Los usuarios pagaron más de 200 millones en el peaje del Huerna desde que Bruselas abrió el expediente por la legalidad de la prórroga

Más de 200 millones de euros. Esa es la cantidad que, según la Unión de Consumidores de Asturias (UCE), habría ingresado de forma “ilícita” Aucalsa, concesionaria del peaje de la autopista del Huerna (AP-66), desde octubre de 2021. En esa cifra se incluyen 12 millones que la organización calcula que se habrían cobrado de forma integra (16,20 euros en su recorrido completo) pese a que más del 40% de la vía se encontraba en obras, una situación que, además, continúa en la actualidad.

El origen del conflicto se sitúa en esa fecha: octubre de 2021 es, según la Comisión Europea, el momento en el que debía haber expirado la concesión. Bruselas considera que la prórroga aprobada en el año 2000 hasta 2050 fue irregular, lo que ha abierto un expediente que también afecta a la AP-9 gallega.

En este punto, la UCE aporta además una estimación más concreta para reforzar su denuncia. Con datos de tráfico de la DGT —entre 8.500 y 9.000 vehículos diarios— calcula que, solo entre julio de 2025 y la actualidad, Aucalsa habría recaudado cerca de 30 millones de euros, de los que unos 11,3 millones corresponderían a tramos afectados por obras, es decir, sin una contraprestación plena del servicio.

En este contexto, la organización ha presentado una denuncia ante la Fiscalía contra Aucalsa por un presunto delito de estafa. Considera que el cobro del peaje desde 2021 constituye un “abuso sistemático y continuado” hacia los usuarios, al haberse mantenido una concesión que, a su juicio, carece de validez legal.

El presidente de la UCE, Dacio Alonso, fue especialmente duro al valorar la actuación de la concesionaria. “Aucalsa ha llevado a cabo conductas que rayan lo delictivo y deben ser revisadas por el Código Penal”, afirmó. En paralelo, reclamó al Principado de Asturias que abra expedientes sancionadores, al considerar que existen indicios suficientes tanto en la documentación recopilada como en las inspecciones realizadas.

La organización no solo pide sanciones, sino también la devolución de las cantidades cobradas indebidamente a los usuarios. “Si algo es manifiestamente ilegal, no puede provocar un perjuicio a los ciudadanos”, subrayó Alonso.

Todo ello se enmarca en un conflicto más amplio. El Principado ya ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Supremo para solicitar la nulidad de la concesión, con el respaldo de Galicia y Castilla y León, mientras que el Ministerio de Transportes ha rechazado revisar de oficio la prórroga alegando el tiempo transcurrido.

La UCE, por su parte, carga también contra el Gobierno central, al que acusa de “mirar para otro lado”. Alonso calificó de “indolente” la actitud del ministro Óscar Puente, al entender que no ha dado respuesta ni a las demandas del Ejecutivo asturiano ni a las advertencias de la Comisión Europea sobre la legalidad del peaje del Huerna.

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