Tomé, junto a Somos, ofrece una asesoría gratuita a inquilinos

El Grupo Parlamentario Mixto-Covadonga Tomé, junto a Somos Asturies, ofrece una asesoría legal gratuita para inquilinos e inquilinas sobre sus derechos ante la prórroga del alquiler. Se trata de una medida recogida en el Real Decreto-Ley 8/2026 de Medidas Urgentes en materia de vivienda y alquiler y a la que podrán acogerse, en algunos casos concretos, durante un plazo aproximado de un mes.

El objetivo de esta medida, según apuntó Tomé, es "ofrecer apoyo útil, inmediato y accesible a quienes atraviesan una situación de incertidumbre habitacional". "Sabemos que hay muchísimos asturianos y asturianas que viven sin saber si les van a renovar el contrato, si les van a subir el alquiler o si pueden acogerse a esta prórroga", explicó la parlamentaria. Y añadió que "también sabemos que esa desinformación juega en favor de quienes convierten la vivienda en un negocio y alimentan la especulación con un derecho fundamental".

La atención presencial, abierta a todas las personas interesadas y totalmente gratuita, será de martes a viernes en horario de tarde (de 16.00 a 20.00 horas), en la Oficina Parlamentaria (Plaza Juan XXIII, número 2, bajo) .

Desde Somos Asturies subrayan que esta medida forma parte de "una línea política sostenida desde el inicio de la legislatura. El acceso a la vivienda ha sido uno de los pilares del trabajo impulsado por Tomé y su equipo, tanto en la iniciativa parlamentaria como en la acción política; con una defensa constante de la vivienda como derecho". Esta nueva asesoría gratuita pretende poner recursos concretos al servicio de la gente frente a la precariedad, la especulación y la inseguridad residencial.

Además de denunciar el impacto de la subida de precios y la dificultad creciente para acceder o mantenerse en una vivienda, el Grupo Parlamentario y Somos Asturies han venido insistiendo durante toda la legislatura en la necesidad de reforzar la protección pública, ampliar los derechos de las personas inquilinas y frenar dinámicas que expulsan a la ciudadanía del mercado residencial —como es el caso de la proliferación de pisos turísticos—.

XULIÁN TOMÁS FERNÁNDEZ, ABOGADO

"Los inquilinos han de defender sus derechos frente a la incertidumbre"

"Esta asesoría gratuita es clave, pues la mayoría de arrendatarios no ejerce sus derechos porque no los conoce"

Xulián Tomás Fernández (Xixón, 1998) es el abogado que se encarga del asesoramiento gratuito que ha puesto en marcha el Grupo Parlamentario Mixto-Covadonga Tomé para ayudar a los inquilinos e inquilinas que quieran solicitar la prórroga del alquiler. Tomás Fernández es Graduado en Derecho por la Universidad de Oviedo, Máster de Abogacía por la ICAG y está colegiado por el Colegio de Abogados de Gijón.

¿Qué es exactamente la prórroga del alquiler recogida en el Real Decreto-Ley 8/2026 y en qué casos puede aplicarse?

La prórroga del alquiler es una medida extraordinaria que permite a los inquilinos extender su contrato de arrendamiento por plazos anuales, hasta un máximo de dos años adicionales, manteniendo exactamente los mismos términos y condiciones del contrato actual. Además, durante este periodo, la actualización anual de la renta queda limitada a un máximo del 2%.

Para poder solicitarla debes reunir los siguientes requisitos: el primero, tener un contrato de alquiler de vivienda de larga duración —este decreto no es aplicable para arrendamientos de habitación, ni temporales—. También, no haber acordado otras condiciones, pactos o haber suscrito un nuevo contrato de arrendamiento, antes de haber solicitado esta prórroga. Solo podrás solicitar esta prórroga si tu contrato finaliza entre el 22 de marzo y el 31 de diciembre de 2027. Por último, debes enviar la solicitud a tu casero antes del 6 de mayo de 2026, fecha en la cual se hará la votación para la convalidación de este Real Decreto-ley.Para dar prueba de comunicación, estamos recomendando en la asesoría del Grupo Mixto-Covadonga Tomé entregar la solicitud de prórroga por burofax con acuse de recibo y certificación de contenido. Se puede enviar este tipo de burofax a través de las oficinas de Correos o la web Notificad@s.

¿Qué dudas son las más frecuentes que os están trasladando los inquilinos e inquilinas desde que se puso en marcha esta asesoría?

La duda principal es qué ocurrirá si este Real Decreto Ley no consigue votos suficientes para ser convalidado en el Congreso de los Diputados. La respuesta no es sencilla. No podemos ver el futuro, aunque presumiblemente la mayoría del Congreso votará en contra, por lo que la vigencia de la norma a posteriori va a ser discutida en tribunales. Ante esta incertidumbre, mi consejo es que los inquilinos se curen en salud y envíen la solicitud igualmente.

¿Hasta qué punto cree que la desinformación está influyendo en que muchas personas no ejerzan sus derechos en materia de vivienda?

Nadie puede ejercer sus derechos si no los conoce. Yo invito a los inquilinos a adelantarse e informarse de sus derechos sin necesidad de tener un problema con sus caseros. Actualmente, vemos por doquier organizaciones como el Sindicatu Vivienda d’Asturies que pueden ayudarlos. Y el Grupo Parlamentario de Covadonga Tomé, con Somos Asturies, ha entendido la preocupación popular y por eso están prestando esta asesoría.

¿Detectáis prácticas abusivas o intentos de sortear la normativa por parte de algunos propietarios o intermediarios?

En las últimas semanas se está registrando una oleada de notificaciones por parte de arrendadores que activan la cláusula del artículo 9.3 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Traducido a un lenguaje más sencillo: se trata de un mecanismo legal que permite al propietario poner fin al contrato de alquiler con un preaviso de dos meses si necesita la vivienda para sí mismo o para determinados familiares, siempre en circunstancias justificadas.

Esta posibilidad está recogida como excepción dentro del Real Decreto-ley 8/2026 y, en principio, responde a una lógica razonable, pero también puede dar lugar a usos indebidos. La propia ley establece un límite claro: si, una vez extinguido el contrato, el propietario no puede demostrar que ha pasado a residir efectivamente en la vivienda en un plazo de tres meses, el antiguo inquilino dispone de 30 días para reclamar. En ese caso, puede solicitar tanto la recuperación del contrato de alquiler como una indemnización.

Más allá de la falta de información a los inquilinos e inquilinas, ¿cuáles diría que son las debilidades del sistema de protección a los arrendatarios en Asturies?

Actualmente la principal debilidad de muchos inquilinos es la asimetría en la situación jurídica y vital respecto de sus caseros, máxime cuando es el caso de grandes tenedores que disponen de multitud de recursos y tiempo para “pelear”. A esto debemos sumarle un sistema de justicia colapsado, con falta de medios personales e infrafinanciado. Si la justicia es lenta, no es justicia. Esta situación ha llegado a un punto crítico cuando parte de la clase política parece haber normalizado el uso de empresas de desokupación para amedrentar y extorsionar a los inquilinos. Las discrepancias contractuales entre las partes siempre deberían ser resueltas mediante negociación o en los juzgados. Un estado de derecho no ha de avalar “la ley de la selva”.

¿Qué importancia tiene que existan iniciativas como esta, desde lo público o desde la política, para hacer frente a la precariedad y la inseguridad residencial?

Iniciativas como esta muestran que estamos viviendo un cambio social. El Grupo Parlamentario Mixto-Covadonga Tomé, que trabaja junto a Somos Asturies, ha escuchado un clamor popular que reclama protección frente a un mercado de vivienda fagocitado por los intereses especulativos. El acceso a la vivienda es la principal preocupación de la clase trabajadora. Todos los políticos que se dicen progresistas harían bien en seguir este ejemplo y sumarse a iniciativas que garanticen definitivamente el acceso a viviendas asequibles para toda la ciudadanía.