¿Puede caer el peaje del Huerna? Los juristas ven opciones en el Supremo, aunque anticipan una batalla judicial

El recurso anunciado por el Gobierno asturiano (PSOE e IU) ante el Tribunal Supremo contra la prórroga del peaje del Huerna (AP-66), que defiende el Ejecutivo de Pedro Sánchez, cuenta con el aval de expertos en derecho administrativo, que consideran que la vía elegida es la adecuada y que el proceso aún ofrece margen, pese a su complejidad, para acabar con una concesión que abarca hasta 2050.

El paso llega después de que el Consejo de Ministros inadmitiera la revisión solicitada por el Principado, fundamentando su decisión en el “tiempo transcurrido” desde la aprobación de la prórroga. El escrito, acordado por el Consejo de Ministros y trasladado por el Ministerio de Transportes, al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, fundamenta la inadmisión en el artículo 110 de la ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones, que establece que las facultades de revisión no se podrán llevar a cabo cuando “por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes”.

El argumento del “tiempo transcurrido” hace referencia a que la ampliación de la concesión fue efectuada en marzo del año 2000 por el Ejecutivo de José María Aznar (PP), siendo el asturiano Francisco Álvarez-Cascos vicepresidente primero. Para Asturias es insuficiente, motivo por el cual acude al Supremo, al tratarse de una decisión adoptada por el Consejo de Ministros.

Para Leopoldo Tolivar, catedrático en Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo, existe una “enorme contradicción” en la citada ley, ya que el artículo 106 establece que las administraciones pueden declarar una nulidad “en cualquier momento”. Por ese motivo, Tolivar es el menos optimista con las posibilidades de victoria en el recurso de Asturias, entre los consultados. “Ojalá se revoque la concesión. La vía que sigue el Principado es la correcta, pero es muy incierta. Estamos ante una situación jurídica muy complicada y no hay que tirar voladores, aunque Asturias tenga toda la razón”.

Alejandro Huergo Lora, también catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo, ve “lógico” que el Principado haya acudido al Supremo. “La Comisión Europea ya ha dicho que la concesión fue contraria a derecho, por lo tanto es positivo que el Principado active su propia vía judicial. Los argumentos de la Comisión Europea pueden hacerse valer”, indica. Pese a que existe jurisprudencia que va en contra de los intereses de Asturias, en lo que tiene que ver con decisiones administrativas recurridas pasados los años, Huergo Lora cree que “no se puede adelantar nada, hay mucha tela que cortar y no es lo mismo inadmitir un recurso de una persona respecto a la administración que una concesión de una autopista que sigue en vigor”.

Alejandro Cembellín, profesor ayudante doctor de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo, va en la misma línea. “Es lógico que Asturias luche en el Supremo, independientemente de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pueda declarar nulo el contrato”. Huergo Lora y Cembellín coinciden en que “hay opciones de que el recurso de Asturias pueda prosperar” y subrayan, al igual que Tolivar, que la posición de la Comisión Europea refuerza los argumentos del Principado, donde se sitúan buena parte de las expectativas sobre el futuro del caso.

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