, negando de que él diese orden directa de postergarlo. La calificación de la sanción se modificó a posteriori para rebajarla, cuestión que Adrián Barbón anunció que se va a investigar.

Proyectos de investigación complementaria (PIC)

Fernández explicó en la comisión que durante su periodo como consejero hubo un resurgimiento de los PIC debido al interés de la Unión Europea en las materias primas críticas, lo que “generó un interés renovador por la prospección minera”, aunque no entró a cuestionar su uso. Por su parte, Roqueñí detalló que cuando se le concede un PIC a Blue Solving fue con condiciones, entre ellas, tener un plan de labores y un director facultativo. Cuestiones ambas necesarias “para garantizar la seguridad en la mina”. Pero recordó que el plan de labores no fue presentado en ningún momento.

Servicio de Seguridad Minera

Una de las cuestiones más criticadas es la desaparición de un servicio específico de Seguridad Minera en 2019. Fernández señaló en la comisión que esta decisión se tomó de forma “colegiada” en el marco de un “proceso amplio de revisión” de todo el Gobierno. Las razones fueron una reducción de la actividad minera -“en el año 2019 la extracción de carbón fue cero”- y por cuestiones económicas. “Hacienda manda mucho”, aseguró, aunque no supo decir cuánto supuso el ahorro de desmantelar este servicio específico.

“En aquel momento la realidad era un servicio, no se suprimía, sino que se fusionaba. Lo único que se suprimía era una ejecutora de servicio, ante una realidad subyacente de una caída drástica en la actividad extractiva minera”, recordó Fernández, quien también señaló a los diputados: “No recuerdo que fuera un objeto de polémica o de preguntas parlamentarias”.

Respaldo jurídico

“Todo lo que se tramitaba en la consejería, y yo era muy puntilloso en eso, necesitaba pasar el filtro jurídico para saber que todo aquello tenía un encaje legal. Lógicamente, un gestor, al menos yo, no va a correr con el riesgo de tomar decisiones que pueden tener repercusiones jurídicas, legales, personales, patrimoniales”, explicó Fernández. Algo que corroboró la propia Belarmina Díaz en su comparecencia: “No autoricé nada ilegal; lo que era ilegal era que extrajesen carbón”.

Entramado familiar

A lo largo de su comparecencia, Nieves Roqueñí negó conocer que Combayl y Blue Solving, las empresas que estuvieron al frente de Cerredo, pertenecieran al mismo entramado familiar. “Yo creo que queda acreditado que yo no conozco la vinculación entre estas empresas y, por tanto, estas empresas no tenían una autorización vigente para extraer carbón”, dijo. Para dejar esta idea clara, la exconsejera señaló en todo momento que en el momento del accidente de 2022 la empresa titular era Combayl y que desde la consejería se llevó a cabo el procedimiento sancionador correspondiente. También Enrique Fernández negó recordar los nombres de Chus Mirantes o su familia y sus empresas: “Yo recuerdo los nombres de proyectos que se generaron, que auspiciamos desde la consejería”. Belarmina Díaz también negó conocer este entramado.

Transmisión de derechos

Siendo consejero Enrique Fernández, la empresa Combayl adquirió los derechos de Cerredo a la Compañía Minera Asturleonesa a través de un proceso concursal. Preguntado por esta cuestión, el ahora presidente de Hunosa reconoció que “puedo decir que he oído hablar más ahora de la empresa Combayl que cuando era consejero”. Posteriormente, tras el accidente de 2022, se realiza una nueva transmisión de derechos a Blue Solving. Entonces ya era consejera Nieves Roqueñí. “El accidente de 2022, evidentemente, se sanciona. Y digamos que se tiene claro que la empresa no tuvo un comportamiento responsable, pero después realmente no hay caso. Hay una serie de expedientes de transmisión de concesiones que yo no tengo conocimiento ni de que haya relación ni de que sea el mismo entramado empresarial”, explicó.

Defensa de su gestión

Nieves Roqueñí cerró su comparecencia haciendo una defensa del trabajo realizado, pero asumiendo su responsabilidad política última como consejera: “Yo estoy convencida de que se hizo lo que se tenía que hacer en cada momento. Cuando se tuvo conocimiento de un hecho ilícito, se castigó al empresario […] Yo creo que han pasado por aquí muchos técnicos de minas que creo que con profesionalidad hicieron un análisis del riesgo que había ahí y actuaron en consecuencia. Como consejera, yo tengo la responsabilidad política, pero creo que la cadena de decisiones y la cadena de actuaciones han sido correctas para la información y para el contexto de cada momento”.

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