Adriana Lastra: "No puede saberse cuántos inmigrantes se regularizarán en Asturias, se habla de un 2 por ciento del total, pero no habrá efecto llamada ni podrán votar, es un bulo de la derecha"

Desde este jueves los inmigrantes en situación irregular y aquellos que hayan solicitado asilo antes del 1 de enero de este año podrán participar del proceso de regularización extraordinaria aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez, que finaliza el próximo 30 de junio. "No podemos saber cuántos inmigrantes se regularizarán en Asturias. La iniciativa legislativa popular de la que parte esta medida habla de que en Asturias se legalizaría un 2 por ciento del total. Podríamos dar una cifra, pero podríamos quedarnos cortos o superarla", ha indicado este jueves a mediodía la Delegada del Gobierno, en la presentación de este proceso, incierto al desconocerse la verdadera cifra de inmigrantes ilegales en Asturias, a lo que se añade la alta movilidad de esta población. Se ha barajado la cifra de medio millón de regularizaciones, que no es excesiva teniendo en cuenta que la que llevó a cabo el Presidente José Luis Rodríguez Zapatero en 2005 alcanzó a 576.506 inmigrantes. En ese caso, la cifra de regularizaciones en Asturias podría alcanzar las 10.000. Pero se habla incluso de un millon de regularizaciones en todo el país.

Lo que quiso la Delegada del Gobierno es quitar hierro a un proceso que está siendo muy criticado por las derechas. "Hablamos de personas que ya viven entre nosotros, que trabajan, que cuidan, que sostienen sectores enteros de nuestra economía y que forman parte de nuestra sociedad. No estamos creando nada nuevo, estamos dando seguridad jurídica, estamos dando derechos y estamos dando estabilidad a una realidad que ya está aquí", dijo. Lastra aseguró que "la regularización no va a tener efecto llamada, es un bulo de la derecha". Y remarcó que "los regularizados no podrán votar, porque obviamente sólo se puede votar con la nacionalidad española".

"Es una medida de normalización, pero también de justicia y de inteligencia como país, porque integrar no es un deber moral, es también una decisión que fortalece nuestra economía, nuestro sistema de bienestar y nuestra convivencia. Esta medida amplía derechos y protege a personas que viven en una situación de vulnerabilidad administrativa. Refuerza nuestro sistema de seguridad social y contribuye a la sostenibilidad de las pensiones. Y reconoce que la migración es parte del presente y del futuro de nuestro país", añadió Lastra. Algo que se comprende muy bien si se tiene en cuenta que la población africana podría llegar a 2.500 millones de habitantes en 2050, y que no menos de un 4 por ciento (un porcentaje habitual en todas las sociedades) de habitantes podrían tener la intención de emigrar al lugar próspero más cercano, en este caso Europa, y más concretamente su puente más asequible, España.

"Que la inmigración es el futuro es un hecho respaldado por organizaciones sociales, por agentes económicos, por sindicatos, por la patronal y por una amplísima mayoría social. Pero además conviene explicar bien el proceso, no estamos ante una naturalización indiscriminada. Es un procedimiento garantista, regulado y exigente. Para acceder a este proceso es necesario acreditar la ausencia de antecedentes penales en España, en el país de origen y en aquellos países en los que se haya residido previamente. Además se requiere no suponer una amenaza para la seguridad nacional, el orden público o la salud pública, algo que se verifica a través de los correspondientes informes", explicó.

Por tanto negó que se trate de "una regularización a granel". "El que dice eso está faltando a la verdad. Frente a esto hay quien intenta convertir la migración en un problema. Y conviene decirlo con claridad, la migración no es un problema. Lo que sí es un problema es alimentar el miedo, difundir bulos o degradar el debate público. Porque cuando se vincula inmigración con delincuencia de manera generalizada no se está atacando el gobierno, se está señalando injustamente a miles de personas que viven, trabajan y contribuyen a nuestro país", añadió. Y apeló directamente al PP: "España necesita una oposición seria en un tema como este. Una oposición que no se deje arrastrar por discursos extremos y que sea coherente con lo que ha defendido en el pasado. Porque en este país ya ha habido procesos de regularización, también con gobiernos del Partido Popular".

En la comparecencia de Lastra estuvieron presentes el director de área de Trabajo e Inmigración, David González, y el jefe de la Oficina de Extranjería, Damián Martínez, quienes explicaron cómo va a llevarse a cabo la regularización. El proceso ha empezado este jueves, pudiendo realizarse ya de forma telemática, y finaliza el 30 de junio. A partir de este lunes, 20 de abril, podrán empezar a concertarse citas presenciales. "No es una regularización indiscriminada. Podrán realizarla aquellos que hayan pedido protección internacional, lo que se conoce como asilo, y quienes se encuente en situación irregular y hayan llegado a España antes del 1 de enero. Hay una exigencia de ciertos requisitos, como acreditar la permanencia en el país durante los últimos cinco meses, carecer de antecedentes penales, no sólo en España, sino en los países de origen y en aquellos en los que se haya estado residiendo en los últimos cinco años. Esos antecedentes pueden consultarse por las autoridades españolas, se hace habitualmente", indicó David González.

Añadió que hay un registro de entidades colaboradoras que pueden ayudar a los inmigrantes a realizar los trámites, entre quienes se cuentan los colegios de abogados o de graduados sociales, entre otros muchos. Y advirtió sobre posibles estafas, ya que en estos casos siempre surge el bulo de que determinada persona o entidad puede conseguir cita rápidamente previo pago de cierta cantidad.

El jefe de la Oficina de Extranjería, Damián Martínez, explicó que las regularizaciones sólo las tramita la Unidad de Tramitación de Expedientes Extranjeros (UTEX), con sede en Vigo, que se ha reforzado con 150 personas. "Una vez comunicada , ya podrá trabajarse en el país, con una autorización que dura un año. Pasado ese año, tendría que irse a una regularización pro cuatro años. En ningun caso permite trabajar en la Unión Europea", explicó.

Las solicitudes presenciales, previa cita previa, se podrán realizar a través de las Oficinas de la Seguridad Social (al menos una oficina habilitada en cada provincia), de cuatro a siete de la tarde; en al menos una oficina de Correos habilitada en capitales de provincia y municipios de más de 50.000 habitantes, con atención al público de ocho y media de la mañana a cinco y media de la tarde; y en las Oficinas de Extranjería (OEX) en Madrid, Alicante, Valencoia, Almería y Murcia, con horario de cuatro a siete de la tarde.

Están exentos aquellos qyue se hayan refugiado en España por la guerra de Ucrania, y se han establecido un canal para incluir en el proceso a aquellos que hubiesen pedido ya la residencia y estuviese tramitándose, para evitar duplicaciones. Finalmente la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) será expedida por la Policía Nacional.

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