¿Por qué denunciará Asturias al Gobierno de Sánchez? ¿Qué dice la Comisión Europea? Todos los frentes de la gran guerra por el peaje del Huerna

Asturias ha intensificado la presión por la vía política y judicial en torno a la autopista del Huerna (AP-66), la única conexión de alta capacidad entre la región y la Meseta. La infraestructura, gestionada por la concesionaria Aucalsa, está privatizada y su uso cuesta actualmente 16,20 euros, el precio más alto de su historia.

El conflicto en torno al Huerna se ha convertido en uno de los principales asuntos de la política regional en los últimos meses, con varios frentes abiertos que apuntan a prolongarse en el tiempo. El Gobierno autonómico, junto a empresarios, sindicatos y colectivos sociales, reclama al Ministerio de Transportes la anulación del peaje. Además, exigen rebajas tarifarias por unas obras sin fecha de finalización que dificultan la circulación.

Estas son las claves del conflicto:

¿Por qué Asturias pide eliminar el peaje?

El Gobierno del Principado, respaldado por la oposición, empresarios, sindicatos y usuarios, reclama la supresión del peaje amparándose en un dictamen de la Comisión Europea, organo ejecutivo de la Unión Europea.

Bruselas considera irregular la ampliación de la concesión aprobada en el año 2000 por el Gobierno de José María Aznar, siendo el asturiano Francisco Álvarez-Cascos ministro. En aquel momento, el peaje tenía como fecha de finalización 2021, pero el Ejecutivo decidió extender la concesión hasta 2050.

La Comisión Europea concluye que esa prórroga no se ajustó a derecho: no hubo concurso público y, además, la autopista fue privatizada poco después (2003). Según el dictamen, el Estado amplió la concesión con la intención de aumentar su valor antes de venderla.

¿En qué punto está el expediente europeo?

La Comisión Europea ha enviado un dictamen motivado al Estado español. El Gobierno de Pedro Sánchez defiende la legalidad de la prórroga y rechaza rescatar la autopista por su elevado coste económico. Si Bruselas no considera suficientes las explicaciones, el caso podría llegar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que abriría la puerta al fin del peaje si así lo dictamina la Justicia. Por ahora, ambas partes siguen intercambiando documentación sin plazos definidos. El Ministerio de Transportes, en manos de Óscar Puente, enfrentado con el Gobierno asturiano, es el encargado de gestionar este asunto.

¿Qué ha hecho el Gobierno asturiano?

El Ejecutivo autonómico ha iniciado un procedimiento de nulidad para invalidar la ampliación de la concesión. Ante la falta de respuesta del Ministerio, el Principado prevé acudir a la Audiencia Nacional. Ese paso podría darse en junio, cuando finaliza el plazo para que el Gobierno central responda al requerimiento, algo que no se espera que ocurra.

¿Qué papel juegan los empresarios?

La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) ha seguido la misma estrategia y ha presentado su propia solicitud de revisión junto a asociaciones del sector como Asetra, Cesintra, CAR, Astra y Asvipymet. Sin respuesta hasta el momento, la patronal ya ha anunciado que su siguiente paso será recurrir a la vía judicial.

¿Qué ocurre con las obras?

La autopista lleva cerca de un año y medio sin funcionar con normalidad. Las obras en los túneles acumulan retrasos de varios meses y no tienen fecha de finalización. A esto se suma el gran argayo registrado en noviembre de 2024 que sigue dificultando la circulación y cuya reparación está prevista para este verano.

Por este motivo, el Principado exige una rebaja del peaje y prevé acudir también a los tribunales por este motivo. Argumenta que no se puede cobrar la tarifa íntegra si el servicio no se presta en condiciones normales.

¿Qué se le reclama a Aucalsa?

La Dirección General de Consumo del Principado ha requerido a Aucalsa información detallada sobre el estado de la autopista debido a las obras. La empresa respondió solicitando el archivo del expediente, pero la Administración ha reiterado el requerimiento, cuyo plazo vence este mes. “El estado de la autopista es una vergüenza”, afirmó el consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico.

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