La FSA no ve responsabilidad de exaltos cargos en el accidente de Cerredo y pide alejarlo "del apaño político o el interés electoralista"
La ejecutiva del partido, reunida de urgencia y con Barbón en México, recalca que el accidente se produjo "en una explotación ilegal" y que la única responsabilidad directa corresponde a la empresa

Luis Ramón Fernández Huerga, secretario de Organización de la FSA. / Vicente Montes

La Ejecutiva de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE), reunida de urgencia, cierra filas en torno a la actuación del Gobierno del Principado relativa al accidente minero de Cerredo, en el que fallecieron cico trabajadores. Los socialistas, en un encuentro al que no asistió el secretario general del partido, Adrián Barbón (en viaje oficial como presidente en México), rechaza de forma tajante la existencia de posibles "responsabilidades políticas" derivadas del accidente, como sí señala el borrador del dictamen de la comisión de investigación parlamentaria y han apuntado todos los partidos e incluso dirigentes socialistas.
La dirección autonómica del partido ha analizado la propuesta de dictamen de la comisión de investigación y ha defendido que los hechos conocidos "no justifican la atribución de responsabilidades personales, técnicas ni políticas". La posición coincide con la expresada por el portavoz del Ejecutivo, Guillermo Peláez, y de la que el socio del Gobierno, Izquierda Unida, se ha desvinculado.
Los socialistas, a través de una nota de prensa, subrayan que la explosión se produjo en una explotación ilegal de carbón, donde la empresa implicada operana "sin permiso administrativo que amparase su actividad”. En este sentido, sitúan el foco en la vía judicial, "que será la encargada de determinar las posibles responsabilidades penales". Para la FSA, la “única responsabilidad directa” es la de la empresa, a la que acusan de vulnerar la ley en busca de "beneficio económico".
El partido mayoritario del Ejecutivo autonómico insiste además en que "ni el informe de la Inspección General de Servicios ni el borrador de dictamen establecen una relación de causa-efecto entre la actuación de la Administración y el accidente". Al contrario, defienden que el Gobierno actuó desde el primer momento con un “firme compromiso con la investigación y la búsqueda de la verdad”, del que sitúan como principal exponente el citado informe interno, asumido “en su totalidad” por el Principado.
Con todo, la FSA-PSOE eleva el tono al advertir de un uso partidista de la tragedia. En su posición oficial, acusa a la oposición de intentar “distorsionar” la investigación con fines electoralistas y apela al “respeto a las víctimas y sus familias” para evitar lo que califica como “apaños políticos”. “El interés político jamás puede justificar que se diluyan o enmascaren las causas objetivas del accidente”, concluyen los socialistas.sa
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