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Ecos de la crisis minera en dos concejos: el PSOE de San Martín defiende al presidente de Hunosa y Moriyón urge la destitución de Roqueñí en el Puerto de Gijón

Ardines, alcalde del municipio del Nalón, denuncia un «empecinamiento» contra el presidente de Hunosa

La alcaldesa de Gijón considera «un deber político y moral» el cese de la presidenta del Puerto por su responsabilidad como exconsejera

Por la izquierda, Isaac Pola, Nieves Roqueñí, Enrique Fernández y José Ramón Martín Ardines, en una imagen de archivo.

Por la izquierda, Isaac Pola, Nieves Roqueñí, Enrique Fernández y José Ramón Martín Ardines, en una imagen de archivo. / David Orihuela

Vicente Montes

Vicente Montes

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, hizo suyas las peticiones de sus ediles reclamando la dimisión de la presidenta del Puerto de Gijón, Nieves Roqueñí, e instó al presidente Adrián Barbón a que defienda su destitución. En el lado contrario, la agrupación socialista de San Martín del Rey Aurelio cerró una férrea defensa de la labor del exconsejero y presidente de Hunosa, Enrique Fernández. El alcalde de San Martín y secretario general de la agrupación socialista de ese concejo, José Ramón Martín Ardines, denunció una "estrategia de desgaste" contra Enrique Fernández, que fue alcalde del municipio. El propio Ardines fue jefe de gabinete de Enrique Fernández en su etapa como consejero de Industria.

Tanto Roqueñí como Fernández están en el punto de mira del debate político sobre las presuntas responsabilidades en la gestión del Servicio de Minas, a raíz del análisis interno sobre el funcionamiento del servicio tras el grave accidente minero de Cerredo, donde murieron cinco trabajadores en una explotación ilegal que el Principado no fue capaz de detectar. "Tanto yo, como secretario general, como la agrupación de San Martín del Rey Aurelio estamos con Enrique Fernández; su gestión es algo que no está en cuestión", indicó Ardines a LA NUEVA ESPAÑA. El alcalde socialista de San Martín afirmó que "coincidió" que Enrique Fernández fue consejero de industria, pero que el accidente de Cerredo se produjo "después de que dejara el cargo".

"No entiendo la relación que se quiere hacer, pero sí se ve una estrategia de desgaste de su figura desde diferentes ámbitos, y no voy a decir cuáles", afirmó Ardines, quien aseguró "no entender" el "empecinamiento" contra el hoy presidente de Hunosa. "Lo que entiendo es que se usa, una vez más, una desgracia como arma política, de cara ya a las próximas elecciones; se ve que hay gente a la que le preocupan más las elecciones que la desgracia de los fallecidos, y las familias de los fallecidos y heridos", aseveró.

Mientras el PSOE de San Martín defiende a Enrique Fernández, el gobierno de Gijón redobla el ataque contra Nieves Roqueñí, presidenta del Puerto y que fue consejera de Transición Ecológica entre 2023 y 2025. La alcaldesa de Gijón recogió el guante que le lanzó el gobierno asturiano, instándola a pronunciarse. Moriyón recalcó que si el propio Adrián Barbón envió el informe interno sobre las deficiencias del servicio de Minas a Fiscalía es porque "puede haber alguna cuestión constitutiva de delito". "¿Cómo se entiende que quien hace eso luego siga respaldando en cargos de alto nivel a las personas que durante ese tiempo fueron conocedoras absolutamente de ese desmantelamiento y lo consintieran?", se preguntó.

Moriyón compareció ante los medios acompañada del diputado regional de Foro, Adrián Pumares, quien exigió responsabilidades al propio Barbón y a los exconsejeros que están en cargos públicos como el presidente Hunosa, Enrique Fernández, y Nieves Roqueñí. Moriyón centró la crítica en la presidenta del puerto gijonés. "Como alcaldesa de Gijón tengo el deber político y moral de reclamar lo mejor para Gijón y no tengo ninguna duda de que eso sólo pasa por exigir que quienes tuvieron responsabilidades en hechos tan graves como los que hoy conocemos no asuman la dirección de una infraestructura crítica para la ciudad y para Asturias. Por eso sí, el Ayuntamiento de Gijón como institución y yo como Alcaldesa del mismo, exigimos el cese de Nieves Roqueñí", certificó Moriyón. Además, afirmó que su designación como presidenta del El Musel solo obedeció a la necesidad de sacarla del gobierno regional buscándole un acomodo.

Moriyón sostuvo que su partido, Foro Asturias, ya venía denunciando la situación que se vivía en la dirección general de Minas del Principado antes de que dos accidentes mortales acabaran con la vida de seis mineros."Creo que hemos sido bastante respetuosos durante todo este tiempo. Porque hace un año en la tragedia y estamos hablando a raíz de un informe que es demoledor. Un año ha pasado ya y ahora es cuando decimos que ya está bien", remató la Alcaldesa.

Pumares, por su parte, quiso librar a los funcionarios de responsabilidad en el "caos" del servicio de minas del Principado puesto de manifiesto en el informe de la Inspección General de Servicios. "En la Administración Autonómica, tenemos la suerte de contar con unos funcionarios que se dejan la piel desarrollando su labor, pero que desgraciadamente no han estado respaldados por los responsables políticos", afirmó, al tiempo que insistió en reclamar que Barbón se someta a una moción de confianza en el parlamento autonómico.

El PSOE gijonés criticó la salida de la regidora. «Parece mentira que dos condenados por la justicia, Carmen Moriyón por mal uso de dinero público, y Adrián Pumares por revelación de datos, vengan a dar lecciones de decencia», aseguró el secretario general del PSOE de Gijón, Monchu García.

El propio Adrián Barbón colocó en sus redes un mensaje cuestionando el uso de instituciones en posiciones partidistas, sin referirsse explícitamente al caso de la alcaldesa de Gijón.

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