El PP ve “evidente” la responsabilidad de los exconsejeros y Vox pide que dimita el presidente Barbón

PP y Vox han coincidido en exigir responsabilidades políticas por el caso Cerredo y en situar al presidente del Principado, Adrián Barbón, en el centro de sus críticas, aunque con matices en el alcance de sus valoraciones.

El diputado del PP Rafael Alonso ha afirmado que la presentación del borrador por parte de Covadonga Tomé abre “una nueva fase” en los trabajos de la comisión, pero recordó que la propia diputada votó en contra de su reapertura tras el informe de la Inspección General de Servicios. El representante del PP sostuvo que el documento requiere una valoración “sosegada”.

Pese a esa cautela, el diputado popular subrayó que la exigencia de responsabilidades políticas lleva días sobre la mesa y reprochó a Barbón que siga sin reconocer ninguna en el seno de su Gobierno. A su juicio, resulta “evidente” la responsabilidad política de exconsejeros y altos cargos que ocupaban responsabilidades mientras, según denunció, funcionó "un mecanismo que permitió a una empresa realizar una extracción ilegal de carbón" que derivó en el accidente investigado en el Juzgado de Cangas del Narcea.

Cauces distintos

El parlamentario popular defendió que la responsabilidad penal y la política discurren por cauces distintos y sostuvo que nada impide al presidente del Principado asumir ya consecuencias en el plano político. En ese sentido, planteó que Barbón debería promover "la salida de quienes ocupan actualmente cargos públicos" y, según el PP, arrastran responsabilidad por unos hechos de especial gravedad.

Alonso avanzó además que su grupo estudiará el borrador y, si lo considera necesario, presentará alegaciones sobre el alcance de las responsabilidades políticas y de las recomendaciones recogidas en el dictamen. También acusó a Covadonga Tomé de seguir, en este asunto, la línea marcada por Barbón en la delimitación de esas responsabilidades.

Vox pide la dimisión de Barbón

Vox fue más allá en su valoración del informe provisional. El diputado Gonzalo Centeno aseguró que el documento presentado por la presidenta de la comisión recoge “líneas generales” y al menos 17 responsabilidades, entre ellas siete responsables concretos que, según dijo, coinciden con lo que su partido había denunciado en comparecencias y ruedas de prensa previas.

El diputado sostuvo que la responsabilidad penal recaerá en las empresas y en las personas implicadas, pero defendió que los hechos "no se habrían producido sin la actuación, al menos culposa, de la Consejería de Industria y de la Dirección General de Minas". En su argumentación, insistió en que la actividad minera no puede desarrollarse sin autorización ni supervisión de la Administración, al tratarse de bienes de dominio público.

Centeno vinculó esa cadena de fallos a una responsabilidad política de carácter estructural y afirmó que, cuando no falla un funcionario aislado sino órganos completos de la Administración y varios consejeros sucesivos, "la responsabilidad recae en quien los nombra y mantiene esa situación". A partir de esa premisa, reclamó la dimisión del presidente Adrián Barbón, quien estos días se encuentra en viaje institucional en México.

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