Así será el recurso de Asturias ante el Supremo por el Huerna: incluirá dos precedentes que le son favorables

El Gobierno regional (PSOE e IU) prepara ya el recurso que presentará ante el Tribunal Supremo para intentar tumbar la concesión de la autopista del Huerna (AP-66), que la Comisión Europea considera irregular, y que el Ejecutivo de Pedro Sánchez justifica.

El Principado, que el jueves consensuará su postura con los miembros de la Alianza por las Infraestructuras, tiene previsto incluir en su argumentación jurídica los precedentes que le son más favorables en su lucha por anular la concesión.

Es seguro que en el razonamiento que Asturias presente al alto tribunal habrá al menos dos casos recientes: el peaje de Adanero, que tuvo que acortarse siete años tras una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y el de la autopista A-12 Livorno-Civitavecchia (Italia), cuya concesión también fue declarada ilegal por la justicia europea, aunque el conflicto en este caso sigue abierto.

Asturias acude optimista al Supremo, al considerar la posición del Principado atada en lo jurídico, y cree que la concesión podría tumbarse en “meses o pocos años”. La baza principal es la posición férrea de la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la Unión Europea, que considera ilegal la concesión que se prorrogó desde el año 2021 hasta el 2050, al no haber habido concurso público y al haber tenido lugar la privatización de Aucalsa, la concesionaria, solo tres años después de la citada operación.

“El dictamen de la Comisión Europea de julio de 2025 establece con claridad que la prórroga de la concesión se produjo sin licitación pública y en vulneración de principios esenciales del Derecho de la Unión, como la transparencia, la igualdad y la concurrencia. No es una cuestión interpretativa. Es una cuestión de legalidad”, razona el consejero de Movilidad Alejandro Calvo, que cree que el dictamen “ha permitido situar una reivindicación histórica de Asturias en un marco jurídico sólido”.

La demanda de Asturias, según fuentes cercanas, recordará el precedente del peaje de Adanero, en el tramo Villalba-Adanero de la A-6 (el túnel de Guadarrama). La prórroga del tramo Adanero-Villalba, que puso en marcha en 2000 el entonces ministro de Fomento, Rafael Arias-Salgado, acabó en Bruselas.

La situación guarda similitudes con el peaje del Huerna. En el caso de Adanero, el Ministerio puso en marcha varias actuaciones en 1999 en varias autopistas y estableció una concesión por un periodo de entre 32 y 37 años a un peaje que debía expirar en 2018. De este modo, el tramo Adanero-Villalba pasaría a ser de pago hasta 2031 o 2036, dependiendo de los ingresos de la adjudicataria, Ibérica de Autopistas.

Una denuncia de Comisiones Obreras y de Centaurea, grupo ecologista, llevó el caso a Bruselas, apuntando a discrepancias entre los pliegos de contratación españoles y los europeos. La Comisión inició el proceso en 2001, envió un dictamen motivado en 2002 y llevó el caso al Tribunal en 2005. Cinco años después, una sentencia estableció que la ampliación de la concesión era ilegal. El Ministerio tuvo que negociar con la concesionaria y en 2012 se acordó que el peaje se liberaría en 2029 en vez de 2036, siete años antes de lo previsto. El proceso, desde su inicio en Europa hasta la sentencia, duró nueve años. En el caso del Huerna, ya han transcurrido casi cinco. Como el Gobierno de Pedro Sánchez anunció que no ampliaría los peajes cuyas concesiones vayan expirando, el de Adanero, con influencia en el trayecto Madrid-Asturias (15,70 euros), desaparecerá.

El otro precedente que Asturias prevé invocar es el de la autopista A-12 Livorno-Civitavecchia, en Italia. En este caso, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluyó en 2019 que la prórroga de la concesión se había realizado sin concurso público, en contra del Derecho comunitario. Posteriormente, la Comisión Europea abrió varios procedimientos contra la República Italiana al considerar que Italia no había corregido la situación. Aunque el modelo sigue en revisión, (hay tramos en los que no se paga y otros en los que sí), la Justicia dejó claro que la concesión era irregular.

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