Incierto futuro para una mina de carbón en el Suroccidente: la plantilla de la explotación de Ibias pide al juez ir al paro tras un año sin cobrar

El futuro de Mina Miura, en Tormaleo (Ibias) es sombrío. Los últimos trabajadores de la explotación pedirán hoy ante el juzgado de lo social número 3 de Oviedo que el propietario, Fernando Martínez Blanco, los libere de la relación contractual y los envíe al paro, tras casi un año sin pagarles las nóminas. Martínez Blanco, de la empresa Big TNZ Trading, adquirió Carbones La Vega a Chus Mirantes, empresario de la mina de Cerredo que explotaba carbón ilegalmente y en la que murieron cinco trabajadores en marzo de 2025.

Martínez Blanco se hizo con la mina de Ibias en octubre de 2025, y se comprometió a abonar las nóminas pendientes de los trabajadores, que llevaban sin cobrar desde abril. Únicamente pagó una mensualidad y aseguró que poco después abonaría el resto, lo que los trabajadores interpretaron como muestra de buena voluntad.

Pero la paciencia de la plantilla se ha agotado. De los más de treinta trabajadores iniciales de la explotación, un grupo ya está trabajando en otras empresas. Hoy, 13 trabajadores reclamarán ante el juzgado la extinción de la relación laboral. La única salida para el empresario será poner sobre la mesa un compromiso de pago con un aval que garantice el abono de las nóminas pendientes. Quedan un puñado de empleados que pelean el reconocimiento de su relación laboral con Carbones La Vega porque estaban contratados a través de otra empresa del entramado de Chus Mirantes, aunque prestaban actividad en la mina de Ibias.

Los problemas económicos de la explotación ya hacen muy cuesta arriba la continuidad, aunque el empresario ha expresado a la plantilla en varias ocasiones su voluntad de activar la explotación, principalmente dirigida a la búsqueda de minerales raros, además de carbón. Pero el Principado reclamará que la mina se someta al análisis del Instituto de Transición Justa para evaluar si debe devolver ayudas antes de validar cualquier permiso. Además, como publicó LA NUEVA ESPAÑA, la fiscalía tiene abiertas diligencias por posible extracción de carbón sin permiso en la ampliación de la zona a cielo abierto, donde la empresa debía llevar actuaciones de restauración ambiental.

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