¿Qué dice la Comisión Europea sobre el peaje del Huerna? El expediente para anular el pago "sigue adelante"

La Comisión Europea mantiene su intención de llevar el expediente abierto sobre el peaje de la autopista del Huerna (AP-66) al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que podría derivar en su anulación si no se alcanza una “solución” —en términos de Bruselas— en torno a una concesión ampliada hasta 2050 que el Ejecutivo comunitario considera irregular.

“Seguimos adelante, nada ha cambiado. Estamos intercambiando documentación con el Gobierno español”, aseguran fuentes comunitarias conocedoras del proceso. La posición de la Comisión, que exige a España explicaciones por la ampliación de la AP-66 y también de la AP-9 gallega, es clara: si el Estado no admite que la prórroga fue irregular y, en consecuencia, adopta medidas compensatorias, el expediente acabará en la Justicia europea.

El Ministerio de Transportes guarda silencio sobre el procedimiento, amparándose en su confidencialidad, aunque hasta ahora ha defendido la ampliación aprobada durante el Gobierno de José María Aznar (PP), con Francisco Álvarez-Cascos como vicepresidente primero.

El francés Stéphane Séjourné, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea y responsable de Prosperidad y Estrategia Industrial, es el encargado del expediente del Huerna, al recaer en su cartera las competencias sobre el Mercado Interior. De él depende el desarrollo del procedimiento.

La Comisión ya ha dejado claro que considera ilegal la ampliación de la concesión al no haberse sometido a concurso público. Además, apunta a que uno de los motivos de la prórroga fue incrementar el valor de la privatización de Aucalsa, la concesionaria, que pertenecía al Estado cuando se amplió la concesión y que, tres años después, en 2003, pasó a manos privadas. Según Bruselas, el Gobierno ya tenía decidido vender Aucalsa cuando aprobó la prórroga, lo que permitió revalorizar la concesión al ampliar su duración y venderla a un precio más elevado.

La Comisión no fija plazos en este procedimiento, pero sus posiciones parecen muy alejadas de las del Ministerio de Transportes, dirigido por el socialista Óscar Puente. Desde el departamento sostienen que Bruselas “no considera ilegal la concesión”, apoyándose en que el procedimiento sigue abierto y en que no existe, por ahora, una resolución judicial. Sin embargo, la Comisión ha reiterado en todos sus escritos —dos cartas de emplazamiento y un dictamen motivado— que la prórroga fue irregular. Tras este último paso, el siguiente estadio es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El Gobierno asturiano, de forma paralela a su estrategia judicial —con un recurso ante el Tribunal Supremo—, ha ido tendiendo puentes con las instituciones europeas, al tiempo que se deterioraban las relaciones con el Ejecutivo central. Adrián Barbón conoció personalmente a Séjourné en Estrasburgo, en la sede del Parlamento Europeo, y el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, acudió a Madrid, donde pudo conversar brevemente con él en un acto. El Principado mantiene informada a la Comisión de sus movimientos, aunque estos no están directamente vinculados con el expediente comunitario.

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