Mil asturianos tendrán que devolver cantidades por cobros indebidos del salario social y en algunos casos serán grandes sumas

No quiere dar su nombre. Dice que entre la sociedad quienes como ella se ven obligados a solicitar ayuda a la administración son considerados como "los de las paguitas". Aunque este término dista mucho de la realidad. En su caso, se quedó viuda con tan solo 33 años y una hija de 10. El día que tuvo que solicitar el salario social básico no pudo contener las lágrimas. Actualmente, la Consejería de Derechos Sociales le reclama 21.000 euros por cobros indebidos.

Su caso no es el único en Asturias, la Asociación Alambique estima que hay más de un millar de personas afectadas y ha llevado esta problemática hasta el Defensor del Pueblo, consiguiendo que la institución plantee al Principado que reforme el procedimiento estableciendo un plazo máximo a partir del cual no puedan exigirse las cuantías percibidas indebidamente (ahora se sitúa en 4 años). "Hemos visto deudas de hasta 30.000 euros", cuentan en la organización.

El Gobierno asturiano tiene la potestad de solicitar el reintegro de esta ayuda cuando se percibió sincumplir los requisitos, se reciben otras prestaciones incompatibles o mejora la situación económica del beneficiario. Y ahí es donde empiezan los problemas.

La administración tiene tres meses para responder cuando un beneficiario le notifica un cambio en sus circunstancias. Por ejemplo, que ha encontrado un trabajo o que ha solicitado otra prestación. Sin embargo, según explican desde Alambique, "en Asturias hasta los cuatros años, que es el periodo por el que pueden reclamar, no los revisan". Por tanto, aunque las personas que reciben la ayuda notifiquen en tiempo y forma cualquier variación de su situación personal, sus expedientes no son revisados en el plazo establecido. De ahí, "que ahora estén reclamando cuantías tan elevadas".

Esta dilación burocrática por parte del Principado afecta, principalmente, a quienes por consejo de los servicios sociales municipales solicitaron también el Ingreso Mínimo Vital (IMV) cuando este se implantó hace ya seis años. Aunque ambas ayudas son compatibles, la petición de la prestación estatal debía ir acompañada por la correspondiente actualización de la cuantía autonómica, algo que en muchos casos no se produjo.

Detrás de estos expedientes hay historias de precariedad, de momentos en los que la vida golpea demasiado fuerte y sin previo aviso. "Existe el pensamiento generalizado de que vivimos de las paguitas, pero no es cierto. No a todos nos acompañó la suerte en la vida. Hay gente enferma, gente muy necesitada... Y esto es una ayuda para vivir", defienden. Sin embargo, esta ayuda se ha convertido para muchos es su peor pesadilla. LA NUEVA ESPAÑA ha recopilado diversos testimonios, todos ellos ánimos.

"Trabajé toda mi vida. Estuve en la misma empresa ocho años y cuando dije que estaba embarazada a las dos semanas me encontré en la calle", narra esta vecina de Piedras Blancas. A punto de dar a luz, encontrar un nuevo trabajo fue tarea imposible. Y la situación se volvió aún más complicada cuando le comunicaron que su hija tenía "muchos problemas de salud". Vivió del paro hasta que sus padres tuvieron que echarle una mano. Entre 2017 y 2018 decidió solicitar el salario social básico. Solo dos años después, en febrero de 2019, consiguió un nuevo empleo.

Lo notificó hasta en 28 ocasiones por correo, más numerosas llamadas. Los tres meses que tiene la administración para contestar pasaron, nunca recibió respuesta. "Pensé que ya no me iban a reclamar nada", reconoce. Ahora le piden 25.000 euros y su hija, que ya tiene 13 años, lleva todo el curso sin poder acudir a parte de sus terapias porque "no puedo pagar". "Estoy pagando más por el salario (435 euros al mes) que de hipoteca", cuenta. El 6 de junio tiene el juicio contra el Principado.

Gijonesa. La cuantía que le exige el Principado asciende a más de 20.000 euros, a pesar de que cada vez que consiguió un trabajo lo notificó correctamente. En enero estuvo ingresada durante semanas, los médicos no saben decirle cuál es exactamente su enfermedad, pero ya le han avisado de que probablemente no pueda volver a trabajar. Ha enviado varias alegaciones para intentar que estudien su caso, ha conseguido que le dejen pagar en 60 meses. Paga 600 euros de hipoteca, y casi 500 de deuda al Principado.

Otro caso, un padre soltero. Cobraba el salario social y una pensión por minusvalía. Hace seis años se quedó con la patria potestad de su hija. Le reclaman 10.500 euros. "Llevo cinco operaciones de espalda en este periodo, y no puedo estar pensando en que tengo que paga este dinero. Es una situación que mentalmente te abrasa", asegura. Otra madre soltera: vive con su hija de 7 años y la cuantía que paga mensualmente al Principado supera la ayuda que recibe de su expareja. En su caso, deberá devolver 12.000; además de perder otras prestaciones que podrían ayudarle en la crianza de la menor, como la ayuda al comedor.

Más reclamaciones. De entre 15.000 euros y 24.000 euros. Y eso sin contar los intereses. "Si al primer aviso no contestas, te ponen un recargo de 3.000 euros. Y el pago fraccionado va con un interés de, 4,026", cuentan. "Sientes impotencia y rabia. Nosotros lo hemos hecho todo bien, ¿por qué la administración no?".

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