José Luis Alperi, líder del SOMA: "En el caso Cerredo, las responsabilidades políticas deberían implicar abandonar cargos"

José Luis Alperi (Cuturrasu, Langreo; 1970), es ingeniero técnico industrial. Ejerce de secretario general del histórico sindicato minero SOMA-FITAG-UGT desde 2013 y milita en la Agrupación Socialista de Langreo. En la Federación Socialista Asturiana ocupa una Secretaría Ejecutiva.

-¿Ha leído el informe de la Inspección de Servicios sobre el funcionamiento del departamento de Minas del Principado?

-Sí, es muy completo. Me quedo con tres cuestiones. Viene a dar la razón al planteamiento que expresó el SOMA en 2019 contrario a la supresión del servicio de Seguridad Minera. Ver nuestra postura reflejada de forma tan clara produce hasta coraje. Además, clarifica la confusión entre la devolución de las ayudas al cierre de la minería con la de las ayudas a la restauración, y el informe deja claro qué tipo de ayudas son unas y otras. Por último, plantea mejoras internas en la Administración que deben aplicarse lo antes posible.

-El servicio de Seguridad Minera se recupera, y el Gobierno dice que eso no tuvo relación causal con el accidente. ¿Las razones que se dieron en 2019 eran organizativas?

-Así consta en el acta de la reunión: reestructuración organizativa y presupuestaria, y que «venía dada» . En la comisión regional de Seguridad Minera habrá que explicar cómo se recuperará el servicio, con qué estructura, funciones y, sobre todo, con qué medios humanos contará. Es lo más importante.

No cuestiono la profesionalidad de los inspectores de minas en ningún momento.

José Luis Alperi

— Secretario general del SOMA

-¿Fallaron las inspecciones en Cerredo?

-Yo creo que no. No cuestiono la profesionalidad de los inspectores en ningún momento.

-¿Hay responsabilidades políticas por las deficiencias?

-El informe apunta responsabilidades en el ámbito administrativo y jurídico, pero a la vista de las manifestaciones tanto del PSOE asturiano como de Izquierda Unida, que conforman el Gobierno, yo deduzco que entienden que también hay responsabilidades políticas.

-¿Falló la Administración a los mineros y sus familias?

-Esa es la clave. No voy a dar nombres, pero en la mente de todos está quiénes desempeñaron la responsabilidad en las distintas etapas. Sinceramente, escuchando a la FSA y a IU deduzco que hay responsabilidades políticas. Lo que no entiendo es por qué se está dilatando ese debate o esas actuaciones. Si yo fuera un familiar de uno de los cinco fallecidos, desde luego no lo entendería.

El presidente es el responsable último de todo, evidentemente, pero hay escalones intermedios que deben asumir esa responsabilidad en primer término.

José Luis Alperi

— Secretario general del SOMA

-¿Una vez identificadas esas responsabilidades, qué debe hacerse?

-Las responsabilidades políticas se señalan ante la sociedad. Si el Gobierno quiere poner orden en su casa y ganar credibilidad, debe señalarlas. Y la responsabilidad política lleva inherente dejar de ejercer un cargo de designación política. Para el SOMA, y creo que también para la sociedad, eso es así.

-Los exconsejeros del área con cargos por designación política son Enrique Fernández, en Hunosa, y Nieves Roqueñí, en el puerto de Gijón. ¿Puede el Principado revocarlos?

-Sería muy grave que el Gobierno de Asturias no pudiera hacerlo en nombramientos políticos. Otra cosa es que ni siquiera se haya planteado todavía.

-La derecha señalar como responsable político a Adrián Barbón.

-Forma parte de la estrategia de oposición, pero no lo comparto. El presidente es el responsable último de todo, evidentemente, pero hay escalones intermedios que deben asumir esa responsabilidad en primer término. No tendría sentido que toda petición de responsabilidades acabase en el presidente.

-¿Cree que la supresión de la consejería de Transición Ecológica y la atribución de funciones a Borja Sánchez han regenerado esa área?

-Borja Sánchez es una buena persona, un buen político y un buen consejero. El trabajo que tiene por delante es ingente, pero la valoración es positiva, sobre todo porque está explicando las actuaciones y dando pasos firmes.

-¿Ha actuado adecuadamente el Gobierno asturiano en este asunto?

-Quien va a poner negro sobre blanco qué pasó, cómo pasó y quiénes son los responsables penales será el proceso judicial, y está bien que lo haga, pero las certezas definitivas las dará el juzgado.

-Extrabajadores de Cerredo y vecinos aseguran que era un secreto a voces que se extraía carbón. ¿Al SOMA le constó eso?

-No, no tuvimos conocimiento.

-¿Conocía quién era Chus Mirantes?

-Se conocía que era uno de los empresarios de la minería.

-¿Sabían que Combayl y Blue Solving, que se transmitieron los derechos de Cerredo tras el accidente de 2022 eran parte del mismo entramado familiar?

-No. Desde 2016 o 2018 en adelante, los cambios societarios en la minería del suroccidente fueron constantes, con administraciones concursales por medio, y no teníamos constancia real de quiénes eran los socios o propietarios.

-¿Y por qué se personan como acusación?

-Por humanidad. Las muertes de estos cinco mineros no pueden quedar en un dato estadístico. Cada muerte en un accidente laboral nos obliga a todos. En el accidente de 2022 ayudamos a la viuda del fallecido. La relación del SOMA con la minería es histórica. Entendimos que debíamos personarnos, la jueza lo ha considerado así y creemos que es una cuestión de memoria, de verdad y de justicia.

Con la estrecha colaboración que había entre el ITJ, la consejería de Industria del Principado y la Dirección General de Minería, me cuesta mucho creer que el ITJ no supiese que se extraía carbón en Asturias.

José Luis Alperi

— Secretario general del SOMA

-El SOMA estuvo en reuniones y foros en los que se hablaba de las comrcas mineras. ¿Creían ustedes que todo estaba en regla en las minas que se reabrían?

-En aquel momento no se cuestionaba una mala fe detrás de los proyectos. De hecho, hay proyectos viables que pueden continuar y ojalá continúen. Hay que distinguir entre los procesos y la perversión que algunos hacen de esos procesos.

-¿A qué se refiere?

-A que si existe una figura normativa, como la del Proyecto de Investigación Complementario (PIC), un mal uso puede llevar a actividades ilícitas y, en otros casos, puede servir para generar empleo y actividad. No se puede generalizar. Hay quien respeta esa figura y la desarrolla con el espíritu para el que fue concebida, y hay quien la utiliza para actividades supuestamente ilícitas. Eso sí hay que perseguirlo.

-En el Ministerio de Transición Ecológica y en el Instituto para la Transición Justa (ITJ) no sabían que se extraía carbón en Asturias.

-Con la estrecha colaboración que había entre el ITJ, la consejería de Industria del Principado y la Dirección General de Minería, me cuesta mucho creer que el ITJ no supiese que se extraía carbón en Asturias.

-¿Ahora la vuelta de la minería de carbón está en riesgo?

-Por supuesto. Por eso digo que no conviene generalizar. Hay que tratar con tacto los proyectos y distinguir cuáles son viables, cuáles encajan normativa y legislativamente y cuáles no. No podemos perder de vista que estos proyectos están en territorios que tienen muy pocas esperanzas para construir un proyecto vital. Si existe un encaje normativo para una actividad, hay que permitir que, regulada y vigilada, genere empleo donde no hay alternativas.

-¿La transición energética está siendo lo justa que se prometió?

-Tiene luces y sombras. Con el cierre del carbón, la prioridad en las empresas privadas, muchas en concurso o liquidación, eran los trabajadores y darles cobertura. Además, crear una bolsa de empleo para actividades futuras. Pero esa actividad alternativa no llega. Han pasado ocho años y lo que hay es decepción. Incluso la restauración, con proyectos millonarios, no está cumpliendo las expectativas de los territorios. Puedo citarle el caso de Tormaleo, donde se hicieron compromisos con los vecinos para dejar posibles usos, básicamente turísticos, y hoy dicen que la zona está peor que antes de restaurarse. En resumen: hubo cobertura para los trabajadores, pero no se ha generado la actividad alternativa.

Los planes de acompañamiento que Naturgy e Iberdrola comprometieron con el Gobierno y los sindicatos brillan por su ausencia.

José Luis Alperi

— Secretario general del SOMA

-¿Y en el caso de las térmicas?

-La transición justa ligada al cierre de las centrales térmicas de carbón ha sido nefasta. Y da todavía más rabia cuando detrás hay gigantes como Naturgy e Iberdrola, con enormes beneficios económicos. Lo que van a dejar en Asturias son dos solares. Y, además, ahora resulta que son solares inundables, algo que no sucedía cuando cuando las centrales estaban en funcionamiento. Los planes de acompañamiento que Naturgy e Iberdrola comprometieron con el Gobierno y los sindicatos brillan por su ausencia.

-¿Quién tiene la responsabilidad de exigir el cumplimiento?

-Por un lado, el Ministerio debe reclamar que se cumpla lo firmado. Y por otro está la responsabilidad social de Naturgy e Iberdrola que, tras tantos años en Asturias, deberían tenerla con estos territorios.

-Denuncian que no hay segumiento del cumplimiento de lo acordado.

-La comisión de seguimiento del acuerdo de la minería debería reunirse cada seis meses. El último parón fue de 21 meses sin convocarse. El Gobierno ni siquiera cumple algo tan sencillo como reunir a la comisión. Así es como se va acumulando la decepción.

-¿Por qué sigue pendiente la reunión entre el Principado, la SEPI y los sindicatos sobre Hunosa?

-Lo tendrán que explicar la SEPI y Hunosa. La Consejería de Industria ha citado a los sindicatos y nos ha explicado parte de su hoja de ruta. Veo más preocupación en el consejero Borja Sánchez, que en la presidenta de la SEPI o en el presidente de Hunosa.

-¿Lo que está ocurriendo ahora con Hunosa es una anomalía?

-Desde que soy secretario general, sí. Y me consta que también con anterioridad. Nunca se había producido algo así.

-¿Sigue creyendo que el futuro de Hunosa está en entredicho?

-Sí. En este momento no tengo ningún argumento para pensar lo contrario.

Nunca se había producido una situación como la de ahora con Hunosa; ni desde que soy secretario general del SOMA, ni antes

José Luis Alperi

— Secretario general del SOMA

-¿Les informan de avances en la gestión de los permisos de La Pereda?

-Informa el Principado de Asturias. Me temo que el cierre de Hunosa por inacción sea una realidad. La piedra angular del futuro de Hunosa, que es la térmica de La Pereda, está cuestionada por el juzgado. Los proyectos de futuro no los está presentando la empresa, sino los sindicatos: centro de rescates, bombeo inverso, parque de energías renovables en San Nicolás, aprovechamiento de la red de calor de La Pereda, minihidráulica... Si la empresa no presenta proyectos y tampoco es capaz de acordar un plan estratégico de futuro, no parece que se vaya en la buena dirección.

-¿Se busca el cierre?

-Lo que hay es una falta de capacidad, tanto de la SEPI como de Hunosa, y una falta de consciencia del momento en el que estamos. Es el momento más delicado, pero también el más interesante. Tenemos una oportunidad, y me preocupa que no sean capaces de verla.

-Le pregunto directamente por Enrique Fernández, exconsejero de Industria y presidente de Hunosa. No se percibe mucha satisfacción del sindicato con su labor en ninguna área.

-A nosotros nos corresponde negociar e intentar aportar con cada presidente que haya en Hunosa. Pero nunca había visto una tutela de la SEPI como la actual, y eso quiere decir algo.

Hubo momentos en los que Enrique Fernández estuvo próximo al SOMA, claro que sí, pero el SOMA no se ha movido.

José Luis Alperi

— Secretario general del SOMA

-Enrique Fernández siempre se consideró históricamente una figura próxima al SOMA.

-Esa idea del SOMA viejo, SOMA nuevo, cercanos o lejanos, antes me preocupaba y ahora me produce cierta gracia. El SOMA es una herramienta necesaria en Asturias, con reivindicación sectorial y territorial y con compromiso político, pero sin aspiración política por parte de quienes estamos aquí. Soy secretario general desde 2013 y puedo decir que estamos en el mismo sitio desde hace años. Hubo momentos en los que Enrique Fernández estuvo próximo al SOMA, claro que sí, pero el SOMA no se ha movido.

-¿La sombra del SOMA es tan alargada o hay mucha leyenda?

-El SOMA lo forman personas comprometidas con lealtad y solidaridad hacia los territorios y los sectores que representamos. Además de la minería, hablamos de los sectores de energía, químico o alimentario. Como secretario generale espero dejar trabajo para Asturias y futuro para territorios que llevan de>masiado tiempo castigados.

-No me niegue que el sindicato sigue siendo un actor con peso en la FSA y el debate político…

-No lo niego. Tenemos opinión sindical y política, la discutimos, la razonamos y la defendemos como bloque. Y lo bueno es que no lo hacemos por una aspiración política personal. Nuestra prioridad es la labor sindical, aunque también creemos que es legítimo estar en el debate político. Lo que proponemos, además, son cuestiones de sentido común y de beneficio para Asturias.

-¿Cuánto le duele el «caso Villa»?

-Me dolía más de lo que me duele ahora, porque ya hemos sustanciado la primera parte, la del menoscabo del patrimonio sindical, que fue muy dolorosa. Nosotros decidimos que, para ganar credibilidad, había que poner orden en casa, y lo hicimos. Fuimos al juzgado con lo que creíamos que debíamos llevar y el juez nos ha dado la razón. Eso nos hizo ganar credibilidad. Luego está la parte relativa al Montepío, que me duele en dos planos. Por un lado, por el retraso en la resolución, porque el proyecto de mutualidad y residencia es vital para el Alto Aller: más de 200 residentes, más de 100 empleos y un efecto claro sobre los servicios de la zona. Y, por otro lado, por los comportamientos personales, aunque esos me duelen menos que lo relacionado con el sindicato. Lo que esperamos es que la Justicia resuelva pronto y que no se comprometa a la mutualidad.

-¿Cuándo habló por última vez con José ÁngelFernández Villa?

-(Largo silencio, hace memoria). Hace más de diez años.

-¿Sabe de su situación actual?

-No.

-¿Sigue enviando muchos mensajes a Pedro Sánchez?

-Algunos.

-¿Más de los que se envían desde el Principado?

-Yo sé lo que yo hablo con él, no lo que hablan otros.

Si los problemas entre el Principado y el Gobierno de España no se resuelven por la vía institucional, el partido debe tomar las riendas

José Luis Alperi

— Secretario general del SOMA

-Pues tal y como están las cosas con el Huerna no parece que haya mucho diálogo desde Asturias con Madrid...

-Me preocupa muchísimo esa sensación, o esa realidad, de falta de interlocución entre los gobiernos. Si realmente hay problemas que afectan a Asturias y no se resuelven por la vía institucional, el partido tiene que tomar las riendas. El Partido Socialista sustenta al Gobierno de Asturias y también al de España. Entre el partido en Asturias y a nivel federal tiene que haber debate, discusión y diálogo. No puede mantenerse esta situación. No entiendo que se haya llegado incluso a planearnos denunciar alGobierno de España. Si entre laFSA y la dirección federal del PSOE tampoco hay interlocución, entonces la preocupación sería todavía mayor.

-¿Qué visión tiene de lo que está sucediendo en el ámbito nacional?

-Hay un Gobierno progresista que está incomodando a muchos sectores. Han dolido los impuestos a las grandes energéticas, las medidas sociales, la garantía de las pensiones o la reforma laboral. Nosotros llevamos muchos años apostando por que Pedro Sánchez fuese presidente del Gobierno y lo seguimos haciendo, pese a todas las dificultades y a los comportamientos personales que tendrán que ser juzgados o dirimidos.

-Hablando de responsabilidades políticas, ¿no las tiene Pedro Sánchez por sus dos secretarios de Organización acusados?

-Creo que lo que ha hecho bien el partido es pedir que la Justicia actúe. A veces la leltad de las personas engaña; creo que para nada Pedro Sánchez pensaba en esa deselealtad o comportamientos de sus secretarios de Organización.

Conozco el proyecto de la mina de Salave y me da pena que no salga adelante

José Luis Alperi

— Secretario general del SOMA

-Defiende el proyecto de la mina de Salave.

-La normativa medioambiental asturiana es muy exigente y la respuesta al proyecto ha de ser con normativa y legislación. Nosotros seguimos apostando por Salave porque creemos que es medioambientalmente sostenible y que puede generar actividad en una zona donde el empleo industrial sería un elemento tractor. Conozco el proyecto y me da pena que no salga adelante, porque además lleva aparejadas otras cuestiones, como vivienda o mejora de servicios públicos para atraer población. Creo que hace falta tiempo para seguir convenciendo.

-Muchos se preguntarán dónde esá la fortaleza del SOMA una vez cerradas las minas...

-En sectores como el agroalimentario, el energético o el químico. Ahora mismo tenemos encima de la mesa proyectos en Saint-Gobain, como la descarbonización de la factoría de Avilés, el posible bombeo reversible de Soto de la Barca, los procesos de fusión o compraventa en DuPont, y también el reto de las industrias agroalimentarias, con asuntos pendientes en Nestlé, Central Lechera o Reny Picot. Seguimos aquí por vocación, defendiendo a los trabajadores y a los territorios..

-¿Se despeja el futuro de Ence?

-Hay un punto de inflexión tras la última negociación y con el anuncio de una inversión importante en una fábrica de embalajes junto a la factoría. Hay preocupación por el mercado de Estados Unidos, porque la celulosa que no entre allí va a venir a Europa. En ese escenario, las empresas europeas que sean innovadoras y ejecuten rápido sus proyectos tendrán mucho ganado. Si Ence es capaz de ser pionera, tendrá futuro.

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