Asturias da el paso y llevará al Gobierno de Pedro Sánchez al Supremo para anular el peaje del Huerna: "profunda decepción" con Óscar Puente

El Gobierno regional (PSOE e IU) interpondrá un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra la ampliación de la concesión de la autopista del Huerna (AP-66), en vigor hasta 2050 después de la prórroga que llevó a cabo el Ejecutivo central de José María Aznar (PP) en el año 2000, con Francisco Álvarez-Cascos como vicepresidente. El Principado, como medida previa a los tribunales, había interpuesto un recurso de nulidad al Ministerio de Transportes, liderado por el socialista Óscar Puente, que ha rechazado la solicitud asturiana para declarar la nulidad de un peaje puesto en duda por la UE.

Alejandro Calvo, consejero de Movilidad, ha sido el que ha dado a conocer la negativa de Transportes, así como el recurso que presentará el Principado, en una rueda de prensa que no estaba prevista y que fue convocada tras recibir la Consejería la notificación del Ministerio.

La ampliación del peaje del Huerna está bajo el foco de la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión Europea, que la considera irregular, al no mediar concurso público, entre otras cuestiones. Este es el motivo por el cual Asturias reclama el fin del peaje, que cuesta 16,20 euros. Calvo, además, calificó la posición del Ministerio, de su mismo color político (PSOE), como "profundamente decepcionante". En un plazo de dos meses, el Principado interpondrá el recurso, lo que supone que el Gobierno regional llevará a los tribunales al Ejecutivo central, del mismo partido.

La respuesta ministerial llega más de cuatro meses después de la solicitud planteada por Asturias y, según el Gobierno regional, no entra en el fondo de una cuestión que considera clave para la comunidad. “Lo que hemos recibido es una comunicación en la que el Ministerio inadmite nuestra solicitud, pero sin entrar en el fondo del asunto. Más de cuatro meses después, lo que ha hecho es evitar pronunciarse sobre la legalidad de la prórroga de la concesión y ha fundamentado la inadmisión única y exclusivamente en el paso del tiempo. Ese planteamiento resulta jurídicamente insuficiente y políticamente insatisfactorio", destacó el consejero.

"Lo que ha hecho el Ministerio es evitar pronunciarse sobre la legalidad, excusándose en el paso del tiempo. Y entendemos que esta cuestión requiere un análisis de fondo", insistió. "Quizás lo único positivo es que no haya habido silencio administrativo, que habría sido aún peor. Pero todas nuestras posiciones se han trasladado por escrito de manera reiterada", añadió. Bajó el punto de vista de Calvo, "el paso del tiempo, que el Ministerio utiliza como argumento, en realidad agrava la irregularidad".

Sintonía con Bruselas

En paralelo, el Principado mantiene abierta la vía europea y destaca la "comprensión" mostrada por la Comisión Europea, con la que ha compartido toda la documentación del caso. Asturias sostiene que existe una coincidencia de criterios con las instituciones comunitarias, en contraste con la posición del Ministerio.

Impacto en Asturias

El Gobierno regional insiste en que la prórroga del peaje tiene consecuencias directas sobre la economía y la ciudadanía, desde el encarecimiento de costes hasta la pérdida de competitividad y las dificultades de conexión con la Meseta.

En este contexto, la decisión del Ministerio no solo ha generado una respuesta jurídica, sino también política. El Principado considera que se ha perdido una oportunidad para revisar una situación que califica de injusta y que mantiene un amplio respaldo social en Asturias.

Con la judicialización en marcha, el conflicto entra ahora en una nueva fase en la que el Gobierno autonómico confía en que, ya sea en el Tribunal Supremo o en instancias europeas, se aborde finalmente el fondo del asunto que, a su juicio, el Ministerio ha evitado, y se declare la nulidad del peaje.

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