El Principado aplazará y fraccionará las deudas por el salario social

El decreto para aliviar la carga que más de un millar de asturianos tienen sobre los hombros a causa de la reclamación que el Principado les hace por cobros indebidos del salario social planteará dos medidas claras: aplazamiento y fraccionamiento de la deuda. Las propuestas que el Gobierno regional tiene actualmente sobre la mesa no contemplan la condenación del pago, puesto que esto podría ser complicado jurídicamente, pero sí buscan reducir el impacto que estos puedan tener en "las personas más vulnerables".

"El Gobierno es consciente de la situación de enorme incertidumbre que ha generado la propia actividad administrativa en un colectivo especialmente vulnerable, como son aquellos perceptores del ingreso mínimo vital. Y por ello vamos a ver cómo solucionamos", explicó ayer el portavoz del Ejecutivo y consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, tras la reunión del Consejo de Gobierno.

La Consejería de Derechos Sociales y la de Hacienda comenzaron a trabajar hace más de una semana en la propuesta y su objetivo es tenerla a la mayor brevedad, para presentársela a los colectivos afectados (con los que se reunirán el 30 de abril) antes de iniciar su tramitación. Entre los debates deberá estar si la medida, que tratará de abordar el problema con "la mayor sensibilidad para lograr que esa incertidumbre generada sea la mínima y imprescindible", tiene carácter retroactivo y beneficia a quienes ya están devolviendo la deuda que tienen con el Principado. En algunos casos las cuantías ascienden a 30.000 euros.

Sobre el origen de estos cobros indebidos, Peláez explicó que "la ley del Ingreso Mínimo Vital establece que las prestaciones autonómicas tienen el carácter de subsidiario". Es decir, en el momento que entra en vigor la ayuda estatal, la autonómica debería desaparecer. Sin embargo, la propia normativa establece, a su vez, "que se mantenga la percepción del salario social hasta que se le reconozca al beneficiario el ingreso mínimo vital, para que no dejen de percibir ingresos recurrentes porque estamos hablando de colectivos vulnerables".

Por tanto, explicó el consejero, "cobraron el salario social básico y, posteriormente, cuando se produjo el reconocimiento del ingreso mínimo vital, se les pagó con carácter retroactivo desde el momento de la concesión. Con lo cual generó ese pago duplicado que ahora se reclama". "Somos perfectamente conscientes de la situación y muy sensibles con un colectivo especialmente vulnerable por la situación en la que se han quedado como consecuencia de la actividad administrativa y, por tanto, tomaremos las medidas necesarias para aliviar esa incertidumbre", concluyó Peláez

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