El Principado descarta condonar las deudas del salario social, pero mejorará su tramitación para no penalizar "a los más vulnerables"

El Gobierno de Asturias modificará el procedimiento de devolución de los cobros indebidos del salario social básico para evitar que "penalice a las personas más vulnerables", aunque descarta condonar las deudas que existen. "Somos conscientes de que los plazos que la administración tiene para reclamar los cobros indebidos son largos y penaliza a determinadas personas. Por ello, desde el Gobierno, sensibles con la situación, estamos trabajando en un decreto que va a modificar el procedimiento", anunció ayer la consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco.

Los beneficiarios de la prestación regional denuncian que la administración puede tardar años en revisar los expedientes, a pesar de que los usuarios cumplan con su obligación de comunicar cualquier cambio en sus circunstancias que pueda llevar a una reducción, o incluso paralización, de los pagos. Esto provoca que las cuantías que se reclaman sean muy elevadas, alcanzado en algunos casos hasta los 30.000 euros.

La Asociación Alambique llevó recientemente esta problemática hasta el Defensor del Pueblo, cuya resolución plantea precisamente una reforma del procedimiento de reintegro del salario social básico cuando el error o la demora sea imputable a la Administración, estableciendo un plazo máximo a partir del cual no puedan exigirse las cuantías percibidas indebidamente.

No obstante, los objetivos del colectivo vas más allá. Recientemente iniciaron una recogida de firmas para exigir, entre otras acciones, que se paralicen las reclamaciones de los cobros indebidos siempre y cuando la persona beneficiaria hubiese notificado a tiempo los cambios y esté en situación de vulnerabilidad. Además, piden que se dejen de concebir sus derechos como "malos préstamos con intereses", teniendo que devolverlos con posterioridad, ya que se les "condena a una situación de carencia de recursos permanente".

La petición de la asociación de que se condonen los pagos de las deudas ha sido rechazada por el Principado, aunque el decreto que está elaborando la Consejería de Derechos Sociales será presentando antes de su tramitación a los colectivos de afectados con intención de recabar su valoración y sus propuestas. "No me atrevo nunca a hablar de plazos, pero el compromiso por parte del Gobierno es hacerlo a la mayor brevedad", aseguró Del Arco.

La consejera también analizó la situación de las técnicas en cuidados auxiliares de enfermería (TCAEs) del servicio de Salud y de las residencias de ancianos de Asturias que se manifestaron el sábado para reivindicar que se les encuadre en la categoría profesional que les corresponde. Su reclamación es "de competencia estatal", aunque desde el Principado se ha convocado al colectivo a una reunión. Este encuentro servirá para "recoger cuáles son sus demandas y en la medida de lo posible trasladarlas o intercambiar con ellas pareceres".

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